COLOMBIA-VENEZUELA - ¿Negociaciones imposibles?

La compleja situación social y política de la hermana república de Colombia nos mostró acontecimientos importantes (por lo menos desde el punto de vista mediático) en el transcurrir del segundo semestre del 2007.

La posibilidad de abrir una negociación para el intercambio de prisioneros entre el gobierno neogranadino y las FARC, con el nombramiento en septiembre por parte del presidente Uribe de la senadora Piedad Córdoba como facilitadora y la intervención del presidente Hugo Chávez como mediador, iniciaron una secuencia de eventos -en los cuales estuvo también implicado el gobierno francés- que despertaron las esperanzas de conseguir la libertad de ciudadanos retenidos por ambos bandos, sobre todo entre los familiares de los prisioneros de la guerrilla y por supuesto en todos aquellos que deseamos una posibilidad de paz para ese país.

El abrupto fin de ese proceso a partir de la decisión del presidente Uribe de quitar a Piedad Córdoba y al presidente Chávez de sus respectivos roles, esgrimiendo como motivo una comunicación telefónica entre éste último y un alto general del ejército colombiano (conversación que no duró más de dos minutos), provocó una airada respuesta de parte del presidente venezolano y una réplica aún más dura de su homónimo colombiano.

La consecuencia más grave de este incidente, además de poner fin a la negociación en curso, fue la tensión en las relaciones diplomáticas entre ambos estados, que llegaron (y aún se mantienen así) a un punto cercano al quiebre.

A fines de noviembre el proceso que parecía haber llegado a su fin vuelve a resurgir con la oferta hecha pública de las FARC de liberar -como un gesto de buena voluntad y un reconocimiento al esfuerzo realizado por Piedad Córdoba y el presidente Chávez- a dos mujeres prisioneras y al niño de una de ellas nacido en cautiverio.

Este anuncio generó un movimiento de rescate para concretar la entrega de los prisioneros que tuvo gran apoyo internacional. La ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, ubicada a 90 Km. de Bogotá, se convirtió en el centro de la Operación Emmanuel (nombrada así por el niño que se prometía entregar). La operación estuvo organizada por el gobierno venezolano e implicó entre otros a la Cruz Roja, al ex presidente de Argentina, Néstor Kitchner, al asesor en Relaciones Internacionales del gobierno de Brasil, Marco Aurelio García, y a altos delegados del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy.

Durante varios días la atención internacional se concentró en la delegación ubicada en Villavicencio, que sólo esperaba de las FARC las coordenadas del sitio de entrega para enviar los aviones y helicópteros preparados para tal fin. La expectativa creció en la medida que se esperaba que la entrega se realizara alrededor del 31 de diciembre, fecha que había sido considerada como un hito en la primera fase de negociación.

Ese mismo día, las FARC informaron al gobierno venezolano que suspendían la operación, porque no existían las condiciones de seguridad como para realizarla, ya que el ejército colombiano se mantenía beligerante realizando “intensos operativos” militares y no estaba asegurada la vida de los rehenes ni la de los guerrilleros que realizarían la entrega.

Simultáneamente el presidente Uribe se trasladaba a Villavicencio para asegurar que el gobierno colombiano no era responsable de lo sucedido, sino que la verdadera razón era que las FARC no tenían al niño en su poder. Llevó consigo la “hipótesis” de que el niño estuviera en la ciudad de Bogotá, en un centro estatal de atención a menores desamparados desde hacía dos años. Sería necesario para confirmar tal hipótesis el análisis de ADN del niño en cuestión y compararlo con el de los familiares cercanos.

El resto de la historia es conocido. Las FARC reconocieron en un comunicado que efectivamente el niño no estaba en su poder, sino que lo habían entregado en Bogotá ya que no podían mantenerlo en las críticas condiciones del camino de guerrilla y que no habían podido recuperarlo porque el gobierno colombiano se los había impedido. Se realizó la prueba de ADN (el gobierno colombiano no permitió que participaran en ese análisis los expertos venezolanos) y el análisis reveló un alto porcentaje de probabilidad de que el niño referido fuera quien se suponía.

Resultado final: Nuevamente han sido defraudadas las esperanzas y expectativas de lograr avances positivos en la situación de guerra no declarada en que se encuentra Colombia desde hace más de cuarenta años.

No es posible aquí analizar las causas estructurales de estos repetidos fracasos ya que ellas están implicadas en un largo proceso de décadas en la compleja sociedad colombiana, pero sí podemos establecer algunos parámetros de la situación política actual que han determinando los acontecimientos sucedidos.

En primer lugar, parece evidente de que toda negociación entre el gobierno colombiano y las FARC está totalmente condicionada por la posición política y los intereses del Palacio de Nariño. La dura posición que ha tenido el gobierno de Uribe con respecto a la guerrilla y los compromisos adquiridos con el gobierno norteamericano (Plan Colombia) le obligan no sólo a no reconocer a las FARC como parte beligerante en el largo conflicto, sino a seguir intentado imponer a nivel internacional la matriz de que constituyen una organización terrorista y narcotraficante, con la cual solo es posible lograr el derrotarlos militarmente.

Cualquier negociación exitosa en intercambio o liberación de prisioneros da a las FARC automáticamente el status de ser un interlocutor válido en el conflicto. Parece ser claro entonces que el gobierno de Uribe no tenga ningún interés real en que se realice con éxito cualquier negociación. Esto está reafirmado no sólo por la manera en que se cortó la primera negociación cuando aparentemente se estaban logrando resultados concretos, con una razón tan nimia como la famosa llamada telefónica, la que apareció más como una excusa que como una verdadera razón. Además, en la respuesta que Uribe dio a Chávez luego de haber suspendido su condición de mediador, llegó a decir más o menos textualmente: “No queremos una mediación que reconozca a los terroristas, sino una que nos ayude a acabar con ellos”. Igualmente, la misteriosa muerte del primer enviado de las FARC con las pruebas de vida de Ingrid Betancourt y la detención y acusación por terrorismo a los dos delegados de la guerrilla que finalmente llevaron el video que comprobó que estaba viva, muestran como es muy poco lo que puede esperarse del gobierno colombiano en colaborar con cualquier intercambio humanitario, aunque su discurso diga lo contrario.

En este último caso de la frustrada entrega de prisioneros, aunque Uribe se desplazó a Villavicencio a asegurar que no era el gobierno colombiano el responsable de la suspensión de la entrega, nunca quiso asegurar el “corredor” libre que las FARC pedían para poder realizarla, y a pesar de que declaró que no habían operaciones militares en la zona (en realidad dijo enfrentamientos), la propia página web del ejército colombiano informó en esas fechas de una confrontación armada en ese territorio que dejó por lo menos un guerrillero muerto y dos prisioneros. Su argumento de que el niño no estaba en poder de las FARC consistió (en sus propias palabras) en ese momento en una “hipótesis”, lo cual constituía a esas alturas algo muy poco sólido como para confirmar el fin del proceso de entrega.

Y con respecto a las FARC, reconociendo sus dificultades de comunicación y movimientos en una situación de guerra no suspendida (y aún teniendo en cuenta que posiblemente el episodio del niño sea parte de ese oscuro sistema que se llama “la acción de la comunidad de inteligencia”) de todos modos la oferta de entregarlo cundo no estaba en su poder revela por lo menos un grave desmérito organizativo o una forma no muy seria de manejar la situación. Así, aunque desde el punto de vista mediático parecen haber salido gananciosas, ya que aparentan haber mostrado una actitud más abierta y colaboradora con la liberación que la del gobierno colombiano, al no haberse podido llegar a hechos concretos, no quedan resultados que las avalen como el “bando más humanitario” del conflicto.

En definitiva, aunque se sigan realizando intentos (que es lo que debe hacerse) para ayudar a mejorar la situación colombiana, todo parece indicar que la intransigencia de algunos de los actores, los intereses que están en juego y los dobles discursos, hacen muy difícil que todos los buenos esfuerzos realizados desde el exterior puedan concretarse.

Aparentemente Colombia deberá resolver por sí misma y dolorosamente (¿más aún?) el conflicto que la desgarra desde hace casi medio siglo.

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