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ARGENTINA - Proyecto de Ley que Podría Debilitar al Poder Judicial (por ADITAL)

Sábado 25 de febrero de 2006, puesto en línea por Manuela Garza Ascencio

ADITAL - En una carta al presidente argentino Néstor Kirchner la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch destaca que debe modificarse el proyecto de ley que reestructura el Consejo de la Magistratura. El director ejecutivo de la entidad José Miguel Vivanco envió la carta para referirse al proyecto de ley destinado a reestructurar y modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que se encuentra actualmente bajo discusión en el Congreso de la Nación.

Según Vivanco una tarea clave de la misión de Human Rights Watch consiste en evaluar las eventuales consecuencias de iniciativas legislativas que podrían afectar aquellas instituciones democráticas que garantizan el ejercicio de los derechos humanos, tales como una prensa libre y un Poder Judicial independiente. Se reconoce los importantes pasos que Argentina ha dado, para fortalecer la independencia del Poder Judicial y el estado de derecho.

El sistema actualmente en vigencia para elegir a los magistrados de la Corte Suprema - conforme al cual en audiencias públicas se debaten las propuestas del Poder Ejecutivo - permitió la elección de juristas de gran prestigio, reconocidos por su independencia. A su vez, ha generado un aumento de la confianza pública en el Poder Judicial.

Sin embargo, a la entidad preocupa algunos aspectos del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura. Se entiende que el propósito del mismo es rectificar graves deficiencias en su funcionamiento. Las soluciones propuestas, sin embargo, implican una profunda reestructuración de este organismo, que podría debilitar la independencia judicial prevista en el orden constitucional.

El Consejo fue incorporado en la Constitución de 1994 esencialmente para eliminar toda interferencia política indebida en la administración de justicia, así como en el nombramiento y la remoción de jueces. Por esta razón, el Consejo se creó con una composición equilibrada entre, por un lado, representantes de la legislatura y del Poder Ejecutivo, y por el otro, representantes de la judicatura, abogados y académicos.

Tres aspectos del proyecto de ley en cuestión afectan este equilibrio. En primer lugar, cambia el peso relativo que tienen los distintos sectores que integran el Consejo. El proyecto reduce el número de miembros de 20 a 13, de los cuales seis serían legisladores (actualmente hay ocho), y seis serían jueces, abogados y académicos (actualmente hay 11). Por lo tanto, al haber seis legisladores, junto con el miembro designado por el Poder Ejecutivo, los políticos tendrían una mayoría de siete sobre seis. En ese caso, el peso de la opinión profesional se vería significativamente mermado.

En segundo lugar, el proyecto elimina toda representación en el Consejo de los sectores pertenecientes a la segunda minoría en la legislatura. Mientras que actualmente la bancada oficialista tiene cinco representantes (cuatro legisladores y un representante del Poder Ejecutivo) sobre un total de 20 miembros, con el proyecto propuesto, mantendría igual número de representantes, esta vez, sobre un total de 13 miembros. En otras palabras, si se aprueba el proyecto, el partido de gobierno lograría la mayoría al ganar solamente dos votos (en la actualidad necesita ganar seis).

En tercer término, el proyecto cambia la norma que regula el quorum, permitiendo que el Consejo sesione sin participación alguna de los jueces, abogados o académicos. En efecto, la enmienda reduciría el quorum de 12 a siete miembros, con lo cual los seis legisladores y el representante del Poder Ejecutivo podrían sesionar solos.

«Entendemos que existen motivos válidos que justifican la preocupación por mejorar el rendimiento del Consejo de la Magistratura. Lamentablemente, sin embargo, las medidas propuestas para abordar el problema probablemente generen más daños que beneficios. De ser adoptadas, debilitarían los principios constitucionales que son la base del Consejo y socavarían gravemente el progreso alcanzado por Argentina, durante el actual gobierno, para fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho.»


http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=21307

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