CHILE - Otra vez Puerto Montt, otra vez un Pérez, otra vez la impunidad

“Señor Pérez Zujovic,
por qué al pueblo indefenso
contestaron con fusil.
Señor Pérez, su conciencia
la enterró en un ataúd
y no limpiarán sus manos
toda la lluvia del sur.”
Victor Jara, Preguntas por Puerto Montt.

En septiembre del 2005, José Huenante, de 16 años, fue detenido por Carabineros de Chile y luego arrojado al estuario del Reloncaví. Pese a la existencia de testigos presenciales de los hechos y constancia de falsificaciones en los libros de detenidos y en la hoja de ruta de la patrullera, sólo la acción decidida de sus familiares y de algunos medios de prensa locales obtuvieron la formalización de los involucrados ante la desidia de las autoridades. De condena, nada, mientras no aparezca el cadáver no se hablará de homicidio tal cual con más de un millar de casos en las décadas de los setenta y ochenta.

La policía de Carabineros es parte del Estado de Chile, también las instituciones que sistemáticamente se han negado a investigar lo sucedido. Una desaparición forzada de una persona es un delito de lesa humanidad es más, es un delito que sólo puede cometer el Estado mediante sus agentes oficiales u oficiosos, verbigracia grupos paramilitares. Qué decir lo grave que es la desaparición forzada de un niño de dieciséis años.

Sin embargo nuestro ministro del Interior, quien en este momento subroga a Bachelet en la presidencia, ha considerado una “macana” (término usado en la acepción de mentira o desatino) al informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales que, entre otras violaciones graves a los derechos fundamentales (muchas de ellas de modo sistemático como en las cárceles y en la Araucanía) califica a José Huenante como el primer y único detenido desaparecido en “democracia”.

Edmundo Pérez Yoma responde airado en calidad de representante del Estado, y descalifica el informe con el forzado argumento de que en democracia no pueden ocurrir esos hechos. En similar sentido se pronunció Carolina Tohá, hija del ministro de Allende José Tohá víctima de la dictadura, y dirigente estudiantil en los ochenta. Para ellos sólo los crímenes perpetrados por Pinochet cuentan.

La desaparición de los nadie.

Chile es un país de huachos y de perdidos, quizá eso explique que existan algo de dos mil denuncias de presunta desgracia interpuestas por año sin resolverse, es decir, casi el doble de los detenidos desaparecidos reconocidos oficialmente durante los diecisiete años de dictadura. Cuando se drenó una zona de la cuenca del Bio-Bio para buscar a Jorge Matute Johns, joven desaparecido en los noventa, se encontraron algo de cinco cuerpos de otros seres humanos que nadie echaba de menos. Quizá se trataba de nadies, de personas que no importan, que no cuentan. Esos muertos exhumados en fosas comunes no poseían una familia detrás que presionara. Pese a ser una familia modesta el padre de Jorge Matute era dirigente sindical de la siderúrgica Huachipato es decir, no era un nadie, tampoco Jorge Matute. Me pregunto si el caso de José Huenante sea el único caso de desaparición forzada en democracia o sólo se trata de uno de los tantos desaparecidos que han contado con una familia para extrañarlos.

El Prontuario de Pérez Yoma.

Lo que se hereda no se hurta.

Edmundo Pérez Yoma heredó de su padre, Edmundo Pérez Zujovic, una pequeña fortuna y unos cuantos cadáveres. Pérez Zujovic fue asesinado en los setenta en el sitio en donde hoy está emplazada la rotonda homónima, años antes había ordenado el desalojo de unos pobladores en Puerto Montt, muy cerca del lugar en que Huenante fue desaparecido, el operativo culminó con decenas de muertos. La masacre inspiró a Victor Jara a componer “Las preguntas de Puerto Montt”, en que emplaza con nombre y apellido al entonces ministro del interior de Eduardo Frei Montalba.

Pérez Yoma ofició de ministro de defensa de Frei-Ruiz Tagle (o el Frei tonto) y luego de ministro del interior. Tuvo que dejar este cargo después de verse involucrado en el escándalo de las casas de nylon, o casas COPEVA, en que usando recursos públicos una empresa construyó viviendas sociales de pésima calidad las cuales, al no estar impermeabilizadas, tuvieron que ser cubiertas con bolsas plásticas durante el invierno. Pérez Yoma era ministro y también el dueño de la empresa COPEVA. También tuvo que renunciar Edmundo Hermosilla (recién incorporado a la campaña del Frei tonto) quién era el ministro de vivienda quién aprobó el proyecto de COPEVA luego de recibir como “regalo” a un caballo fina sangre. Perez Yoma, tanto y más involucrado que Hermosilla en el asunto, fue premiado con la embajada de Buenos Aires y regresó en el Gobierno de Lagos en calidad de ministro y luego confirmado por Bachelet. Ninguno de ellos fue sancionado ni por el evidente tráfico de influencias, fraude al fisco y profundo agravio a cientos de pobladores estafados con el sueño de la vivienda propia.

La reciente sentencia por el caso COPEVA indemniza con un millón de pesos (dos mil dólares) a cada una de las noventa familias que entablaron la demanda. Hasta hoy ningún periodista ha preguntado a Perez Yoma sobre sus impresiones sobre la decisión judicial que concede una cifra vergonzosa a los afectados y consagra una vez más la impunidad cuando de crímenes de poderosos se trata.

Pérez Zujovic ordenó disparar a los pobladores que se tomaron un predio para instalar sus precarias viviendas; su hijo, se sirvió del estado y de la pobreza para ganar dinero a costa de la misma necesidad, construyendo con dinero fiscal viviendas que luego debieron ser demolidas.

El Prontuario de la Universidad Diego Portales.

La universidad Diego Portales fue una de las primeras instituciones en favorecerse de la libertad de mercado impuesta por la dictadura en la educación. Pronto destacó al proponerse ser algo más que un buen negocio y con ello convocar a buenos docentes con los cuales no sólo emprendió procesos formativos sino que de investigación. En su seno se gestaron las grandes reformas legales de los noventa, en un momento fue una acrópolis, una muy cara y exclusiva acrópolis.

Allí conocí a Domingo Lobera y a Jorge Contese. El primero un reservado y aplicado alumno al quién nadie pondría en duda sus méritos; el otro, el típico buen alumno de la escuela de derecho de esa escuela, bullicioso y con buenas notas debido a sintonizar con el espíritu de la época más que por otro rigor o merecimiento. De Lobera y Contese, pese a lo dicho, nadie podría reprocharles negligencia aunque tampoco nadie, ni en un estado febril, podría confundirlos con exaltados, macaneros, preocupados de hacerle olitas al gobierno. Se trata de sujetos moderados que, fieles a la formación “portaliana”, realizan su trabajo en la comodidad, protección y anonimato de las aulas. Ninguno de ellos va a enfrentarse desnudo ante las injusticias que sus informes hace años denuncian pues desconocen voluntaristamente las profundas causas de éstas.

Contese y Lobera eran muy jóvenes cuando se estacionó Francisco Javier Cuadra en la Universidad Diego Portales pero aún así no escuché una palabra de reproche, menos en público, cuando un violador de los derechos humanos ingresó a nuestra Acrópolis lo que tiñe de hipocresía a sus “independientes” informes.

Todo Violador de los DDHH niega sus actos y culpa a las víctimas y mensajeros.

Fiel a su estilo Edmundo Pérez Yoma descalifica al informe de la Diego Portales y junto con ello a los profesionales que están detrás de éste, los cuales en sus vidas habían recibido un reto o una mala cara por algo. El mayor escándalo es que ni la Diego Portales, ni su escuela de derecho, ni tampoco su centro de DDHH son instituciones de izquierda, radicales, progresistas o libertarias. La UDP (o UDIPÉ como la llamo cariñosamente) ha sido el brazo derecho de la concertación destinada a producir las retóricas indispensables para gobernar durante estos veinte años. No sólo no ha sido opositora al gobierno sino que ha sido su leal consejera. Los informes de DDHH han sido silenciados por la prensa pero, como allí se registran verdades del porte de una catedral, han sido tomados en cuenta por el poder judicial quien ha evacuado una serie de informes sobre nuestra situación carcelaria.

¿De qué sirven esos informes?

En términos prácticos de nada, se regían bajo la fórmula de Vicuña Mackenna: “Escribe con tranquilidad pues en Chile nadie lee”. Pero la inclusión del primer caso de detenido desaparecido (Caso que el informe ya no podía seguir callando pues perdería legitimidad en los círculos en los que a pesar de sus limitaciones es considerado) ha obligado a la reacción histérica: La concertación no tolera mirarse al espejo.

Este impasse ha sido similar a lo sucedido en “transparencia internacional”. Al mismo tiempo las instituciones que alientan la producción de verdad sucumben cuando los resultados les son insoportables.

Quizá la UDIPÉ, timoneada con rigor por el columnista del Mercurio Carlos Peña Gonzalez, pensó que “ultimo informe nadie se enoja” pues en los posteriores deberán escrutar a Piñera. Pero falló en el golpe pues no previó hasta donde llega la soberbia e hipocresía de nuestros actuales gobernantes.

En cuanto a Contese y Lobera deberán aprovechar la oportunidad para una extensa temporada posgradual en el extranjero.

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