MÉXICO - Piden OSC en Chihuahua Alerta de Género ante feminicidios

7 de enero de 2009 - México, DF - Cimacnoticias - Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres presentaron hoy ante la Comisión Permanente del Congreso del estado de Chihuahua la petición de Alerta de Género, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta petición constituye la primera acción del año de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, ante la continuación de los feminicios —de los cuales han ocurrido más de 400 en el estado desde 1993— y que apenas en el inicio de este año suman ya dos, de acuerdo con Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en esa entidad.

El documento presentado ante el Comisión destaca que no se puede permanecer indiferente ante el alarmante crecimiento de feminicidios, cuyas estadísticas “no mienten”, ya que desde el 25 de noviembre del 2008, Día de la no violencia contra las mujeres, a la fecha, los medios han reportado 20 asesinatos dolosos de mujeres, de los cuales el 50 por ciento tienen su origen en la violencia familiar.

La Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Periódico Oficial el 24 de enero de 2007, hace posible que estas organizaciones, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, tomen la decisión de solicitar la alerta de violencia de género y violencia feminicida.

Es un derecho contemplado en los términos del capítulo V Título II, artículos 21, 22, 23, 24, 25, y 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como del Título Tercero, Capítulo primero, específicamente en los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 , 37, 38 Y 39 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Estas ONG instaron en su documento a las Autoridades municipales, estatales y federales para que implementen medidas de prevención y protección y que se evalúe el sistema de administración y procuración de justicia en relación a los delitos de violencia contra las mujeres.

Negligencia e indolencia

Denunciaron que tanto madres y familiares que integran la organización Justicia para Nuestras Hijas, como activistas de derechos humanos que por más de diez años han denunciado el feminicidio y la desaparición de niñas y mujeres en la entidad, han visto pasar tres Gobernadores, seis Presidentes Municipales, cuatro Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia y tres Legislaturas sin que haya avances para erradicar el feminicidio.

Destacaron también que en el 2008 acudieron por primera vez ante la actual legislatura a solicitar que se creara de nuevo la Comisión Especial de Feminicidio, y se enfrentaron ante la negativa de ser escuchadas por algunas y algunos legisladores que incluso solicitaron la fuerza pública para impedir su legítima protesta. “Desafortunadamente el tiempo nos dio la razón, nuestras hijas no son un mito”, afirman.

Por otro lado puntualizaron, “los feminicidios de hoy tienen historia, una historia de negligencia, e indolencia en el caso de las desaparecidas”. “En algunos feminicidios es la culminación de una historia de terror, de violencia familiar que fue conocida por las autoridades que desestimaron las voces de auxilio de las víctimas, por eso hablamos de complicidad y negligencia”.

Además dieron a conocer que a la primera instancia a la que acude una mujer en situación de violencia es la policía municipal, o a la Procuraduría de Justicia a denunciar la desaparición de una mujer, pero las autoridades tiene la percepción de que se trata de un asunto de carácter privado que debe resolverse dentro de la familia, sin que medie la acción el Estado.

Denunciaron que, ante esto, es claro que las autoridades no entienden que la violencia contra las mujeres constituye una violación de Derechos Humanos y que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres.

Esto incluye prevenir y castigar la violencia y el hecho de que esta responsabilidad no se reconozca en todos los niveles de Gobierno es un obstáculo para el desarrollo de políticas públicas efectivas, para que se aprueben presupuestos suficientes para erradicar la violencia de género, puntualizaron.

Sandra Torres Pastrana es corresponsal para Cimacnoticias

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