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PERÚ - La justicia tarda

Javier Diez Canseco, La República

Jueves 3 de enero de 2008, puesto en línea por Javier Diez Canseco

31 de diciembre de 2007 - La República - Dicen que la justicia tarda, pero llega; que se puede ocultar la verdad un tiempo, pero no todo el tiempo. Parece ser cierto, si nos guiamos por la denuncia de la jueza italiana Luisianna Figliola, que ha reabierto la investigación de la detención–desaparición, tortura y asesinato de 25 ciudadanos italianos en aplicación del Plan Cóndor, pactado entre FFAA sudamericanas en las décadas del 70 y 80. Ha abierto proceso a Jefes de Estado, ministros y jefes militares de la región, incluyendo a los generales Francisco Morales Bermúdez y Pedro Richter Prada del Perú por el secuestro hace casi 28 años y posterior asesinato en manos de militares argentinos, de 4 personas.

La Operación Cóndor ha sido motivo de libros de periodistas e investigadores, evidenciada en informes secretos desclasificados del gobierno estadounidense y de las FFAA argentinas, denunciada en artículos de prensa en España, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú hace décadas, denunciada por organismos de DDHH y fue parte del proceso que enfrentó el dictador chileno Pinochet en Londres por denuncia del juez Baltasar Garzón de España. Nadie duda que el Perú y Ecuador se integraron al Plan unos años después de su inicio, bajo el gobierno de Morales Bermúdez, pues Velasco no formaba parte de la red de dictaduras militares sanguinarias que imperaban entonces en esta parte del continente.

Cuando menos tres hechos ocurridos con Morales Bermúdez están vinculados al Plan Cóndor: el secuestro y desaparición del argentino Juan Carlos Maguid en abril de 1977, la entrega –en un avión militar peruano– a manos del ejercito argentino de 13 peruanos (sin documentos, sin dinero y ni información a sus familiares) que, en su mayoría impulsamos el Paro Nacional de mayo del 78 y estábamos presos en Seguridad de Estado; y, finalmente, el secuestro de Noemí Esther Gianotti de Molfino y otros dos argentinos (además del que trajeron desde Argentina para identificarlos y capturarlos) en junio del 80. Su detención fue parte de un operativo en el que intervino una unidad militar argentina, los retuvieron en un local militar en la Playa Hondable y los llevaron hasta la frontera con Bolivia para «expulsarlos» a manos de los argentinos en complicidad con militares bolivianos. Todos murieron, incluyendo la Sra. Gianotti, cuyo cadáver apareció envuelto en una frazada –en pleno verano– en Madrid, en julio, aparentando que no había sido detenida sino que viajaba por España y murió libre allá.

Los capitostes de la alianza en el poder han reaccionado rápidamente, cubriéndole las espaldas a Morales Bermúdez. Alan García, desbocado y sin que siquiera la Corte Suprema haya recibido la solicitud de extradición italiana y evaluado el caso, ya dijo que no entregaría militares encausados por DDHH y presentó a Morales Bermúdez como el militar de la transición democrática. ¿Ya se olvidó que fue el Paro Nacional del 19 de Julio de 1977 el que cambió el rumbo del país, obligando a la convocatoria de una Constituyente y que Morales mantenía la tesis del «no partido» sin ningún compromiso con una transición democrática? ¿Olvidó que ese mismo general quiso imponer una modificación de la Carta del 79 a la Asamblea Constituyente cuando esta clausuraba sus funciones?

Lo que pasa es que García quiere establecer una política de Estado respecto a estos casos de DDHH, blindando a los acusados frente a procesos internacionales. Sabe que le esperan –al acabar su mandato– los juicios por las matanzas durante su primer gobierno: las del Grupo Scorpio, el Batallón Patriota y el Comando Rodrigo Franco (que le recordó el propio Fujimori), la de Cayara –donde se asesinó hasta a los testigos que declararon al fiscal sobre la masacre- o la masacre de Penales (casi 250 muertos ejecutados a sangre fría y desarmados, operaciones bajo el mando de su vicepresidente Giampietri y su viceministro Mantilla). Hoy por ti, mañana por mi, ¿no?
El arzobispo Cipriani, que estando en Ayacucho –cuando las desapariciones y crímenes masivos– declaró que los DDHH eran una cojudez, ahora considera que estos son «abusos en nombre de la justicia» que «no tienen nada que ver con la verdad». El flamante ministro de Defensa y abogado de grandes empresas considera «un exceso» –«no atendible»– la demanda de la jueza italiana, sobre la que no le compete pronunciarse pues sería materia de la Corte Su-prema y no de su portafolio. El gallinero del poder está alterado, cuando a Fujimori se le juzga por cosas parecidas ocurridas en el Perú.
Pero los hechos son macizos y las evidencias contundentes. Desde fines de la década del 70, las FFAA latinoamericanas –con asesoría norteamericana y bajo la sombra del TIAR– aplicaron estrategias antisubversivas y de inteligencia que incluyeron los secuestros, la detención–desaparición de personas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales– utilizando equipos y destacamentos militares para el efecto. Es cierto, la justicia y la verdad tardan, pero llegan aunque los gobernantes prefieren la amnesia y la impunidad.


Reproducción por iniciativa del autor.

http://www.larepublica.com.pe/content/view/196663/481/

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