MÉXICO - Resumen semanal CIMAC - Alterinfos

Ineficaz procuración de justicia en el caso Atenco: Centro Prodh. Exige “plan gradual de desmilitarización”

28 de enero de 2008, México, DF - Cimacnoticias - La querella que interpuso una ciudadana española ante la Audiencia Nacional de ese país por la tortura que sufrió durante los operativos realizados en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006 y la exoneración de 15 policías acusados por el delito de abuso de autoridad “evidencian la inefectividad de las instancias nacionales de procuración de justicia en este caso”.

Así lo señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en un comunicado, donde también recuerda cómo en Texcoco y Atenco se desplegó de manera excesiva e irracional la fuerza pública, lo que trajo consecuencia graves de violaciones a los derechos humanos: detenciones ilegales; allanamientos de domicilios sin mandato legal; tratos crueles y torturas en contra de los detenidos; agresiones sexuales y violaciones en contra de las mujeres detenidas.

Además, dice el Centro, 5 personas extranjeras fueron deportadas de manera irregular del país. Entre ellas la mujer que levantó la querella el pasado 25 de enero de 2008 por los “graves atentados contra su integridad física”.

Ante la Audiencia española denunció hechos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece en casos de delitos graves, sancionados por el derecho internacional.

Pese a la gravedad de los hechos, afirma el Centro Prodh, la impunidad ha prevalecido. “Los nulos resultados de los procesos iniciados en el Estado de México muestran que, como lo señalamos desde el inicio, en esa entidad federativa las instancias de procuración y administración de justicia carecen de imparcialidad e independencia pues permanecen bajo el ámbito de control del Poder Ejecutivo, encabezado por Enrique Peña Nieto”.

Y en el ámbito federal –continúa— la situación no es distinta. Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer (Fevim) no han sido consignadas, pese a que las mujeres denunciantes de agresiones sexuales y violación han aportado elementos suficientes para que esto ocurra. En cuanto a la investigación de los hechos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta aún no ha sido concluida.

En el caso Atenco, concluye el Centro Prodh, prevalece la impunidad. Pero saluda las iniciativas para explorar otros recursos, aunque lamenta que, como a menudo ocurre en los casos paradigmáticos de las violaciones a derechos humanos que continúan ocurriendo en el país, sin que la situación adquiera la prioridad que el tema debe tener en un Estado democrático de derecho, las instancias nacionales sean inefectivas para las víctimas que demandan justicia integral.

Las demandas de justicia para las víctimas y libertad para las y los presos, recuerda el Prodh, no han perdido vigencia a más de un año de distancia de los hechos; “hoy las reiteramos”.

Ejército y Derechos Humanos

En otro comunicado sobre el tema de la seguridad pública y derechos humanos, el Centro Prodh hace patente su desacuerdo con la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, luego de que fue publicado el pasado 24 de enero el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012

“Su participación en los operativos para combatir a la delincuencia organizada ha provocado violaciones notables de derechos humanos. Su permanencia durante el plazo estimado no contribuye, por otra parte, a la consolidación de las instituciones civiles responsables de la seguridad pública, como corresponde a un Estado democrático de derecho”, señala.

La participación militar en los operativos del año 2007 ha traído como consecuencia graves violaciones los derechos humanos, afirma el comunicado. Y explica que la estrategia gubernamental no debe reducirse al combate, también debe atenderse a la profesionalización de los cuerpos policiales y a la erradicación de la impunidad y la corrupción.

Recuerda cómo desde los inicios de su gestión, Felipe Calderón ha recurrido al Ejército como parte de la estrategia para fortalecer las tareas de seguridad pública. El hecho no es nuevo, en sexenios anteriores se ha empleado la misma fórmula, a pesar de lo cuestionable de los resultados.

Si bien es cierto que el problema del narcotráfico es delicado y urge atenderlo, señala el texto, “la participación de elementos militares en esta tarea no garantiza la efectividad en el combate a los problemas derivados del narcotráfico, al contrario, los riesgos para el respeto a los derechos humanos son altos”.

Casos como el de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa, Castaños en Coahuila, los abusos ocurridos en Nocupétaro, Huetamo, Carácuaro y Apatzingán, o el controvertido caso de Ernestina Ascencio, son una muestra de estos riesgos.

Y refiere que, en diversas ocasiones, instancias internacionales de derechos humanos han señalado la inconveniencia de la participación militar en tareas de seguridad pública. Entre otras, de manera contundente, lo ha señalado el Grupo de Alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio.

“En la acción militar se da preeminencia a la persecución, detención y sanción a los responsables de los delitos a través de la fuerza y de operativos aparatosos que buscan amedrentar y generar miedo en la sociedad, apegados siempre a una concepción rigorista de las leyes y poco acostumbrados a dar cuenta de sus actuaciones a la sociedad, sin que el respeto a los derechos humanos signifique una limitación a sus actos”, explica el texto.

Durante enero del presente año, relata, los combates en la zona fronteriza entre diversas corporaciones policiales y el ejército, por un lado, y presuntos sicarios del narcotráfico, evidencian la capacidad de fuego del crimen organizado y la carencia de estrategias adecuadas, más allá del combate frontal, para enfrentar las amenazas derivadas de los grupos delictivos.

Por ello, es indudable que se debe sancionar a quienes delinquen; sin embargo, en el caso del crimen organizado, la estrategia no debe reducirse al combate.

Otros factores que deben ser atendidos, manifiesta el Prodh, son las deficiencias de los diversos cuerpos policiales (capacitación y salarios), la alianza entre los grupos de poder (regionales, nacionales, trasnacionales) y las organizaciones delictivas, la impunidad como práctica arraigada en amplios sectores de la estructura gubernamental y la corrupción que favorece la actuación al margen de los procedimientos institucionales.

Por otra parte, apunta, al otorgarse tal protagonismo al Ejército en las tareas de seguridad pública, se está renunciando a consolidar soluciones civiles, las cuales son las únicas que tienen cabida en el marco de un Estado democrático de derecho.

Un ejemplo de esto es el comunicado emitido en Tijuana, el 16 de enero, por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se invita a la población a denunciar cualquier acto criminal ante la misma Secretaría. Al actuar así, debilita aún más al Ministerio Público Federal, instancia a la que corresponde exclusivamente esta tarea.

¿Cuándo?

Al presentar su informe 2007, considera el centro Prodh, el presidente de la CNDH afirmó que el Ejército debe retirarse de las tareas de seguridad pública, para lo cual consideró necesaria la presentación de un calendario de retorno paulatino a los cuarteles, pero la publicación del Programa Sectorial y su aprobación de ninguna manera contemplan la exigencia común de múltiples organismos y organizaciones de derechos humanos.

Por esa razón, el Centro Prodh, expresa su desacuerdo con la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública e insiste en la necesidad de presentar inmediatamente “un plan gradual de desmilitarización”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en su informe sobre México (1998), que “la autorización estatal otorgada para que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones de seguridad, se da confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional. [...] El extraordinario crecimiento del delito no puede justificar la intromisión de militares en cuestiones de seguridad interior”.

Apelamos, por lo tanto, concluye el Prodh, al gobierno mexicano a reformular la estrategia de seguridad pública, otorgando prioridad a medidas racionales que preserven en todo momento el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.

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http://www.cimacnoticias.com/site/08012605-Ineficaz-procuracio.31870.0.html

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Política neoliberal y falta de procuración de justicia en México. Fortalecen el fenómeno del feminicidio

25 de enero de 2008, México, DF - Cimacnoticias - En el sexenio del gobierno de Felipe Calderón los asesinatos de mujeres, a nivel nacional, han continuado. Así lo constata el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que, hasta agosto del 2007, contabilizó mil 800 casos de asesinatos de mujeres en toda la República Mexicana.

En un recuento elaborado por esta instancia ciudadana, se registra que en 2006 en Ciudad Juárez hubo 25 casos y en lo que va del 2008 se han cometido 7 asesinatos en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Mientras los asesinatos de mujeres de continúan, la respuesta del gobierno federal ha sido una política de desmantelamiento de las instituciones creadas para la atención de los asesinatos, denunció el Observatorio Ciudadano.

Es el caso de la Comisión de Juárez y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), instancias que se encuentran inactivas y sin titular.

En el marco del Foro Social Mundial, que se lleva a cabo en la Ciudad de México y concluye este sábado 26, más de 60 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de toda la república, agrupadas en el Observatorio, señalaron que “en México, la actual política neoliberal y la falta de procuración de justicia han fortalecido el fenómeno del feminicidio”.

En comunicado de prensa, las y los activistas abundaron que uno de los aspectos que no han sido analizados a profundidad en la incidencia del fenómeno del feminicidio en México, es sin duda, la política económica de Estado, enmarcada en el neoliberalismo inhumano.

“Uno de los efectos negativos de la política neoliberal ha sido la feminización de la pobreza, la cual insita la violencia de género, la falta de procuración de justicia fortalece este fenómeno”, exponen.

Feminización de la pobreza

En la mesa de análisis Feminicidio en México, coordinada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dentro de los trabajos del Foro Mundial, las y los participantes indicaron que la situación de apertura comercial que ha representado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin variaciones en la política económica, ha generado durante los últimos 15 años una escala nacional creciente de desempleo y falta de oportunidades para todos los sectores de la población.

Lo que se traduce, subrayaron, en lo que se conoce como la feminización de la pobreza, reconocida por los gobiernos en la Conferencia mundial de la mujer en Beijing en 1995, foro donde se planteó que algunos aspectos de la pobreza están vinculados al género.

“El sistema de acumulación y dominación que representa el neoliberalismo, se ocupa primordialmente de tomar el control de los actores sociales, procesos económicos y culturales, para dar paso al desarrollo de un proceso de legitimación de sus políticas públicas económicas que ignoran la esencia de los derechos humanos, así como la integridad individual de las mujeres en este caso”, abundaron.

Política deshumanizada “que ha emprendido un camino de aceptación cultural de la violencia de género y de la violación sistémica de los derechos humanos”, enfatizaron.

Impunidad

De la misma manera, integrantes del ONCF señalaron que otra consecuencia de la política neoliberal en el sector femenino es la no impartición de justicia.

Según datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México el 75 por ciento de los delitos no se denuncian. Del 25 por ciento que si denuncia, 2 de cada 10 casos se investiga, de ellos sólo el 12 por ciento terminan en consignación y apenas el 5 por ciento de los culpables son sentenciados.

Esta “situación de impunidad expone a las mujeres a una mayor indefensión”, de acuerdo con el ONCF

Contexto al que habrá que sumar una naturalización (natural) de la violencia institucional, agregaron, que potencia la impunidad y no permite a las mujeres el desarrollo de una vida libre de violencia, haciendo nulo su derecho al acceso de justicia.

“Hechos que en términos reales han significado que el fenómeno del feminicidio tenga un caldo de cultivo para su desarrollo”, denunciaron.

Herencia panista

Durante el sexenio de Vicente Fox, el feminicidio alcanzó una cifra a nivel nacional de más de 6 mil mujeres asesinadas, según información de la Comisión Especial de Feminicidios de la legislatura anterior, LIX, en la Cámara de Diputados, promovida por la feminista Marcela Lagarde.

Al término de dicho gobierno, se informó que el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez había concluido, dejando un saldo de más de 450 mujeres asesinadas en el periodo de 1993-2006 y varios asuntos pendientes.

Mientras que 177 funcionarios públicos —responsables de negligencia, corrupción y omisión— quedaron impunes, así como también los perpetradores de los crímenes.

Más del 75 por ciento de los casos están sin resolver y hay una ofensiva institucional y de la iniciativa privada en Cuidad Juárez contra las y los defensores de los derechos humanos que han denunciado, señala el OCNF.

Actualmente, el Observatorio Ciudadano se encuentra documentando los casos de asesinatos cometidos a mujeres, “para tener más elementos que demuestren cómo este sistema económico está fortaleciendo el fenómeno del feminicidio y poder generar un cambio en las políticas públicas integrales que ayuden a las mujeres a salir de los círculos de violencia que las rodean”.

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http://www.cimacnoticias.com/site/08012507-Politica-neoliberal.31858.0.html

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Recibirá la CoIDH más pruebas sobre 3 asesinatos en Cd. Juárez. Primer caso de feminicidio que llega a la instancia

Lourdes Godínez Leal

24 de enero de 2008, México, DF - Cimacnoticias - En febrero próximo, la representación legal que llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de tres mujeres halladas muertas en el sitio conocido como Campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), podrá aporta más pruebas y peritajes ante la esta última instancia.

Así lo informó a Cimacnoticias Karla Michel Salas Ramírez, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, quien ha trabajado conjuntamente con la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. “La demanda de argumentos, solicitudes y pruebas” es “una oportunidad maravillosa” ya que, en su opinión, “la CIDH se quedó corta y fue muy diplomática” en su presentación del caso ante la CoIDH.

Además, dijo que intentarán que esta instancia internacional “analice a profundidad la Convención Belén Do Pará y que se amplíe la visión de la Corte, argumentando que el del Campo algodonero no es un caso aislado, sino que es la suma de violaciones a derechos humanos de las mujeres en esta entidad fronteriza con Estados Unidos, por el sólo hecho de ser mujeres.

Salas Ramírez explicó que una ventaja de la CoIDH es que a nivel internacional existe la oportunidad de que, además de la demanda que presenta la CIDH, los familiares de las víctimas y sus abogados pueden presentar “un escrito” paralelo mucho más amplio, presentar pruebas y peritajes.

“Vamos a tener la oportunidad de dar un litigio importante y presentar más violaciones que la CIDH manejó en su demanda y el Estado mexicano tendrá que darnos respuesta”, puntualizó.

Y es que después de que la CoIDH notificara el pasado 21 de diciembre a Karla Michel Salas y David Peña, ambos representantes legales de las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramírez (encontradas en el Campo algodonero) que tenía en sus manos el caso, éstos tuvieron a partir de ahí, dos meses de plazo para ampliarlo.

“A partir del 21 de diciembre, nosotros tenemos que enviar nuestro documento de argumentos, solicitudes y pruebas a la CoIDH y a partir de este envío, el Estado tiene dos meses para contestar nuestro escrito y la demanda de la CIDH”, explicó la abogada.

Más casos en la CIDH

Karla Michel Salas destacó la importancia de que éste sea el primer caso de feminicidio que llega a la CoIDH porque se puede ampliar el tema con relación a la violación de los derechos humanos de las mujeres y “que la Corte amplíe su jurisprudencia y la desarrolle en este sentido, analizando el incumplimiento del Estado mexicano a la Convención Belén Do Pará”.

Y agregó que existen otras dos peticiones individuales en la CIDH: en el caso de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera, presentadas en 2002 ante esta instancia.

Las expectativas

“Lo que esperamos es justicia, que toda esta lucha que han dado tanto las madres como las organizaciones tenga un efecto útil”, sostuvo la abogada, quien precisó que también quieren una “verdadera” sanción para los funcionarios que integraron mal las averiguaciones previas y que hicieron caso omiso en muchos de los casos “actuando con dolo”.

A decir de Karla Michel Salas, durante el trámite en la CIDH, “el Estado mexicano argumentó que muchos de los funcionarios ya estaban sancionados”, sanciones que –ironizó— consistieron en una suspensión por 30 días sin goce de sueldo.

Por lo que enfatiza que esta vez no cesarán en exigir sanciones fuertes y efectivas, “de manera proporcional al daño que cometieron” y eso, sostuvo, lo tendrá que revisar la CoIDH, quien además deberá dar seguimiento del cumplimiento de la sentencia que emita al Estado mexicano.

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http://www.cimacnoticias.com/site/08012510-Recibira-la-CoIDH-m.31845.0.html

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TLCAN: su “competitividad” refuerza desigualdad de género. Indica estudio de Oxfam Internacional

Gladis Torres Ruiz

22 de enero de 2008, México, DF - Cimacnoticias - Los Tratados de Libre Comercio, como el de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, pueden reforzar las desigualdades de género ya existentes, pues en aras de la competitividad se promueve un modelo de desarrollo basado en el trabajo barato y “flexible”, en lugar de invertir en formación de recursos humanos.

Por eso, aunque las mujeres trabajadoras son mayoría en muchos de los sectores que se han visto potenciados por los acuerdos comerciales y de inversiones, como las maquiladoras mexicanas, las condiciones de trabajo no suelen ser ahí mejores que en las fábricas nacionales similares, pueden ser incluso ser pésimas y con frecuencia no se respetan los derechos laborales de las mujeres.

Así lo indica el informe Nuestro futuro por la borda, publicado en 2007 por la organización Oxfam Internacional, confederación de 13 organizaciones que trabajan en conjunto con 3000 organizaciones locales en más de 100 países, para encontrar soluciones definitivas a la pobreza, el sufrimiento y la injusticia.

En este sentido, Oxfam señala, en coincidencia con Organizaciones de las Sociedad Civil (OSC), que las mujeres mexicanas se han visto obligadas a ocupar empleos que no cuentan con seguridad social, que implican jornadas extenuantes y que tienen remuneraciones muy bajas. Condiciones precarias y abusivas donde las violaciones de los derechos laborales son habituales y se prohíben a menudo los sindicatos.

Las largas jornadas laborales afectan especialmente a las mujeres y a las y los niños: “las mujeres se ven forzadas a trabajar para alimentar a sus hijos, lo que les obliga a permanecer muchas horas fuera de casa”, enfatiza Oxfam. En última instancia, los nuevos empleos no permiten que las mujeres y sus familias salgan de la pobreza.

En los talleres de las maquilas se obliga a las mujeres a someterse a una prueba de embarazo cuando solicitan el empleo. Y la maternidad es considerada una desventaja, como revele un testimonio recabado por Oxfam, en el cual una madre soltera señaló que cuando una empresa ubicada en México pretendía reducir su salario, el supervisor le dijo que se callara si le importaban sus dos hijos. ”A ver cómo vas a mantenerlos si te despedimos”, amenazaron.

El ejemplo extremo de cómo las mujeres son orilladas a una vida de precariedad y vulnerabilidad extrema bajo el régimen del libre comercio es que más de la mitad de las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez eran trabajadoras de las maquiladoras, una de las pocas ofertas de trabajo abierta por el TLCAN, señala Oxfam.

Resultado de esta situación es que el TLCAN ha profundizado la desigualdad, la discriminación y la exclusión de las mujeres. Y en eso coinciden las cifras manejadas por el Instituto Nacional de las Mujeres: de las 40 millones de personas que viven en pobreza extrema en el país, 60 por ciento son mujeres.

El TLCAN, dice Oxfam, supuso una rápida expansión del comercio y de las inversiones, pero México sufrió una caída generalizada en el empleo, tanto agrícola como industrial, y un rápido aumento en las desigualdades.

En el 2004, los salarios reales eran inferiores a los de 1994, incluso en el sector de las maquiladoras. En los diez primeros años del TLCAN, México perdió 1.3 millones de empleos agrarios, resume la organización internacional.

Sigiloso avance de los tratados

Debido al éxito de los tratados de libre comercio para los países ricos, a pesar de los altos costos para las naciones en desarrollo, estos se multiplican, como denuncia Oxfam. Explica en su documento que el avance de los tratados se realiza en forma sigilosa, porque este proceso amenaza con negar a los países en desarrollo una posición favorable en la economía mundial.

Por eso, los países ricos, liderados por Estados Unidos y la Unión Europea, están poniendo un empeño sin precedentes en lograr tratados de libre comercio regionales y bilaterales, pero lejos de la fanfarria de las cumbres mundiales y de la prensa internacional.

Unos 25 países en desarrollo han firmado ya tratados de libre comercio con países desarrollados, y más de 100 están embarcados en negociaciones y cada semana se firman como promedio dos acuerdos bilaterales de inversiones. “Prácticamente ningún país, por pobre que sea, se ha quedado fuera”, dice Oxfam.

Los países ricos están utilizando estos “tratados de libre comercio” y acuerdos sobre inversiones bilaterales y regionales para lograr concesiones que no son capaces de conseguir en la Organización Mundial del Comercio (OMC), explica la organización.

Donde los países en desarrollo pueden unirse y negociar unas reglas más favorables. Estados Unidos llama a este enfoque “liberalización competitiva” y la UE expresa su intención de utilizar los acuerdos bilaterales como “los peldaños hacia futuros acuerdos multilaterales”.

La reacción

Sin embargo, en los países en desarrollo se han gestado movimientos de resistencia a dichos tratados. México no es la excepción: el 1 de enero de 2008, desde el primer minuto del día, las organizaciones campesinas y no gubernamentales, así como los miles de ciudadanas y ciudadanos que impulsan la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo "Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco; pon a México en tu boca", construyeron un muro humano en el Puente Córdova de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La protesta inició ese día porque fue la fecha en que entró en vigor la liberalización del maíz, frijol, leche en polvo y azúcar impuesta a México en el TLCAN. También era una movilización en contra de la construcción del muro fronterizo y contra la violación masiva de los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores migratorios mexicanos por parte del Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos.

Organizaciones campesinas mexicanas iniciaron de esta manera una gran movilización en todo el país contra el TLCAN, que durará todo el mes de enero, por considerar que provocará la ruina del campo nacional. Numerosos actos en todo el país culminarán el día 31 con una gran movilización en el Distrito Federal, donde se reclamará la renegociación del Tratado, al cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo.

En comunicado de prensa, las organizaciones convocantes informaron que ese día se paralizarán las oficinas de la Secretaría de Agricultura y de otras ligadas a la actividad agraria, reclamando las acciones legales que protejan a los productores nacionales. Varias caravanas de tractores llegarán al Zócalo de la Ciudad de México, procedentes de El Chamizal, localidad ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de otros estados de la República.

En el Distrito Federal se hará una marcha-mitin, que partirá del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo a las 16:00 horas. Participarán, entre otras agrupaciones, el Movimiento El campo no aguanta más, Consejo Agrario Permanente, El Barzón, Unión Nacional de Trabajadores, Frente Sindical Mexicano, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y el Comité Mexicano de la Campaña Continental contra el ALCA.

También, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Cencos, Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Foro Migraciones, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Academia mexicana de los Derechos Humanos, DECA-Equipo Pueblo, Red Mexicana contra el Libre Comercio, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Foodfirst Information and Action Network, Sección México (FIAN México), Congreso Agrario Permanente (CAM), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Enlace, Comunidad Interdisciplinaria de Apoyo y Reorganización Social (CIARS), Causa Ciudadana, Alianza Cívica, Instituto de Estudios de. la Revolución Democrática (IERD), Movimiento Ciudadano por la Democracia, Red Nacional de Comunicadores Civiles, Uníos, Red por los Derechos de la Infancia.

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