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MEXICO - Amnistía Internacional pide fin a violaciones a los derechos humanos en Oaxaca

Adital

Viernes 3 de agosto de 2007, puesto en línea por Manuela Garza Ascencio

Adital - Amnistía Internacional, en comunicado, llama atención para la situación de Oaxaca y pide que las autoridades Estatales y Federales actúen inmediatamente para poner fin a las violaciones de derechos humanos. La conclusión es de la secretaria general de AI, Irene Khan, luego de su visita a Oaxaca. «La forma en la que se ha respondido a la tensión ocurrida en Oaxaca es una prueba para el nuevo México», señala Khan.

Para la entidad, Oaxaca es un ejemplo de muchos de los viejos problemas de derechos humanos que continúan sin resolverse en México. Pese el reconocimiento de la participación de personas que cometieron crímenes en las protestas, la organización cree que los esfuerzos por parte de las autoridades en presentar como criminales y subversivas a todas las personas que simpatizan con quienes participaron en las protestas no son más que una táctica para evadir toda responsabilidad para realizar investigaciones.

En visita a la región, la delegación de AI se reunió con organizaciones locales de derechos humanos y personas sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos. «La reunión con las autoridades estatales fue decepcionante. El Gobernador y sus colegas se negaron a reconocer la existencia de serias violaciones a los derechos humanos» dijo Irene Khan.

Irene Khan también presentó públicamente un documento en el cual se resaltan casos emblemáticos que evidencian las violaciones cometidas y el fracaso de las autoridades para garantizar algunos de los más básicos derechos: como el derecho a la vida, a no recibir torturas y el acceso a la justicia y reparaciones (integrales). El informe es un paso crucial (y determinante) para acabar con la actual crisis.

El informe «Oaxaca: Clamor por justicia» concluye que las detenciones llevadas a cabo durante las protestas fueron realizadas de manera arbitraria, con sospechosos detenidos bajo régimen de incomunicación, denegando su acceso a una adecuada asistencia legal evidenciando que la persecución penal fue basada en declaraciones no corroboradas durante el proceso de detención por parte de autoridades policiales. La organización ha recibido numerosas denuncias de malos tratos y torturas. Se ha denunciado también que policías vestidos de civil han sido responsables de muchos de los abusos.

Amnistía Internacional solicita al Gobernador Ulises Ruiz que establezca un mecanismo creíble para llevar a cabo investigaciones rápidas de acuerdo a los estándares internacionales; suspenda el servicio a todas las personas responsables de hacer cumplir la ley implicadas en violaciones a los derechos humanos hasta el resultado de las investigaciones; asegure que todas aquellas personas responsables de cometer violaciones sean llevadas ante la justicia y que las víctimas reciban una reparación integral, incluyendo la atención médica y terapéutica necesaria.

Además, el organismo quiere que sea realizada una reforma policial inmediata acorde a los estándares internacionales de los códigos de conducta y uso de la fuerza, incluyendo la incorporación de estrictas reglas en torno al uso de uniformes, insignias de identificación y vehículos provistos de identificaciones y placas numeradas. El gobernador debe también asegurar que aquellas personas detenidas y llevadas a juicio reciban un juicio justo y acorde a los estándares internacionales y que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuenten con las garantías necesarias para llevar adelante sus actividades sin ninguna restricción o miedo a represalias.

«Considerando la falta de mecanismos creíbles en el Estado para llevar a cabo una investigación sobre las violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional toma nota de la decisión de la Suprema Corte Nacional para investigar los eventos de Oaxaca, y apela a esta Corte para que sean establecidos de forma rápida los procedimientos necesarios para avanzar con la investigación de estos eventos de manera que se asegure un resultado imparcial, claro e independiente, basado en los estándares internacionales de derechos humanos», finaliza.

Las protestas solicitando la demisión del gobernador estallaron en junio de 2006. La agitación política continuó hasta 2007 y provocó una amplia crisis de seguridad pública. Al menos 18 personas murieron en circunstancias controvertidas y decenas fueron detenidas de forma arbitraria y recluidas en régimen de incomunicación.


http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=28839

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