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Elementos para la discusión

URUGUAY - Gobierno del Frente Amplio, ¿continuismo o cambio?

Eduardo López

Viernes 11 de septiembre de 2009, puesto en línea por Barómetro Internacional

En los últimos días se ha vuelto a disparar la discusión si el gobierno del Frente Amplio–Encuentro Progresista, que está concluyendo, fue lo mismo que los gobiernos neoliberales anteriores, y si vale la pena volver a votar por la coalición de centro izquierda.

Algunos compañeros aseguran sin complejos que un gobierno de Tabaré Vázquez o Pepe Mujica es lo mismo que un gobierno de Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle o Julio María Sanguinetti, por nombrar a los tres presidentes que tuvo el Uruguay desde la salida de la dictadura hasta marzo del 2005. Otros, no tan radicales, recurren a la tesis del menos malo para decir que votarán por Mujica para que no vuelva Lacalle a la presidencia, aunque igual sostienen que el gobierno del FA-EP ha sido y será igual a los gobiernos anteriores.

Para estos, es mejor que sean más consecuentes, y si realmente consideran que será lo mismo, no se tienen que preocupar de votar para cortarle el camino a Lacalle, si es lo mismo, valga la redundancia, es lo mismo.

Ahora, para uruguayos más necesitados, para los trabajadores, este gobierno que concluye ¿ha sido igual a de Sanguinetti, Lacalle y Batlle?.

Nacimiento del Frente Amplio

En febrero de 1971 nació el Frente Amplio. Fue una coalición de partidos y movimientos y se dio una estructura que combinaba la participación de los partidos políticos y las bases organizadas. En esa coalición confluyeron fuerzas de izquierda, comunistas, tuparamos, socialistas, y casi toda la gama de “istas” de moda en la época, además de sectores provenientes de los partidos tradicionales y de la democracia cristiana. Esa coalición logró una base de acuerdos mínimos comunes, y muchos debieron dejar en suspenso -esperando avanzar en conjunto- algunos objetivos históricos de la izquierda, como por ejemplo, definirse por la construcción de una sociedad socialista, sin apellido.

El programa de entonces, tenía un marcado acento nacionalista y progresista, y se definía como democrático y antiimperialista, e incorporaba temas como la nacionalización de la banca y comercio exterior, reforma agraria, impulsar desde el Estado una política de industrialización, fortalecimiento de la enseñanza y la investigación, políticas sociales para paliar a los sectores más necesitados.

El documento constitutivo del 5 de febrero de 1971 decía además: “Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la modificación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las imprescindibles transformaciones que procura”. Es decir no había desde el inicio una posición de construir el socialismo y se admitía la necesidad de cambiar la estructura del Estado –algo que quedó mucho más de manifiesto en estos 4 años y medio de gobierno- para avanzar en ese proceso.

El mundo ha sufrido un cambio radical desde entonces. Todo el llamado “sistema socialista” cayó como un castillo de naipes. El proceso socialista cubano sobrevivió a costa de enormes sacrificios y debió aceptar –aunque estableciendo condiciones- inversiones extranjeras.

Muchos de los planteos de la izquierda latinoamericana de los 70, tuvieron que ser aplazados a la espera de nuevas condiciones internacionales. En ese tiempo además, casi todo el continente, desde el sur de la frontera de México hasta Tierra del Fuego, cayó en manos de dictaduras militares que, con distintos grados de represión, impusieron políticas neoliberales, liquidaron todo atisbo de educación progresista cortando el proceso de que las universidades debían mirar, educar y trabajar para el pueblo. [1]

No es un secreto para nadie que toda una generación educada en la dictadura militar ignora o ignoraba hasta hace muy poco, que había pasado en el país. Después de tantos años de sacrificio, sin un “sistema socialista” de apoyo, la mayoría de la izquierda latinoamericana consideró que la toma del poder por la vía armada no era posible en estas circunstancias. En muchos países se debió recomenzar un proceso de concientización y unidad, para recomponer fuerzas.

Incluso los sectores más radicales de la izquierda uruguaya insisten que sólo se plantean el camino de la revolución a través de la lucha política y excluyen la lucha armada por ahora. Se plantean acceder al gobierno a través de las elecciones, y en ese esfuerzo de unidad presentan un programa de gobierno común, aunque esos acuerdos no incluyan a sectores progresistas, sólo incorpora a quienes se plantean la construcción del socialismo. Un camino quizás más largo, ya que habría que esperar a que el 50% más uno de los votantes, se defina por esta opción.

¿Qué se compara?

Partiendo de la base de que el actual programa de gobierno del EP-FA, e incluso el primero del FA no plantea ni planteaba la construcción del socialismo en el período de gobierno, no se puede atribuir la supuesta similitud del gobierno de Vázquez con los anteriores, a ese hecho.

Las políticas económicas neoliberales que se venían practicando desde décadas en el país, tenían sus consecuencias bien visibles. Privatizaciones, tercerizaciones de servicios, desocupación, extranjerización de la tierra y los recursos naturales, captación de capitales golondrinas sin exigencias, presión tributaria sobre los trabajadores, liberalización del mercado laboral, baja sindicalización, cesión de soberanía hasta en los temas económicos con acuerdos con el FMI, Banco Mundial, etc., alineación con las políticas exteriores del imperio yanqui, saboteo de las propuestas de integración latinoamericanas que se salieron del simple marco de los acuerdos empresariales, etc.

Siempre se puede decir que falta mucho por hacer y que quizás no se ha hecho lo suficiente. Pero en todas estas cuestiones, el gobierno del EP-FA trabajó en un sentido distinto a las administraciones de blancos y colorados.

Cuando asumió la presidencia el colorado Julio María Sanguinetti en las elecciones de noviembre de 1984, cuando los militares todavía decidían quienes podían ser o no candidatos, la desocupación se estimaba en más de un 10 por ciento. Recién en 1986 se comienza a medir oficialmente, y entonces se registra una tasa de 9,8 por ciento de desocupación. En su último año de gobierno, descendió hasta el 8 por ciento, aunque todos los observadores sostienen que los indicadores utilizados no eran los adecuados.

Luis Alberto Lacalle, sube la desocupación al 8,5 por ciento en su primer año de gobierno, y culmina con 9,1 por ciento. Al asumir de nuevo la presidencia Julio María Sanguinetti, en su primer año, la desocupación trepa al 10,2 por ciento, y culmina su mandato con un 11,2 por ciento.

Lo sucede Jorge Batlle, que mantiene los guarismos por encima del 10 por ciento, con el pico de 2002 donde la desocupación oficial llegó al 20,4 por ciento, y que culmina en 2004 con un 16,0% de desocupación.

En su primer año del gobierno, el EP-FA logra bajar la desocupación al 13,0% y se mantiene en descenso hasta el 7,6% registrado el pasado año, el más bajo desde que se lleva registro. En algunos campos no existe desocupación, sino demanda de mano de obra, como es el caso de la computación.

Al mismo tiempo, desde el primer año de gobierno se incentivaron los convenios colectivos y se comenzó una recuperación del salario real y una mayor adhesión a los sindicatos. Después de mucha discusión, intentando que las patronales aceptaran las nuevas reglas de juego, se aprobó la ley de negociación colectiva, que se suma a la ya sancionada a principios de la legislatura de fueros sindicales (para proteger el trabajo sindical en las empresas) y el regreso a los Consejos de Salarios.

Además, se ha logrado legislar las 8 horas para el trabajador rural, una reivindicación reclamada desde la mitad del siglo pasado, así como se legisló la seguridad social –seguro de paro y jubilación- para las empleadas domésticas, trabajadores de la cultura y deportistas.

Con estos mecanismos, y la aplicación de políticas sociales, en los últimos cuatro años se incrementó el ingreso medio de los hogares en un 30% y el salario real aumentó un 18%. El salario real de los trabajadores creció durante todo el período, revirtiendo la tendencia de gobiernos anteriores. El salario mínimo se duplicó en 4 años (de 2.500 a 4.400 pesos en cuatro años).

Asimismo, el consumo privado aumentó entre 2004 y 2008 un 33% contribuyendo a bajar los niveles de pobreza e indigencia.

Cuando el gobierno del EP-FA asumió la presidencia, los niveles de pobreza, medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), eran del 31,9 por ciento, y el de indigencia, de 3,9 por ciento. Desde la salida de la dictadura militar, los índices de pobreza oscilaron según el mercado, desde en 28,5 por ciento en 1989, o descensos del 22,8 por ciento logrado en 1994, justo en un año electoral.

Los datos del INE para fines de 2008, mostraban un descenso de los niveles de pobreza al 20,5 por ciento, y de la indigencia al 1,5 por ciento.

Si bien hay mucho por hacer y has se podría aceptar que se puedo hacer más, estos logros sólo se explican mediante la aplicación de una política desde el Estado, muy diferente a la aplicada en décadas anteriores.

De la UNITAS a Chávez

En materia de política exterior, si bien el gobierno ha tenido un bajo perfil, y faltó iniciativas más concretas para impulsar la integración regional, se dieron algunos pasos importantes. En primer lugar se reanudaron las relaciones diplomáticas con Cuba y se fortaleció el comercio con la isla. Se renovaron los convenios para que estudiantes uruguayos de bajos recursos estudiaran medicina en la isla y se acordó homologar esos títulos en Uruguay. Se inició el programa “Operación Milagro” por la cual miles de uruguayos viajaron a Cuba a operarse de la vista, y ahora se realizan esas operaciones en Uruguay con la colaboración de médicos cubanos, tras comenzar a superarse la resistencia de los médicos uruguayos -no del gobierno- a que los facultativos caribeños trabajaran en el país.

Uruguay respaldó a Cuba en los organismos internacionales y no se sumó, como los anteriores gobiernos, a las campañas anticubanas.

Con Venezuela se firmaron importantes convenios de intercambio comercial, quizás con más beneficio para Uruguay, pero que apartan al país de las políticas antichavistas de los gobiernos norteamericanos y de algunos de la región. Además, Uruguay aprobó inmediatamente el ingreso de Venezuela al Mercosur, incluso en el parlamento, cedió la órbita para que Venezuela pudiera instalar su satélite de comunicaciones, y abrió la base en la Antártida a la participación de ese país. Posiciones que le han valido la crítica de la oposición que amenaza con liquidar esos convenios si logra recuperar el gobierno.

Al mismo tiempo se inició un acercamiento con el gobierno de Evo Morales en Bolivia, ofreciendo facilidades para que ese país utilice zonas francas en sus puertos para tener una salida al mar. De la misma manera se estudian convenios de colaboración comercial e intercambio con la administración de Fernando Lugo en Paraguay, por mencionar casos muy diferentes a las actuaciones de gobiernos anteriores.

Uno de los aspectos más criticados de la administración Vázquez ha sido su relación con el gobierno de Estados Unidos. En el primer año de gobierno, se realizaron las operaciones militares conjuntas de la UNITAS, que se habían acordado en el último año de la administración de Jorge Batlle. Entonces se cuestionó duramente al gobierno, aunque éste sostenía que eran las últimas que se realizarían. Así sucedió, pero nadie más prestó atención a ese tema.

Otro aspecto cuestionado fue la supuesta intención de Vázquez de firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Aunque el presidente siempre lo negó, las posturas del entonces ministro de Economía, Danilo Astori, hacían sospechar lo contrario. Casi concluye en mandato de Vázquez y no han ningún TLC firmado o por firmar.

También fue duramente cuestionado por la recepción oficial al presidente norteamericano George Bush de visita en la región en 2007. Esa gira, que movilizó a todos los opositores de la política guerrerista e imperialista norteamericana, no dejó ningún otro resultado para el país. En este resumen cabe destacar también la posición del gobierno de rechazo a la instalación de bases norteamericanas en Colombia o en cualquier país de la región.

Derechos humanos y sociales

En el campo de las libertades, derechos humanos y sociales, también se registraron avances significativos, aunque siempre se puede pedir y mayor celeridad. Por primera vez en más de 20 años se comenzaron a investigar algunos crímenes de la dictadura y se procesaron a militares, un ex ministro y un ex presidente y dictador.

Ahora, con la recolección de firmas se irá a un nuevo plebiscito para anular la ley de impunidad. Esa decisión pudo haber sido adoptada por la bancada del gobierno sin necesidad de tanto esfuerzo. En este campo es quizás su mayor deuda, aunque se justifique con el planteo que querían dejar de pasar este período de gobierno para asumir esa responsabilidad.

También se logró encontrar los restos de unos pocos desaparecidos, y se mantienen las excavaciones en algunos predios militares siguiendo algunos pocos informes obtenidos.

Asimismo se colaboró con la justicia de otros países, Chile y Argentina concretamente, con la extradición de militares implicados en secuestros y asesinatos. Aunque parezca poca cosa, la extradición de militares a Chile por el asesinato de Eugenio Berrios, es muy significativa, ya que se trató de un crimen dentro del Plan Cóndor en 1992, y que provocó un quiebre institucional –casi un golpe de Estado encubierto- en la administración del ex presidente Luis Alberto Lacalle.

En el campo de los derechos humanos y los juicios a los militares, el gobierno se movió con mucha cautela respetando la independencia del Poder Judicial, donde a veces los jueces y fiscales –en su mayoría simpatizantes de los partidos de derecha- se resistían a avanzar.
Otro logro importante, aunque incompleto, es la ley de reparación a las víctimas de la dictadura.

En la legislación, pese al veto presidencial al aborto, se lograron avances en otros campos, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la adopción a los homosexuales. También se reglamentó para que los homosexuales puedan integrar las Fuerzas Armadas. Se está tratando de modificar el Código Penal para dar una mayor agilidad al sistema y evitar abusos. Se creó la figura del ombusman carcelario, encargado de velar por las condiciones de los reclusos.

Es cierto que en este último campo hay mucho por avanzar, pero al menos se comenzó a legislar y buscar mecanismos para mejorar la situación. Cabe recordar que en las anteriores administraciones lo único que se había hecho era aumentar las penas para los delitos, llenando las cárceles más allá de sus capacidades y hacinando los presos en locales inadecuados.

Por otra parte, con las políticas sociales, se logró abatir los niveles de pobreza e indigencia, y ello puede repercutir, de mantenerse esa política, en una reducción paulatina de la delincuencia y la violencia.

El gobierno aumentó significativamente el monto de las asignaciones familiares, lo que permite disminuir la deserción escolar, e impacta positivamente en el ingreso de los hogares de menores recursos.

No menor es la importancia de la concreción del “Plan Ceibal” que dotó de una computadora portátil e Internet a todos los escolares de las instituciones públicas del país. Su impacto en la educación y el trabajo sólo podrá ser medido dentro de varios años.

Adiós al FMI

En materia económica, y recordando siempre que el gobierno del EP-FA no se está planteando construir ningún tipo de socialismo, se logró un crecimiento constante del Producto Bruto Interno (PBI) que no fue siempre acompañado de una mayor distribución de la riqueza. En cuatro años el PBI aumentó 32% en términos reales.

En este período de gobierno se liquidó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) rompiendo con esa dependencia. El camino elegido, pagar, ha sido criticado, pero en la región, ni los gobiernos más progresistas, han buscado una alternativa de no pago. Al parecer existe un consenso no escrito de que esa debe ser en todo caso una posición que se debe adoptar en conjunto y no cada país aisladamente.

Aunque se puede argumentar que el gobierno puedo hacer más, de todas maneras la inversión del Estado aumentó en este período. El economista y senador oficialista Alberto Couriel señaló que “la inversión bruta fija que en este período aumentó 71%, pasando el coeficiente de inversión de 14,4% en 2004 a 18,7% en 2008, uno de los más altos de los últimos 50 años. El crecimiento de la inversión se dio tanto en el sector privado, en el que aumentó 76%, como en el sector público que se incrementó en este período en 56%. Interesa señalar también que la inversión pública incrementó su participación en el PBI pasando de 2,4% sobre el PBI en 2004 a 3,7% en 2008”. Datos que no han sido contradichos por nadie.

El gobierno también logró reducir el déficit fiscal en comparación con los gobiernos anteriores, manteniéndolo en un nivel del 0,6 por ciento del PBI, aunque puede aumentar este año como consecuencia de la crisis económica internacional. La inflación, que siempre castiga más a los asalariados, se mantuvo por debajo del 10 por ciento en cada año.

Con la colaboración de Venezuela, el gobierno impulsó también la recuperación de empresas ocupadas por los trabajadores, facilitando la creación de cooperativas, como los casos de Fábrica de Vidrios y Funsa.

El gobierno también ha trabajado en crear bases y planes de futuro para el desarrollo del país, dentro de lo que se destaca la renovación de la petrolera estatal, ANCAP, con planes de inversiones de Venezuela, apertura de llamado a licitación para la prospección de petróleo y gas en la plataforma submarina uruguaya; el desarrollo de una nueva matriz energética con la instalación en el país de parques de energía eólica.

También es importante rescatar la recuperación de la soberanía en la producción del azúcar y el impulso a la producción de alcohol y biocombustible en Bella Unión. El país, que importaba casi el 90 por ciento de la azúcar que consumía, pasó en menos de cuatro años a abastecerse totalmente.

Finalmente para este resumen, habría que mencionar la discusión sobre la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos, cuestionada por argentinos y ambientalistas.

En primer lugar hay que recordar que el acuerdo para la instalación de esa planta y el tratado de inversión con Finlandia, fue acordado en el gobierno anterior, y que su desconocimiento por el nuevo gobierno hubiera sido muy caro para un país que estaba saliendo de su peor crisis económica en varias décadas.

La discusión sobre la contaminación de la planta tiene que partir del punto de vista de que cualquier actividad humana, e industrial contamina, por lo que deben importar los controles para que sea la menor posible. El otro aspecto es el impacto en la mano de obra y la tecnología que pueda quedar en el país. El aspecto forestal es ya otro capítulo, habida cuenta que la forestación en el país tiene más de 15 años.

Está claro también que se pudo haber avanzado más y más rápido en muchos campos, y que la distribución de la riqueza no tuvo el mismo ritmo que el crecimiento económico, pero de todas maneras, las políticas implementadas no fueron, ni por su concepción, ni por su aplicación y fundamentalmente por sus resultados, las mismas de los gobiernos anteriores.


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[1En 1969, un organismo internacional realizó una encuesta entre los estudiantes universitarios uruguayos. El objetivo era conocer que motivaba a los estudiantes elegir carrera. El 67% respondió que elegía determinada carrera porque consideraba que era lo que le serviría al país. En 1994 se repitió la encuesta, casi el 90% elegía la carrera que consideraba le haría ganar más dinero.

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