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URUGUAY - Despiertan los fantasmas

Ernesto Tamara

Domingo 8 de mayo de 2011, puesto en línea por Barómetro Internacional, Ernesto Tamara

La pronta sanción de un proyecto de ley para dejar sin efecto en la práctica la ley de Caducidad de la pretención punitiva del Estado, que dejó a los militares sin responsabilidad en la violación de los derechos humanos, ha revelado que tanto militares en retiro como en actividad, siguen operando políticamente y cuentan con la complicidad de sectores de la clase política.

Los militares en actividad tienen prohibido por la Constitución, participar y realizar comentarios de tono político. Sin embargo, tras la sanción del Senado de la ley interpretativa, que ahora discutirá Diputados, los jefes militares en actividad están operando en política para que el presidente de la república, José Mujica, vete la misma cuando le sea enviada para su ratificación.

El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, señaló su convicción de que el problema con la Ley de Caducidad «es un tema estrictamente político» pero que lo que «eventualmente pase» con ella «sin duda va a afectar al factor militar». Extraoficialmente los jefes de las tres armas admiten haber hablado con jerarcas del gobierno para que detenga la iniciativa del parlamento. Mientras, los círculos militares en retiro han sido mucho más agresivos y presentan documentos en contra de la ley interpretativa, que recogen los argumentos de políticos de los partidos tradicionales que cuando fueron gobierno jamás juzgaron a un militar por un crimen de la dictadura.

En un acto el pasado 14 de abril, fecha en que los militares celebran el “día de los caídos en la lucha contra la subversión”, los ex jefes militares acusaron al gobierno de implementar “un golpe de Estado técnico” al pretender juzgarlos, de “avasallar y deteriorar la democracia”. Las acusaciones de los ex jefes militares tuvieron el apoyo silencioso, con su presencia en el acto, de los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle.

En los últimos días se generó un nuevo debate cuando un medio de prensa filtró un supuesto documento de los años 90, que formaba parte de una negociación secreta entre militares y dirigentes de la ex guerrilla Tupamaros, para conocer el paradero de los desaparecidos y dejar a los militares sin sanción por sus actos.

El documento, muy mal escrito, no fue reconocido ni por militares ni por tupamaros que participaron en esas negociaciones, que por otra parte, no llegaron nunca a un acuerdo. Las negociaciones existieron y eran conocidas desde hace años, incluso hay libros y entrevistas de prensa que hablaron de ello.

La filtración de este documento –que ni los militares reconocen- es considerada como un operativo de servicios de inteligencia para “ensuciar la cancha” e instalar dudas sobre todo el proceso de la anulación de la ley de Caducidad. Revela además que los militares en actividad –aunque por la edad puedan no ser responsables de los crímenes de la dictadura- siguen defendiendo los métodos de sus antecesores, lo que representa una amenaza futura.

El debate sobre un supuesto video que casi nadie ha visto, donde tres militares encapuchados amenazan al gobierno y jueces si prosiguen procesando militares, también ha provocado incertidumbre. Según algunos expertos, el lenguaje empleado en ese video, donde un encapuchado lee un documento, es propio de abogados y no de uniformados, lo que indicaría complicidad de ciertos sectores políticos con ese operativo.

Las críticas al proyecto de ley interpretativa han aumentado en intensidad, no sólo desde el lado de los militares que temen tener que ir a los juzgados, sino también de sectores de la izquierda, tanto por la demora en derogar la ley de caducidad, como por el mecanismo empleado que genera dudas.

El valor de las leyes

La oposición al gobierno sostiene que el parlamento no puede derogar una ley que resistió dos plebiscitos en su contra, al sostener que una ley que tiene respaldo del electorado, tiene un rango mayor que otras leyes.

Sin embargo, según el prestigioso constitucionalista Horacio Cassinelli Múñoz, y el propio criterio de la Suprema Corte de Justicia, en Uruguay no hay leyes con más valor que otras. De hecho, la Suprema Corte de Justicia, pese a que la ley de Caducidad resistió los plebiscitos en su contra, la declaró inconstitucional en 26 casos presentados. Nadie se atrevió a acusar a la Suprema Corte de Justicia de ignorar “el mandato popular” como si se hace cuando la mayoría del parlamento pretende seguir en esa línea.

Por lo demás, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que condenó a Uruguay en el llamado “Caso Gelman” por el secuestro y desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, señala que Uruguay debe eliminar la ley de Caducidad porque contradice los tratados firmados por Uruguay en materia de derechos humanos.

Según los criterios asumidos internacionalmente en materia de derechos humanos, los acuerdos internacionales tienen valor de rango constitucional, por lo que la legislación interna de cada país debe adecuarse a esos convenios.


ernestotamara[AT]gmail.com

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