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CHILE - Fuerzas armadas chilenas, memoria y renovación a 40 años del golpe de Estado

Carlos Gutiérrez P.

Martes 24 de septiembre de 2013, puesto en línea por Claudia Casal

22 de septiembre de 2013 - Se han cumplido cuarenta años desde que las fuerzas armadas chilenas encabezaron un golpe de estado civil-militar contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende aquel aciago 11 de septiembre de 1973, y hoy más que nunca resuenan los ecos de un conjunto de tareas no resueltas en el ámbito de la memoria y de la renovación de las instituciones castrenses.

Las fuerzas armadas chilenas por opción ideológica fueron parte de un engranaje regional en la guerra fría anticomunista dirigida por Estados Unidos, que sistematizaron y ejecutaron desde fines de los años sesenta, transformándose en un actor político que también transportaba las contradicciones propias de la sociedad chilena de entonces, resultando en el quiebre de septiembre de 1973 e inaugurando una dictadura que practicó el genocidio, las violaciones de los derechos humanos en forma sistemática e institucionalizada a través de la violencia inaugural que abre una nueva versión del modelo de desarrollo capitalista.

Es una historia traumática para la sociedad chilena, incluida la propia corporación militar que debe sobrellevar el asesinato de dos Comandantes en jefe del Ejército por sus propios camaradas de armas, los generales Schneider y Prats; la muerte de un general de aviación por torturas, el general Bachelet; así como otros oficiales, suboficiales y cuadro permanente de las tres ramas de las fuerzas armadas que fueron torturados en sus propios recintos militares; el exilio de muchos uniformados; la destitución ilegal en la misma mañana del 11 del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Montero por el golpista Merino.

Frente a la sociedad cargan con miles de detenidos desaparecidos, de torturados, ejecutados sin juicios, exiliados, asesinados en falsos enfrentamientos, atentados a líderes políticos en otros países soberanos, coordinaciones con otras dictaduras de la subregión para la eliminación física de los opositores.

De esta horrorosa realidad todavía no existe una plena convicción al interior de la corporación militar, y aunque a mediado el famoso “Nunca Más” que pronunciara en los años 2000 el entonces Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, ha primado en los hechos una triple condición que ampara la impunidad: el pacto de silencio implícito en torno a la verdad de los detenidos desaparecidos y sus respectivos victimarios; la tesis del contexto histórico para justificar y dar sentido a la interrupción constitucional y la consecuente violencia deshumanizante institucionalizada; la mantención de la iconografía dictatorial reflejada en símbolos, denominaciones, condecoraciones y otros propios del ritual militar que siguen siendo parte de la vida cotidiana de los actuales uniformados.

Mientras no se opere en profundidad sobre esta realidad, que abra paso a la verdad y posterior justicia, la impunidad reinante seguirá siendo el obstáculo para la reconciliación y relegitimación de las instituciones armadas.

Distintas encuestas de opinión durante todo el período de transición democrática siempre han otorgado mayorías precarias de aprobación en la confianza hacia las fuerzas armadas, pasando por momentos más complejos dependiendo de ciertas coyunturas. Esto sigue siendo llamativo puesto que ha habido una efectiva derivación de los debates que en la década de los noventa del siglo pasado estuvieron concentrados en los asuntos de relaciones civiles militares, muy propio de los acomodos de la inicial transición, a los temas propiamente institucionales relativos a la defensa y la seguridad, que incluso se tradujeron en tres ediciones de libros blancos de codificación de la posición y visión nacional sobre la defensa.

Los resultados de estas encuestas son el reflejo de una mirada nacional que no termina de asumir a las instituciones castrenses como un patrimonio nacional, que se hayan sobrepuesto a las contingencias políticas nacionales y sobre todo despojadas de una caracterización política conservadora y ligada a partidos de derecha.

En esta percepción pesan en forma importante la historia reciente que ya hemos visto, pero también las deficiencias e insuficiencias de la construcción y desarrollo de la política de defensa post dictadura, donde paulatinamente se desplazó la participación de la comunidad civil académica, profesional y de organizaciones no gubernamentales; manteniendo las prerrogativas de una justicia militar autoritaria e invasiva, que todavía abarca a delitos e incumbentes propios de la justicia civil a contrapelo de la tendencia en el derecho internacional; prolongando un financiamiento para el equipamiento militar ajeno a todo debate y control del poder legislativo a través de un mecanismo automático que es único y distinto a todo el resto del financiamiento público y estatal, cargando además en forma onerosa a la principal actividad económica del estado que es la producción minera del cobre, que ha impactado en un gasto militar inédito en nuestra historia produciendo una espiral de adquisiciones de sistemas de armas que se fundamentaron en planes provenientes exclusivamente de las instituciones armadas sin el contrapeso de un ministerio en forma, y que durante años ha estado en los primeros lugares del gasto militar en la región; sigue siendo una corporación plagada de privilegios, particularmente en los asuntos de salud y previsional, en los dobles sueldos de los militares en retiro; a pesar de los avances que la sociedad ha experimentado en torno a los derechos e igualdad de todas las personas, en las instituciones castrenses se continúa discriminando por género para el acceso a la totalidad de la carrera militar.

Sumado a esto se encuentra uno de los episodios más complejos que han tenido que asumir las instituciones del Estado frente a la ciudadanía chilena, como fue el terremoto de febrero del 2010, donde las instituciones militares mostraron una cara de ineficacia imprevisible atendiendo a los enormes recursos económicos que se les había proveído durante años, en los campos de las comunicaciones, del transporte aéreo, de la información científica, de los mandos y del alistamiento de emergencia. Aún está pendiente una evaluación seria, externa, pública y responsable para aprender de tales experiencias.

Asumir la memoria y la renovación son dos aristas de una misma ecuación, aquella que implica configurar una institución para las tareas de un Estado democrático, con vocación humanista, pacífica e integradora.


Reproducción por iniciativa del autor.

http://gutierrezopina.bligoo.com/fuerzas-armadas-chilenas-memoria-y-renovacion-a-40-anos-del-golpe-de-estado

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