CHILE - Carabineros

Historia – La institución durante los gobiernos de la Concertación – Estructura – Grados del personal – Modernización

Historia

La Policía uniformada tiene sus orígenes en el año 1902, cuando el entonces Presidente de la República Germán Riesco, dispuso que cuatro regimientos de caballería del ejército pusieran a disposición del Ministerio del Interior un escuadrón cada uno para que efectuaran labores de policía en las zonas rurales del país, al año siguiente esta agrupación de tropas se denominó Regimiento de Gendarmes, cambiando su denominación a poco andar con la dictación del Decreto Supremo Número 4858 de 16 de Octubre de 1908 por el de Regimiento de Carabineros, posteriormente, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y con la dictación del Decreto Supremo 2.484 de 27 de Abril de 1927 se decreta la fusión entre la Policía encargada de la vigilancia urbana del país y el Regimiento de Carabineros, surgiendo de esta forma el Cuerpo de Carabineros de Chile.

Aún así hablar de una fusión en realidad es bastante equivocado, toda vez que en realidad lo que se produjo fue una absorción de las policías encargadas de la vigilancia urbana por parte del cuerpo de Carabineros, de esta forma en la década de 1930 Chile contaba más que con una policía, con una fuerza militar encargada de la seguridad interna de la nación.

Sin embargo y a partir “de la década del cincuenta, más específicamente a partir de la asunción de la dirección del cuerpo por parte del General Arturo Queirolo Fernández, este parece llegar a su madurez, desligándose de su pasado militar, en efecto, signos de este cambio son la creación de la Brigada Femenina de Policía; y algún pequeño germen de policía social” [1]

Estos nuevos aires en la institución duran muy poco, ya que dado el contexto de la guerra fría que caracteriza la segunda mitad del siglo XX, y por medio de la intervención norteamericana se produce una remilitarización de Carabineros alcanzando su mayor nivel durante la década de 1960, cuando la institución es equipada con armamento de guerra “sólo a manera de ejemplo diremos que a fines de la década del sesenta, Carabineros recibió fusiles Sig 510-46 y carros de combate Mowag, de lo que se esta hablando aquí es de armamento militar, en el primer caso de un arma de infantería de asalto, de calibre demasiado grande y potente para su empleo en ciudad, en el segundo caso creo que no hacen falta mayores comentarios” [2].

Junto a los nuevos equipos militares llega también a la institución desde Estados Unidos, la Doctrina de la Seguridad Nacional, en efecto son diversos los cursos que se realizan tanto al interior del país como en el extranjero, principalmente en la llamada “Escuela de las Américas” de Panamá.

La doctrina de la Seguridad nacional se puede definir de la siguiente manera “desde que nació el primer grupo organizado, surgió la necesidad de contar con un sistema que le permitiera asegurar su alimentación, seguridad y libertad, frente a otros grupos sociales, que pretenden su destrucción ya que la dinámica social es que el grupo más fuerte termina doblegando siempre al más débil, por lo que la organización encargada de la protección del cuerpo social (el Estado en el común de los casos) deberá tener la suficiente fuerza para imponerse a los enemigos del grupo, para asegurar su subsistencia” [3]

Las consideraciones anteriores nos permiten explicar el contexto en el cual se dan algunos de los horrores del golpe militar encabezado por las fuerzas armadas y de orden.

Largo sería de enumerar los numerosos horrores en que se vieron implicados los carabineros durante el periodo comprendido entre 1973 a 1989, pero diremos a manera de ejemplo los siguientes:

– De los insurrectos, fueron los carabineros quienes más bajas sufrieron el 11 de Septiembre de 1973, en efecto, se encuentran acreditadas las muertes ese día de unos 13 carabineros [4]

– En los días posteriores al golpe, las comisarías (cuarteles), fueron utilizados como prisiones de prisioneros políticos, en estos lugares se practicaron torturas y se cometieron asesinatos [5].

– Desde el golpe la institución participó activamente en la persecución y eliminación de sus conciudadanos [6]

– El punto culminante en las labores anteriormente descritas alcanza su grado mácimo con la creación de la DICOMCAR [7].

A partir de las jornadas de protesta, iniciadas a principios de la década de 1980 Carabineros de Chile sumó a sus funciones el rol de “matón” del régimen militar, tarea que contribuyó a desacreditar más a la institución, ya que a las golpizas, carros lanza agua, lanza gases, debían sumarse muertos [8] .

Sin embargo el caso que marcó el clímax, en el actuar de estos nuevos “matones” se produjo en el mes de Marzo del año 1985, en esta ocasión fueron secuestrados tres profesores comunistas, al poco tiempo los tres aparecieron salvajemente asesinados en un camino solitario, muy cercano al aeropuerto de Santiago, este caso fue llamado “degollados”, en principio y como siempre, las autoridades de la época señalaron que se trataba de un ajuste de cuentas al interior del Partido Comunista, pero pronto esta tesis se quebró por un informe de la CNI [9] , en el cual se “señala como responsable de los hechos a DICOMCAR” [10].

La institución durante los gobiernos de la Concertación

Con el termino formal de la dictadura militar en el año 1990 y el advenimiento de los gobiernos de la Concertación, se ha intentado limpiar la imagen de la institución en forma incesante e ineficiente y centrar su accionar en sus labores actuales y estrictamente profesionales, sin embargo y en lo que va corrido de los gobiernos de la concertación, es posible advertir reacciones más cercanas a las militares que a las netamente policiales [11] En efecto podemos citar como ejemplo el llamado baleo de Las Condes del 21 de octubre de 1993, cuando un bus lleno de rehenes fue acribillado por carabineros, resultado de esto murieron seis personas y heridas una docena, la investigación posterior demostró que desde el interior del bus se dispararon una treintena de balas, mientras que Carabineros disparó más de 160 veces contra el bus inmóvil, sin preocuparse por la suerte de los rehenes. (La Tercera 28 de Junio de 1997).]], es así como tenemos casos de “suicidios” de detenidos en cuarteles policiales [12], “Más casos de la respuesta de Carabineros en situaciones análogas, podemos encontrar por montones, ya sea una balacera a causa de Policías que fueron descubiertos en actos presuntamente delictivos, ya sea muertos a causa de los disparos de Carabineros en alguna manifestación o protesta” [13].

No deja de llamarnos profundamente la atención que el hecho de que al asumir el mando de la nación Patricio Aylwin Azocar, solicitara al General Rodolfo Stange, que permaneciera en el mando de la institución mientras durara su mandato aunque el oficial dejo su cargo en Octubre de 1994, luego que se vio involucrado en el caso degollados en calidad de encubridor de los hechos, sin embargo se mantuvo en el mando por 4 meses después de que estallara el escándalo y de que el Presidente le solicitara formalmente la renuncia al puesto.

Reemplazó al General Stange, el también General Fernando Cordero, quien fue designado el día 16 de octubre de año 1995 y permaneció en el mando de la institución hasta el año 1997, hoy actual Senador Institucional, este fue reemplazado por el General Manuel Ugarte que estuvo en el mando de la Institución hasta el año 2.002, cuando fue reemplazado por el General Alberto Cienfuegos, quien permanece hasta la actualidad, en dicho cargo.

La principal batalla que han dado los gobiernos de la concertación, es el intento de cambio de dependencia de la institución al Ministerio del Interior, hasta el año 1973 dependía de dicho Ministerio, desde ese momento pasó a depender del Ministerio de Defensa, donde continúa hasta el día de hoy.

Estructura

Como se dijo con anterioridad Carabineros de Chile depende del Ministerio de Defensa Nacional y se relaciona administrativamente con este por medio de la Subsecretaria de Carabineros.

A la cabeza de la institución está la Dirección Nacional, que establece, consolida, difunde y desarrolla las políticas institucionales, esta se encuentra a cargo de un oficial con el grado de General Director, de esta dirección dependen la Inspectoría General, una Subdirección General, el Gabinete del General Director y la Dirección de Planificación y Desarrollo [14] .

La Inspectoría General es el órgano contralor y fiscalizador del General Director. Realiza la inspección dentro de los niveles de mando de la Institución para verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, disposiciones internas y actividades encomendadas a las diferentes jerarquías, y propone medidas de mejoramiento de la eficacia operacional y administrativa [15].

El Gabinete del General Director Es el órgano ejecutivo del General Director, dependen de el tres Departamentos, Comunicaciones, Relaciones Internacionales y Relaciones Públicas [16].

La Dirección de Planificación y Desarrollo es un organismo permanente de trabajo y asesoría en las funciones y tareas del ejercicio del mando policial de la Institución, difunde la visión estratégica y el pensamiento del General Director, analiza y evalúa las informaciones y comunicaciones que generan la función policial, estudia los proyectos de modificaciones orgánicas y funcionales de la Institución y propone planes de desarrollo y capacitación del personal [17].

La Subdirección General ejecuta, implementa y coordina todas las acciones que deriven de las funciones de administración superior. También desarrolla las tareas de dirección y supervisión de las altas reparticiones a su cargo, dependen de ella las Direcciones de Personal, Orden y Seguridad, Inteligencia Policial, Finanzas, Salud, Educación y Bienestar también depende de dicha Subdirección el Servicio de justicia [18].

La Dirección de Personal, es el órgano encargado de la administración del personal en todo lo relacionado con reclutamiento, selección, distribución, evaluación, mantención, desarrollo y licenciamiento de los recursos humanos de Carabineros en todos sus niveles [19].

La Dirección de Orden y Seguridad tiene por objetivo prevenir la comisión de crímenes, simples delitos y faltas; mantener el orden público; investigar los hechos punibles de oficio y por mandato de los Tribunales; y otorgar el auxilio de la fuerza pública a requerimiento de organismos o agentes del Estado, mediante servicios ordinarios, extraordinarios y especializados dependen a su vez tres Direcciones, (Frontera y Servicios Especiales, Protección Policial de la Familia y de investigación delictual y drogas) y Catorce Jefaturas de Zona, las que corresponden dos jefaturas a la región Metropolitana (Este y Oeste), y el resto una a cada una de las trece regiones del país [20].

La Dirección Logística norma, dirige, ejecuta y evalúa el proceso logístico Institucional, a fin de proveer los bienes materiales y servicios que Carabineros requiera. Le corresponde determinar la calidad y cantidad de bienes materiales en uso, como también los programas de adquisiciones. Procura el mejor aprovechamiento de los bienes, su mantención e incorporación de nuevos elementos. Asesora al Alto Mando en la adquisición de armamento, elaboración de presupuestos, mantención de vehículos, administración de fondos para construcciones, etc [21].

La Dirección de Inteligencia es responsable de producir y difundir permanentemente y con los recursos asignados, Inteligencia Policial en materias de Orden y Seguridad Pública y Seguridad Institucional, con el propósito de asesorar la toma de decisiones de los Mandos en el nivel Estratégico [22].

La dirección de Frontera y Servicios tiene por objetivo planear, organizar, dirigir y controlar técnicamente, todo lo relacionado con fronteras y tránsito en las distintas unidades y reparticiones especializadas en el tema. Ello, a fin de aunar criterios y definir estrategias, planes y políticas de acción, dependen de ella el Servicio de Fronteras, la Prefectura Aeropolicial, la Seguridad Presidencial, la Protección de Personas Importantes y las Operaciones Policiales [23].

La Dirección de Investigación Delictual y Drogas tiene por misión el planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de las operaciones policiales preventivas y operativas, en el ámbito nacional, orientadas a reducir la demanda y controlar la oferta del tráfico y consumo de drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas. También le corresponde controlar todas las conductas ilícitas que se derivan de estos hechos delictuales [24].

La Dirección de Protección Policial de la Familia tiene por finalidad planear, organizar, dirigir y controlar a escala nacional todos los aspectos relacionados con la materia, estableciendo unidad de doctrina en cuanto a objetivos, estrategias, políticas, planes, programas y procedimientos en todos los organismos, unidades y reparticiones relativos al tema. Cumple sus objetivos a través de sus Departamentos Asuntos de la Familia y Policía de Menores y de su Prefectura de Menores que en su nivel operativo mantiene las Comisarías de Menores, Mujeres y Asuntos de la Familia. Mantiene 27 Secciones y dos Subcomisarías especializadas a lo largo del país [25]

De las Jefaturas de Zona dependen las unidades operativas; Prefecturas, Comisarías, Subcomisarías, Tenencias, Retenes y Avanzadas [26].

La Dirección de Finanzas es la encargada de la obtención y distribución de los recursos financieros asignados a la Institución por medio de la Ley de Presupuestos anualmente, además, asesora al alto mando y distintos niveles jerárquicos de la Institución en materias relacionadas con Finanzas, contabilidad, abastecimientos y auditorías de estados financieros e informes contables [27].

El Servicio de Justicia es el órgano asesor de la Institución en aquellas funciones judiciales que le competen según la ley. Además, le corresponde la defensoría jurídica del personal en materias judiciales conforme a la reglamentación vigente [28].

La Dirección de Salud tiene por objetivo planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar en el ámbito nacional, todos los aspectos relacionados con la gestión de salud, estableciendo unidad de doctrina y criterios técnicos uniformes en cuanto a objetivos, estrategias, políticas, planes, programas y procedimientos, en todos los servicios establecimientos u organismos de la Institución, vinculados con la materia, de esta dirección depende el Servicio de Sanidad [29].

La Dirección de Educación ejerce la administración superior y directiva de los procesos educacionales que se ejecutan y desarrollan en los distintos planteles docentes de la Institución, como asimismo, vela por el cumplimiento de las políticas educacionales de las áreas docente, comunicacional, de investigación y extensión [30].

La Dirección de Bienestar tiene por objetivo proporcionar al personal de Carabineros en servicio activo en retiro y a sus familias, ayuda material, habitacional, espiritual, moral, económica, de orientación social, salud y recreacional, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida que contribuya a su bienestar integral [31].

Finalmente el Servicio de Sanidad es el organismo técnico asesor de la Dirección de Salud, encargado de la dirección, planificación y funcionamiento de la asistencia médica que se proporciona al personal activo y pasivo de la Institución y sus cargas familiares. Sus objetivos son mantener en un nivel de excelencia la salud en Carabineros, a través del uso de avanzada tecnología y el permanente perfeccionamiento de su equipo multidisciplinario de profesionales. A cargo del Servicio de Sanidad está también la Comisión Médica Central, la cual establece la aptitud para el servicio del personal [32].

Grados del personal

El personal de Carabineros de Chile es posible clasificarlo en dos; el Personal de Nombramiento Supremo y el Personal de nombramiento Institucional.

Tenemos entonces que de acuerdo a la ley 18.691, componen la primera categoría de funcionarios, es decir el personal de nombramiento supremo los Oficiales Generales, los Oficiales Superiores, los Oficiales Jefes y los Oficiales subalternos.

Son Oficiales Generales los funcionarios de grado General Director, General Inspector o General de Carabineros.

Son Oficiales Superiores los funcionarios de grado de Coronel. Son Oficiales Jefes los funcionarios de grado Teniente Coronel o Mayor.

Son Oficiales Subalternos los funcionarios de grado Capitán, Teniente y Subteniente.

Componen por su parte al Personal de Nombramiento Institucional los funcionarios de Grado Suboficial Mayor, Suboficial, Sargento 1°, Sargento 2°, Cabo 1°, Cabo 2° y Carabinero.

Modernización

Durante los gobiernos de la Concertación se ha señalado de manera constante el “proceso de modernización de Carabineros”, mismo que ha tenido como base el aumento de los medios materiales y humanos de la institución, en efecto las plazas de la institución fueron fijadas por la ley 18.291 de 1984; para fines de la dictadura el personal llegaba a 30.534, con la llegada de los gobiernos de la concertación las plazas fueron aumentadas progresivamente hasta alcanzar la suma de 39.881, es decir 9.347 funcionarios más en un periodo de 16 años, o lo que es lo mismo un aumento del personal en un 30.61%, con un promedio anual de 584 funcionarios al año, o lo que es lo mismo un aumento del orden del 1.86% anual.

Lo anteriormente señalado, no es menor, toda vez que si tomamos en cuenta que la población de Chile aumenta a un ritmo de 1.32% anual [33], de esta forma podemos señalar que al final de la dictadura se había contratado 1 Carabinero por cada 433 habitantes, durante los Gobiernos de la concertación, se ha contratado 1 Carabinero nuevo por cada 311 nuevos habitantes de la República.

El aumento de la planta de Carabineros se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

Durante el primer Gobierno de la Concertación, en el que ostentaba el mando de la nación Patricio Aylwin Azócar, por medio de la ley 19.006, de 15 de Noviembre de 1990 se aumento la planta de la institución en 4.359 plazas, poco tiempo después por medio de la ley 19.127 de 8 de Febrero de 1992, se aumento nuevamente la planta, esta vez en 2.000 plazas.

De esta forma a fines de este primer gobierno concertacionista la dotación de la institución se vio aumentada en 6.359 funcionarios, alcanzado una planta de 36.893 funcionarios, es decir, el aumento significo un porcentaje del 20,8%.

Durante el segundo Gobierno de la concertación en que el Presidente fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle no se produjeron significativos aumentos en la planta de Carabineros, solo que por medio de la ley 19.570 de 11 de Julio de 1998, la planta fue aumentada en 18 puestos, todos oficiales generales y oficiales Jefes.

Es decir a fines del periodo se contaba con 36.911 funcionarios en la policía uniformada.

Durante el tercer Gobierno de la Concertación, en el mandato de Ricardo Lagos Escobar, se produjo un nuevo aumento en la planta de Carabineros de Chile, por medio de la ley 19.941 de 24 de Abril del 2004, se aumento la planta de personal en 2.970 plazas, la esta misma ley previó un aumento progresivo de plazas, entre los años 2.004 y 2.006, así durante el año 2.004 se preveía un aumento de 990 plazas, el año 2.005 un aumento de 990 y el 2.006 un aumento de otras 990 plazas.

De esta forma a fines del tercer gobierno de la concertación, Carabineros, tenía una dotación de 39.881 funcionarios, que equivalen a un porcentaje de 30.61% de aumento con respecto de fines de la dictadura.

Finalmente por la Ley 20.104 de 24 de abril de 2006, durante el gobierno de Michelle Bachelet se estableció un nuevo aumento de plazas institucionales, esperando contarse para el año 2.010, con 45.881 funcionarios, es decir al final del cuarto gobierno de la concertación se esperaba haber realizado un aumento de 15.347 funcionarios, es decir un 150,26% más de funcionarios que a fines de la dictadura de Pinochet, es decir un crecimiento anual promedio de 2,513% [34].

En términos de medios materiales, también se han realizado importantes aumentos, en cuanto a presupuesto en el 2005, se llegó a la cifra de $ 289.120.330, es decir un aumento de un 12,5% respecto del año anterior, ello no es intrascendente puesto que el crecimiento de los ingresos del Fisco en igual periodo fue de un 6,1% [35], en otro punto el parque vehicular de la institución, entre los años 1990 y 2005, se aumentó en un 147% [36], y para el año 2007, Carabineros informaba que su parque vehicular alcanzaba a 7.318 vehículos terrestres, 12 aéreos, en su mayor parte helicópteros, y 66 acuáticos [37]; también en el área de las Comunicaciones se compraron nuevos equipos, incluyendo un moderno sistema de encriptamiento digital. [38].

Por último podemos mencionar que se construyeron una serie de nuevos cuarteles entre ellos Comisaría de Lo Barnechea, Sub comisaría de carreteras de Ñuble, Sub comisaría de Lampa, etc.

Un segundo punto de la modernización de Carabineros dice relación con la enseñanza; aquí distinguiremos entre la formación de los oficiales y del personal de nombramiento institucional.

Los oficiales de Carabineros son formados en la “Escuela de Oficiales del General Carlos Ibáñez del Campo”, en dicho plantel, se divide a los aspirantes en dos cursos, uno de “Orden y Seguridad” y otro de “Intendencia”, ambos cursos duran tres años lectivos más un año de practica, en el caso de los oficiales de Orden y Seguridad deben aprobar 61 ramos semestrales, incluyendo un ramo de Derechos Humanos en el tercer semestre, mientras que los oficiales de Intendencia deben estudiar 59 ramos semestrales, incluyendo un ramo de Derechos Humanos en el segundo semestre; llama la atención que en el plantel se ponga poco énfasis en el desarrollo del tema Derechos Humanos toda vez que como ya vimos en el pasado reciente se vio a la institución participando de manera agresiva y masiva en actos de violaciones a los derechos esenciales de las personas.

Dentro de la misma Escuela se imparten una serie de cursos de perfeccionamiento para oficiales ya en servicio:

Curso de perfeccionamiento para los oficiales de grado Teniente, destinado al personal de ese grado que lleven un año en posesión del grado, y será requisito indispensable para ascender al grado siguiente, el primer curso se comenzó en mayo del 2.004.

Curso de perfeccionamiento para oficiales del grado Capitán, destinado al personal de ese grado que lleven un año en posesión del grado, mismo que se implementó durante el año 2.005.

Curso de perfeccionamiento para oficiales del grado Capitán, con una antigüedad de 14 a 15 años en la institución, dicho curso comenzó a impartirse en el año 2.006 [39].

Mientras que en el ámbito superior, los oficiales se perfeccionan en la “Academia de Ciencias Policiales”, aprobar el curso dictado por este centro de educación es requisito indispensable para optar al rango de General [40].

Ahora bien en el caso del Personal de Nombramiento Institucional, estos realizan un curso de adiestramiento en alguno de los diversos grupos de instrucción que la institución tiene a lo largo del país, el curso hasta mediados del año 2.004 duraba 12 meses, ampliándose a contar de Junio de dicho año a 18 meses, 12 de estudios (2 semestres) más 6 meses de practica (1 semestre), llama la atención que recién a partir de esta modificación se incluyera alguna formación en torno a los Derechos Humanos para el personal de menor rango [41]

Del mismo modo se capacitó nuevamente en un periodo de 32 meses, por medio de cursos de una semana de duración, a un total de 21.234 funcionarios de nombramiento institucional [42].

El Personal de Nombramiento Institucional al igual que los oficiales asisten a una entidad superior para optar al grado de suboficial graduado, en este caso es la “Escuela de Suboficiales Fabriciano González Urzúa”, la que también recibió una importante reforma, contemplando un aumento de horas de clases llegando a 2.000 horas académicas [43].

En la misma Escuela, se realizan seis cursos de capacitación, tres de ellos se implementaron en forma reciente, estos son “Materias Contables”, con una duración de un semestre, “Soporte Computacional” con una duración de dos semestres y “Familia e infancia” con una duración de dos semanas [44].

En una de las unidades de instrucción básica de la institución, la “Escuela de Formación Alguacil Mayor Juan Gómez Almagro” se dictan además varios cursos de instrucción; uno orientado a perfeccionar personal del grado Cabo Segundo, otro dirigido al personal con cuatro años de servicio al año 2.000 y que tuvieron una formación de menos de 12 meses denominado “Primer Nivel de Perfeccionamiento para Carabineros de Orden y Seguridad” con una duración de seis meses [45].

El tercer pilar de la modernización de la institución esta dado por la implementación gradual del llamado “plan cuadrantes de seguridad preventiva”, que consiste principalmente en dividir el territorio jurisdiccional de cada comisaría en sectores claramente delimitados llamados “cuadrantes” y de los que se cuenta con información acerca del numero de personas, las actividades económicas y las características más importantes de la población, de la misma forma se supone que se conoce el grado de delincuencia.

Cada cuadrante esta vigilado por una Unidad de vigilancia equivalente, que se define como una expresión valorizada de recursos humanos y logísticos que posee carabineros.

Luego de esta breve explicación entendemos que el plan cuadrante según sus creadores esta destinado a optimizar la disposición de los recursos materiales y humanos de manera más eficaz y entre sus objetivos se cuentan:

a) Potenciar la vigilancia policial preventiva,

b) Dinamizar la gestión operativa para una respuesta oportuna y eficaz al requerimiento de la comunidad

c) Disponer de los medios en forma armónica y según las necesidades del cuadrante

d) Mejorar la gestión preventiva

e) Un mayor acercamiento y conocimiento por parte de la comunidad de sus carabineros.

Policia de Investigaciones

Historia – La institución durante los gobiernos de la concertación – Estructura – Grados del personal – Modernización

Historia

La Policía de Investigaciones de Chile tiene un origen que podríamos denominar de oscuro, ya que a principios del siglo XX fue creada la Sección de Investigaciones, investigación y pasaportes, dependiente de la Policía [46], posteriormente al fusionarse la policía con Carabineros, pasó a depender de esta última institución, ello hasta que en el año 1932, y luego de la caída de Ibáñez, se produjo un bullado caso policial con claros ribetes políticos, conocido como el "Caso Anabalón", que puso en tela de juicio y dio a conocer el intento ibañista de manipular el Servicio de Investigaciones y alejarlo de sus tareas profesionales.

El comentado caso se desarrolla de la siguiente forma el periodista Luis Mesa Bell, director de la revista Wikén, fue asesinado por efectivos de la policía civil en diciembre de ese año como consecuencia de sus denuncias en relación al asesinato del profesor comunista de Antofagasta Manuel Anabalón, de 20 años de edad, "fondeado" meses antes en la bahía de Valparaíso por la propia policía, después de haberle causado la muerte por torturas. Mesa Bell no solamente encontró el cuerpo y sindicó a los culpables del crimen, sino que acusó a los jefes policiales de hurtos, flagelaciones, complicidad con garitos y otras arbitrariedades” [47]

Fue este caso, convertido en escándalo público el que determinó que el 26 de Diciembre del año 1932 el Servicio de Investigaciones fuera reorganizado, pasando a depender directamente del Ministerio del interior y ya no de Carabineros de Chile.

Es en el año 1933 y por medio de la dictación de una Ley Orgánica, en que definitivamente se consagra la creación de la Policía de Investigaciones de Chile, posteriormente y recién en el año 1947 puede hablarse de una verdadera independencia del servicio, toda vez que ese año fue nombrado el primer director de la institución formado íntegramente en las filas de la institución [48].

Tras el golpe de estado de 1973, también la policía de investigaciones ve llegar a sus filas la Doctrina de la Seguridad Nacional, en efecto en ese periodo fue nombrado como Director de la institución el General de Ejército (r) Ernesto Baeza Michelsen, aventajado ex alumno de la “Escuela de las Américas”, y es durante este periodo que se produce un caso muy similar al “caso Anabalón” al amparo de la institución se crea la COVEMA [49], organismo de represión de corta vida, pero que se vio involucrada en el asesinato del estudiante de Periodismo Eduardo Jara Aravena en 1980 [50], dicho caso precipitó la caída de Baeza y una reestructuración de la institución.

A la luz de lo descrito durante el periodo no puede dejar de hacerse una analogía entre el caso “degollados” y el “caso Jara Aravena”, a partir de ese momento investigaciones al igual que Carabineros mantiene un perfil relativamente bajo durante el resto del régimen.

La institución durante los gobiernos de la Concertación

Con la llegada de los Gobiernos de la Concertación se produce una de las más grandes reformas en la institución, es así como en el año 1993, se crea un Consejo superior de ética profesional, posteriormente en el año 1995 se redacta un código de ética profesional, simultáneamente, se produce una reforma en la malla de la Escuela de Investigaciones, al agregarse por primera vez ramos de Derechos Humanos, sin embargo durante el Gobierno de Ricardo Lagos se produjo la caída del director de la institución Nelson Mery a raíz de la denuncia efectuada por una ex prisionera política, llamada Odette Alegria, que vinculo al jefe policial con torturas en su contra, del mismo modo trascendió que el jefe policial estaba ligado a las detenciones de otras personas entre las que podemos mencionar Alejandro Mella Flores (19 de Septiembre de 1973), Patricia Contreras Farras (18 de Diciembre de 1973) y Luis Tapia Concha (20 de Abril de 1974), todos ellos desaparecidos desde entonces [51].

Tras la salida de Nelsón Mery asumió el mando Arturo Herrera Verdugo, sin embargo dicho funcionario fue guardaespaldas del ex Director Baeza, al que nos referimos anteriormente, este fue funcionario de inteligencia de la institución entre los años 1983 y 1985, años en que existió una activa colaboración entre este departamento y la CNI [52], por lo que de alguna manera se liga a dicho jefe a casos de violaciones de derechos humanos.

Estructura

A la cabeza de la institución está la Dirección Nacional de la cual dependen las Subdirecciones Operativa, Administrativa y la Prefectura General de Unidades Estratégicas.

De la Subdirección Operativa dependen la Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL), y las 13 regiones Policiales (REPOL), en tanto que de la subdirección administrativa dependen 6 jefaturas: Personal (JEPERS), Educación Policial (JEFEPOL), Logística (JELOG), Bienestar (JEBIEN), Salud (JESAN) y Finanzas (JEFIN).

Ahora bien de la Prefectura General de Unidades Estratégicas dependen siete Jefaturas, Antinarcóticos (JEANT), Extranjería y Policía Internacional (JENAEX), Científico Técnico (JECIET), Operaciones Policiales Especiales(JEDOES), Acción Comunitaria (JEFAC), dependen también de la Prefectura General de Unidades Estratégicas el Instituto de Criminología (INSCRIM) y la Brigada Aeropolicial (BAP).

En tanto que dependen a su vez del JEDOES, las siguientes Brigadas; Operaciones Policiales Especiales (BIPE) Aprehensora de prófugos de la Justicia (BRAP) Investigadora del Crimen Organizado (BRICO) Investigadora del Cibercrimen (BRICIM) Investigadora del lavado de activos (BRILAC) y la Investigadora de delitos del medio ambiente (BIDEMA).

Por último dependen del JEFAC las Brigadas de Menores (BRIMEN) búsqueda de personas perdidas (BRIBUP), de delitos sexuales (BRISEX), también dependen de este mando el Departamento de apoyo y acción comunitaria (DACÓN).

Modernización

El año 1998 es un año clave para la institución, ya que por medio de la Orden General 1.598, de 8 de Mayo de 1998, se dio inicio al llamado “Plan Fénix 1”, destinado a modernizar la institución.

Es en este contexto, que se dicta la ley 19.856 de 20 de Septiembre de 1998 la que fijó la nueva planta de la institución en 8.006 funcionarios, hecho no menor, puesto que hasta ese momento la planta de la institución era de 6.467 funcionarios, registrándose en consecuencia un aumento de 1.539 plazas, o lo que es lo mismo 23,79%.

Del mismo modo se modificó profundamente la malla curricular de la escuela de investigaciones policiales, de manera tal se estableció que a partir de ese año los policías debían estudiar por espacio de tres años en el plantel, con un régimen de internado, debiendo el postulante cursar 46 ramos semestrales, entre ellos 2 ramos de Derechos Humanos y 4 ramos de ética, paralelamente deben cursar 48 ramos de un plan complementario, principalmente destinado al desarrollo físico, también fue aumentado el número de aspirantes, llegando a completar una dotación de 900 aspirantes en el 2002, lo que implicó un significativo incremento del 50 % respecto del año 1998, cuando la dotación máxima era de 600 aspirantes.

Tras aprobar los tres años en el plantel, los aspirantes deben cursar un año de práctica, y posteriormente otro año de especialización en homicidios, extranjería e INTERPOL, narcotráfico, robos, delitos económicos, inteligencia policial y delitos sexuales, cada curso de especialización cuenta con un total de 640 horas de estudio, de esta forma un Policía cuenta con una formación básica de 6.464 horas [53].

El personal puede acceder además al Centro de Capacitación Profesional, en este Centro la capacitación de da en tres tipos de cursos; capacitación, perfeccionamiento y especialización [54].

Por último los funcionarios pueden acceder a la Academia Superior de Estudios Policiales, desde la que acceden al grado de Oficial Policial Graduado [55].

Otros ámbitos en los cuales el “Plan Fénix 1” intervino fueron en el aumento y modernización de los medios de la institución, de esta forma entre 1.997 y el año 2.001 se incorporaron a la institución 1.274 nuevos vehículos, del mismo modo se compró un helicóptero y en el ámbito de las comunicaciones se invirtieron U$ 2.431.000.000; del mismo modo se construyeron o habilitaron alrededor de 40 cuarteles policiales, en el plano del armamento este fue renovado completamente [56].

En el año 2.002, se inició una nueva etapa dentro del proceso de modernización de la institución, es el llamado “Plan Fénix 2”, cuyos objetivos principales son priorizar la incorporación de profesionales a la carrera de investigadores policiales, ya señalada.

También la de incorporar profesionales idóneos en áreas específicas de apoyo, modernizar el Laboratorio de Criminalística Central, incorporar al Instituto de Criminología muy activamente al apoyo de la tarea investigativa criminal y estudiar una formulación diferente a la actual, para hacer más efectiva su misión, potenciar el uso de la inteligencia artificial mediante la incorporación de procesos automatizados de información, ampliando las redes informáticas, con la creación de bancos de información criminal que sean necesarios para su fortalecimiento e integración, rediseñar una política de personal efectiva, que permita hacer un uso racional de los recursos humanos modificando el sistema de promoción y ascensos, modificando además la estructura organizacional de la institución con el objetivo de que esta Institución alcance la altura que necesita para desarrollarse y transitar hacia el futuro, promoviendo y exigiendo un estilo de mando que asegure el trabajo en equipo, la iniciativa y la rigurosidad del trabajo diario [57].

Policías y ladrones

Debemos señalar que es posible apreciar una doble dimensión dentro de la labor de la policía; una primera a la que llamaremos “preventiva”, misma que dice relación con el evitar la consumación de delitos por medio de la disuasión, esto lo lograría principalmente por medio del despliegue de medios, humanos o materiales, en un lugar donde posiblemente se puede cometer un delito, de forma que al ver a dichos medios el delincuente sienta que no les es dable realizar su acción (se disuade); sin embargo esto que se ve tan bonito en el papel, desgraciadamente no es susceptible de ser medido en términos de resultados, ya que precisamente es el resultado el que a lo menos en términos formales interesa en principio al Ius puniendi, para justificar su accionar.

Lo anteriormente señalado nos lleva a la segunda dimensión de la labor policial, a la que llamaremos “represiva”, esto es la habilidad de las policías para investigar, perseguir, atrapar y poner a disposición de los tribunales de justicia a los “delincuentes”.

Es de todas maneras esta segunda dimensión de las policías la que nos interesa, ya que es la manifestación del Ius puniendi, misma que puede ser medida de forma empírica, razón por la cual es que exponemos el siguiente cuadro donde se detalla la acción de las policías durante el periodo que abarca los años 1977 y 2002, dicha labor se manifiesta en el número de detenciones realizadas por ambas instituciones durante el periodo.

TABLA 1

A la luz del cuadro anterior podemos señalar en principio lo siguiente:

1. El total de detenciones realizadas en el periodo 1977 – 2002, equivale al 171,41% de la población de Chile en el año 1982, al 145.49% de la Población de Chile en el año 1992, y al 128.47% de la población de Chile en el año 2002.2. Carabineros de Chile históricamente ha realizado más detenciones que la Policía de Investigaciones de Chile.

2. Directamente relacionado con lo anteriormente señalado, del total de detenciones efectuadas durante el periodo, el 92.15% corresponde a detenciones realizadas por Carabineros de Chile y el 7.85% equivale a detenciones realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile.

3. Durante la década de 1980 fueron detenidas 7.245.313 personas, es decir un promedio de 724.531 personas al año.

4. Durante la década de 1990 fueron detenidas 7.279.433 personas, es decir un promedio de 727.943 personas al año.

A la luz de este primer acercamiento a la labor policial, debemos realizar los siguientes alcances:

1. La década del 80 fue dominada totalmente por las FF.AA. y Carabineros de Chile, quienes gobernaron el país por medio de una dictadura militar [58].

2. Una dictadura militar es siempre represiva, valiéndose de todos los medios estatales para reprimir a los opositores al régimen.

3. En los organismos de represión del régimen es posible de hecho identificar varias organizaciones policiales ligadas a casos emblemáticos de represión, a saber tenemos en el seno de las policías a la COVEMA, la DICAR, la DICOMCAR [59], además de que resulta por todos conocidos la participación de funcionarios de ambas Policías en organismos de represión como la DINA, CNI y Comando Conjunto [60].

Ensayaremos a partir de lo anteriormente señalado una primera hipótesis:

Pudiese ser que el alto número de detenidos durante la década de 1980 se justificaría al tratarse los detenidos de opositores al régimen, en virtud de una desnaturalización de la labor policial.

Sobre esta última afirmación trabajaremos un poco más en detalle, para ello analizaremos las cifras de detenidos por delitos relacionados con la Ley 12.927 de Seguridad interior del Estado, en el periodo comprendido entre 1980 y 1989:

Detenidos por aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado [61]

TABLA 2

A la luz del cuadro anterior podemos señalar:

Que el número de personas detenidas por aplicación de la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado, equivale al 0.09 % del total de detenidos entre los años 1980 a 1989, no encontrándose siquiera un año donde la incidencia de detenidos llegara al 1% del total de detenidos.

En otras palabras a la luz de las concluyentes cifras resulta que nuestra hipótesis debe ser desechada, sin embargo creemos que el ejercicio anterior si puede servir.

Como ya se vio el año 1977 fueron detenidas 1.112.622 personas, equivalentes al 10% de la población que el país tenía en el año 1982, ahora sin embargo, debemos señalar que ese mismo año solamente fueron ingresados a las distintas unidades penales del país, 151.460 personas, es decir solo el 13,61% del total de detenidos por las policías. Ahora bien, pudiese pensarse que esta situación es de carácter excepcional, y bueno efectivamente parece ser que a la luz de las cifras que manejamos, oficialmente parece que ese año fue el que el Estado de Chile reconoce que tomó más detenidos que en ningún otro momento de la historia de la nación, sin embargo, no podemos extrañarnos de esta situación, al analizar las cifras a lo largo de la década de 1980, advertiremos que resulta ser una constante que el número de personas que pasan a las cárceles sobre el total de detenidos es una minúscula parte, en efecto la relación detenido - encarcelado llega del año 1982 llega a 155.342 de 830.182, es decir el 18,17%, mientras que la misma relación en el año 1985 es de 158.752 de 691.389, es decir de un 22,96% mientras que el año 1989 es de 195.086 de 742.515, es decir de un 26,27%, esto pudiese explicarse hasta cierto punto aludiendo al hecho de que en aquellos años el poder del Estado estaba en manos de la dictadura, pero al analizar las cifras durante los gobiernos de la concertación nos encontramos con la "sorpresa" de que esta proporción no varía en lo sustancial, sin embargo es de señalar el hecho de que al derogarse la “detención por sospecha”, al menos se ha podido establecer que la Policía de Investigaciones de Chile continua realizando detenciones de carácter absolutamente ilegal, tal como se desprende de la creación de "curiosas innovaciones técnicas" como es el PLAS de Investigaciones de Chile [62] oficialmente “Este plan busca verificar la identidad de personas que porten elementos o armas para la comisión de delitos o individuos con especies producto de delitos. Opera desde noviembre del año pasado. Cuenta con la aceptación de la ciudadanía, ya que no son grandes operativos policiales, sino que se caracterizan por la selección de la persona, comuna, día y horario a realizarse” [63], dicho ahora en términos jurídicos el plan busca la identificación de sujetos que tienen una relación con determinado delito en grado de tentativa (porte de elementos para la comisión de un delito), o bien sujetos que han cometido un delito (porte de especies), en ambos casos nos encontraríamos ante situaciones punibles conforme a lo prescrito por la legislación nacional [64], de esta forma la Policía de Investigaciones reclama una parte no menor de sus éxitos en cuanto a la capacidad de “detener delincuentes”, en efecto, oficialmente la Policía de Investigaciones de Chile reconoce que entre los años 1999 y 2002 detuvo a un total de 136.571 personas, siendo puestas a disposición de los tribunales por aplicación del PLAS, entre el 5 de Noviembre de 1999 y el 10 de Mayo del 2002 28.841 personas [65], es decir el 21,11% del total de detenidos en los cuatro años, sin embargo los problemas comienzan, a presentarse a poco andar, según señalamos la esencia del PLAS, según lo definido previamente por la propia Policía de Investigaciones, nos permite deducir que toda persona identificada según los parámetros del plan debiese ser detenida y puesta a disposición de los Tribunales de Justicia, sin embargo, esto no es así, durante el mismo periodo del 5 de Noviembre de 1999 al 10 de Mayo del 2002, la Policía “consultó” a 985.522 personas [66], es decir los detenidos puestos a disposición de los tribunales por aplicación del PLAS fue sólo el 2,92% del total de las personas que sufrieron de alguna manera el Ius Puniendi.

Ahora bien creemos necesario dar un vistazo a la composición por Grupos de Edad de los detenidos por Carabineros de Chile, si bien es cierto dicho antecedente no pudo ser obtenido de las estadísticas de la Policía de Investigaciones, creemos sin lugar a dudas que bastan para formarse un cuadro completo las cifras de la policía uniformada, ya que aportaron durante el periodo estudiado el 90,11% del total de detenidos, oficialmente reconocidos por el Estado; en efecto durante el periodo comprendido entre 1977 y 1981, Carabineros detuvo a un total de 4.096.581 personas, de ellas 716.840, es decir el 17,49%, eran menores de 20 años, posteriormente durante el periodo comprendido entre 1982 y 1989, Carabineros detuvo a un total de 5.036.594 personas, 1.128.886, es decir el 22,41% de ellos era menor de 21 años, más aún durante los gobiernos de la Concertación, entre los años 1990 y 2002, Carabineros detuvo un total de 8.763.933 personas, de ellas 1.863.436 personas, es decir un 21,26% eran menores de 21 años, es decir apenas un 1,18% menos que los menores de 21 años del periodo 1982 - 1989, sin embargo es de hacer notar que entre el año 2.000 y 2.002, es decir durante el Gobierno de Ricardo Lagos, de un total de 1.868.953 personas detenidas por Carabineros de Chile, 483.256, es decir el 25,85%, o dicho de otra manera más de la cuarta parte del total de detenidos eran menores de 21 años. Todo lo anteriormente señalado nos lleva a concluir que en general, el sistema a aumentado fuertemente la represión contra las personas menores de dicha edad, subiendo del 18,73% de 1989, cuando la dictadura vivía formalmente sus últimos momentos, al 28,53% del año 2.002, en la mitad del periodo del tercer gobierno de la Concertación, o mejor dicho los menores de 21 años a fines de la dictadura eran víctimas menos frecuentes de las detenciones policiales que a mediados del Gobierno de Ricardo Lagos.

Por otro lado creemos importante determinar ahora el grado de educación de las personas que fueron detenidas en Chile entre los años 1977 y 2002 [67].

TABLA 3

Del cuadro anterior podemos extraer las siguientes conclusiones, a fines de la dictadura, en el año 1989, los analfabetos representaban el 3,1% de los detenidos por Carabineros, las personas con estudios básicos representaban el 65,78% del total de detenidos, las personas con estudios medios el 27,86%, y las personas con estudios superiores el 3,2%; esta situación presenta el año 2002 una variación ya que ese año los analfabetos representan el 2,19%, del total de detenidos, las personas con educación básica el 43,2% del total de detenidos, las personas con estudios medios el 47,97% del total de detenidos, mientras que las personas con estudios superiores eran el 6,6% del total de detenidos por Carabineros de Chile, es decir se presenta una notable alza del 20,11% en el número de personas con estudios medios que fueron detenidos, desplazando de esta forma a las personas con estudios básicos como las principales víctimas del sistema.

Conclusiones

Es posible advertir que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones de Chile, se encuentran ligadas a hechos delictuales de alto impacto en la sociedad, los homicidios y torturas cometidas por los Carabineros, así como los caso Anabalón y de la COVEMA para Investigaciones son gigantescas manchas que nos llevan a preguntarnos si el Estado es conciente de que sus órganos, creados para la protección de la sociedad toda, actúan de una manera salvaje si se les da la oportunidad; a lo menos comparables con los mismos “delincuentes” de los que se supone protegen al cuerpo social, con la agravante de que lo hacen amparados en el hecho de que usan los medios que le proporciona el mismo cuerpo social.

Es importante destacar que hasta el momento ese Estado solo parece preocupado de dotar a las instituciones policiales de una gran cantidad de medios tanto materiales como humanos, en efecto no olvidemos que durante los Gobiernos de la Concertación se han establecido un total de 10.886 nuevas plazas institucionales, es decir un aumento del orden de 29.42% respecto de lo que ambas instituciones tenían a fines de la dictadura, donde existía un promedio del orden de 1 Policía por cada 350 habitantes, habiéndose reducido el promedio a 1 Policía cada 330 habitantes.

Cabría preguntarse si este aumento en términos cuantitativo ha tenido un correlato en términos cualitativos de la labor policial, principalmente si la actuación de los funcionarios atendido el salvaje pasado, se rigen por una ética acorde al Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos.

En este sentido lamentamos señalar que la preocupación del Estado ha sido más bien pobre de esfuerzos; no realizándose las radicales reformas necesarias para conseguir este fin; sin embargo se debe reconocer importantes progresos a lo menos en cuanto a la formación de los detectives de la Policía de Investigaciones, donde los planes de formación incluyen 6 ramos semestrales sobre un total de 46, de ética policial y Derechos Humanos, lo que equivale a un 13% del total de ramos a cursar; sin embargo los detectives solo equivalen al 16.71% del total de los policías del país, y son además quienes poseen los menores medios de fuerza para operar, y aún a pesar de esta mejora sustancial, aún siguen persistiendo en tácticas más propias del “Estado Policía” que de un “Estado de Derecho”, como viene a demostrarse con la existencia del PLAS.

Por otro lado son los Carabineros quienes representan el otro 83.29% de los funcionarios policiales del país, y son ellos los que tienen una tremenda fuerza efectiva y un indiscutible poder de fuego, y quienes en el mejor de los casos, incluyen en la formación de sus cuadros solo 1 ramo semestral sobre un total de 61 (1,6%), sobre Derechos Humanos, y esto solo en el caso de los oficiales, de forma que es posible imaginar en que consiste la formación en torno a la ética y Derechos Humanos que recibe el Personal de Nombramiento Institucional que son quienes están en contacto directo con la calle, y se ligan a los casos que hemos señalado a lo largo del presente trabajo.

De esta forma, cabe preguntarse si resulta posible esperar otra reacción que la descrita a lo largo de este trabajo de parte de nuestros policías si ellos se encuentran nuevamente en una situación de “anormalidad” como lo fue la de 1973, o se puede esperar otra forma de operar de parte de nuestros policías en la práctica en los lugares y con las personas que resultan más vulnerables.

---

Bajar el artículo completo en pdf