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Uribe declaró en la comisión que lo investiga por compra de votos

COLOMBIA - El gobierno conspiro con paramilitares contra la CSJ

Rodrigo González

Miércoles 3 de septiembre de 2008, puesto en línea por Barómetro Internacional, Rodrigo González

Al mismo tiempo que el presidente Álvaro Uribe presta declaraciones en una de las investigaciones que se le han iniciado por cohecho y compra de votos, se conoció que jefes paramilitares negociaron con funcionarios de la presidencia, la publicación de grabaciones y videos para perjudicar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal en el juicio conocido como «la parapolítica».

La maniobra del presidente Uribe de extraditar a Estados Unidos a los jefes paramilitares acogidos a las negociaciones de paz con el gobierno, ha provocado un freno de las investigaciones, y la liberación de algunos congresistas detenidos, entre ellas la del primo del presidente de la república, Mario Uribe, y ha permitido que la campaña por su reelección haya tomado un fuerte impulso.

Al parecer, todas las fuerzas del aparato del Estado, y los organismos policiales y de seguridad de Estados Unidos –que se mueven como en su casa en Colombia- se cuidan de que las investigaciones de la parapolítica y del narcotráfico no rocen la figura presidencial.

Mientras, el presidente Uribe acusa a sus opositores de vínculos con la guerrilla de izquierda, y reclama que se investigue los motivos de los periodistas que han revelado informaciones que lo involucran en hechos delictivos.

Comparecencia en el Congreso

Tras la audiencia del presidente, el representante Edgar Ulises Torres, miembro de la comisión investigadora, dijo que al inicio del testimonio, el presidente pidió que esa instancia legislativa oyera las versiones de varios de sus ministros.

Además, solicitó que averiguara el papel cumplido por el periodista Daniel Coronell, director de Noticias Uno, un noticiero que en abril pasado divulgó una entrevista con la ex congresista Yidis Medina, quien entonces mencionó el caso de las ofertas de favores.

La Comisión deberá ahora oír otros testimonios, incluyendo ministros, antes de decidir si pasa o no el caso al plenario de la Cámara de Representantes. En ese caso, la Comisión debe votar y aprobar por mayoría de sus 19 miembros pasar el caso a la Cámara de Representantes para el enjuiciamiento político.

La mayoría de los miembros de la Comisión de Acusaciones pertenece a partidos aliados al gobierno, así como en la Cámara de Representantes, de 164 legisladores.

Desde su creación, en 1886, la Comisión de Acusación legislativa nunca ha formulado cargos contra ningún funcionario, de acuerdo con el organismo no gubernamental Colectivo de Abogados.

Luís Carlos Avellaneda, senador demandante, en entrevista con la televisora TELESUR aseguró que la comisión de acusaciones es un órgano de naturaleza política, por lo que le parece muy difícil que vaya a emitir un fallo imparcial.
"Yo no creo que vaya a emitir un juicio de naturaleza política, sino un fallo político’’, dijo.

Para el legislador, es preciso acudir a instancias internacionales para garantizar que se haga justicia. «No espero que se haga justicia por parte de este organismo, sino que haya impunidad, por lo cual acudiría ante organismos internacionales para que cese la impunidad y se pueda castigar al señor presidente de la república por el delito de cohecho», aseveró.

Antecedentes

La investigación en contra del mandatario fue abierta en mayo pasado a pedido de congresistas del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), quienes consideran que el mandatario incurrió en el delito de cohecho, ofrecer o recibir prebendas como funcionario público a cambio de algo.

La acusación se relaciona con las revelaciones hechas por la ex congresista Yidis Medina en torno a cómo se votó en 2004 el proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección.

Medina, del Partido Conservador y ex integrante de la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, fue acusada de recibir prebendas del Gobierno a cambio de dar su voto favorable a última hora para que se aprobara la mencionada reforma constitucional.

Esta modificación de la Carta Magna facilitó en 2006 la reelección de Uribe para un segundo mandato de cuatro años.

Tras admitir los hechos, la ex congresista fue detenida el pasado 27 de abril y condenada en junio a 47 meses de prisión, aunque después se le otorgó el arresto domiciliario por su confesión y colaboración.

Paramilitares en la casa de gobierno

La revista Semana reveló que el círculo íntimo del presidente llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar «Don Berna», en oficinas del Palacio de Nariño, que preparaban un montaje con grabaciones y videos para perjudicar a ministros de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal de la parapolítica, Iván Velásquez.

Diego Fernando Murillo Bejarano alias «Don Berna», jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los jefes paramilitares más sanguinarios, comenzó a grabar en secreto conversaciones con sus compañeros de presidio, involucrados en la parapolítica, y ordenó a sus allegados en libertad a grabar conversaciones con funcionarios de la fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

«Don Berna» inició su operación de espionaje casi al mismo tiempo que el ex paramilitar José Orlando Moncada, alias «Tasmania» le envió una carta al presidente en la que le decía que había sido presionado por el magistrado Iván Velásquez, para que declarara que Uribe era uno de los autores intelectuales del asesinato de otro paramilitar conocido con el alias de «René». El Presidente acusó públicamente a Velásquez y pidió que fuera investigado. Más tarde se demostró que todo era un montaje, pero entonces ya estaba montado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.

Según revela la revista Semana, ’Don Berna’, recluido entonces en la cárcel La Picota, empezó a realizar grabaciones indiscriminadas a varios de sus compañeros de reclusión. Uno de los personajes a los que más grabó fue el ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, quien es el principal testigo en el caso del director de ese organismo, Jorge Noguera, y la infiltración paramilitar en el DAS.

«Uribe no aguanta mi declaración»

Aunque la revista no entró en detalles de las grabaciones, presenta algunas afirmaciones que deberían ser objeto de investigación más profunda. Por ejemplo, evidencia la existencia de información que perjudicaría al presidente Uribe, y que el FBI norteamericano se manejaba en las cárceles colombianas como en su casa, y que además eludía recabar información que perjudicaba al mandatario.

«¿Cuántas veces se reunió usted con Uribe?», le pregunta ’Berna’ al ex jefe de infórmática del DAS. «Don Diego (nombre real de ’Berna’), yo iba mucho con Jorge Noguera allá pero, que yo recuerde, tres veces significativas. Pero mire, don Diego, lo importante es que Uribe no aguanta un testimonio mío hoy día, que yo dé una entrevista, por ejemplo, en el ’Washington Post’, Uribe no la aguanta», dice García en la grabación.

Más adelante, García cuenta que fue interrogado por agentes del FBI norteamericano. «El tipo del FBI que vino me dijo: tu nos vas a decir todo lo que pasó en el DAS, el otro del FBI que vino me dijo que venía por el tema de las filtraciones en el DAS», relata García a «Don Diego».

El jefe mafioso interroga, «¿Pero le preguntaron por Uribe?», a lo que el ex jefe de informática del DAS responde: «No, no me preguntaron por nombres, sino por los del DAS... el lío es lo que siempre hemos hablado, Jorge Noguera para ellos es mucho más importante que cualquiera de ustedes porque Jorge era el jefe de la inteligencia y su jefe inmediato era Uribe....».

Negociando con Nariño

Mientras «Don Diego» se dedicaba a grabar a sus compañeros de presidio, sus hombres de confianza en libertad se dedicaron a hacer grabaciones que buscaban enlodar a miembros de la Corte Suprema de Justicia. Según la revista Semana, uno de los encargados de hacer esa labor era Diego Álvarez, el abogado de ’Berna’. La revista sostiene que obtuvo videos y grabaciones que el defensor del ex paramilitar hizo clandestinamente y que después fueron entregadas a funcionarios del Palacio de Nariño.

En una de esas grabaciones de video clandestinas un hombre que después se reconoce como Henry Anaya habla con el abogado de «Berna» presentándose como enviado por la Corte Suprema. En la conversación, Anaya dice que puede conseguirle beneficios a ’Berna’ a cambio de que declare o ayude con información a la Corte sobre políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Además de solicitar dinero para evitar el traslado de cárcel.

Al mismo tiempo, se grabó video de una entrevista entre el abogado del paramilitar y el fiscal Velázquez. En esa reunión, el fiscal le informa sobre los beneficios legales que «Berna» puede obtener de su colaboración con la justicia. La idea era mezclar ambos videos y presentar una maniobra de la fiscalía para perjudicar a los políticos afines al gobierno.

Según la revista, el jefe paramilitar decidió en abril de este año compartir con el gobierno la información para retrasar la extradición a Estados Unidos que se amenazaba como inminente.

«Antonio López, alias ’Job’, el hombre que durante muchos años fue la mano derecha de ’Berna’ y quien fue asesinado el mes pasado, le contó a Semana en ese entonces que la decisión de extraditar a ’Berna’ dependía sólo de la firma del Presidente y por eso habían decidido ’ayudarle’ al Palacio de Nariño en la pelea contra la Corte, entregando los videos y las grabaciones que ellos tenían del magistrado, y el video de Anaya», cuenta la revista el pasado viernes.

Junto al abogado de «Berna» concurrió a las oficinas del secretario jurídico de la Presidencia, en el Palacio Nariño, Antonio López, alias «Job».

«Job», era oficialmente entonces el vocero de los desmovilizados en Medellín, pero los organismos de inteligencia del Estado lo tenían fichado como integrante de la Oficina de Envigado, un grupo paramilitar aún hoy activo. Eso no fue inconveniente para que los funcionarios de Presidencia se reunieran con él.

Pese a la ilegalidad de uno de los mensajeros y la clandestinidad y manipulación de la información ofrecida, los funcionarios del gobierno intentaron aprovechar los videos y grabaciones.

A fin de eludir cualquier sospecha sobre los mismos y ocultar la procedencia de las «pruebas», un funcionario de Palacio de Nariño solicitó al DAS la instalación de micrófonos ocultos y la interceptación de líneas telefónicas, entre ellas las del magistrado Velásquez y la del hombre del video, Anaya, para poder decir después que la información provenía de esa fuente.

Al parecer el DAS se negó a secundar la maniobra.

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