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Familiares y abogados de víctimas de Campo algodonero

MÉXICO - Esperan que Corte Interaméricana de DDHH condene a Estado mexicano por feminicidio

Lourdes Godínez Leal, Cimacnoticias

Viernes 5 de diciembre de 2008, puesto en línea por CIMAC

4 de diciembre de 2008 México, DF - Cimacnoticias - Las representantes legales de los familiares de las tres víctimas del campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, que llevaron el caso ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, insistieron hoy en que buscan lograr la primera sentencia condenatoria al Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez, que ha culminado en el feminicidio.

En conferencia de prensa, donde informaron de la entrega de un Amicus curiae a la Corte para que ésta profundice en el tratamiento de los hechos del Campo algodonero, en su jurisprudencia y en las medidas que el Estado mexicano deberá tomar, dijeron que esperan que esta instancia se pronuncie por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y al debido proceso legal de las mujeres asesinadas.

Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y una de las abogadas de los familiares de tres de las víctimas del Campo algodonero, dijo que tratarán de que la CoIDH “haga más que un simple exhorto” al Estado mexicano, que le exija la sanción de los responsables ya que recordó que la sentencia será obligatoria para éste.

Entre el 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados en lo que se conoce como Campo algodonero de Ciudad Juárez, 8 cuerpos de mujeres que se encontraban en “avanzado estado de descomposición”.

Pero únicamente tres de los 8 cuerpos hallados fueron presentados ante el Sistema interamericano ya que del total, 3 resultaron no corresponder a las identidades adjudicadas por las autoridades, según lo reveló el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense, explicó Michel Salas.

Por lo que sólo se presentaron los casos de Claudia Ivette, Esmeralda y Berenice, mismos que fueron admitidos por la CIDH en marzo de 2006 y un año más tarde, en diciembre de 2007 por la CoIDH.

Claudia Ivette, Esmeralda y Berenice

Claudia Ivette desapareció el 10 de octubre de 2001 en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, y fue hallada asesinada el 6 de noviembre del mismo año.

El 11 de octubre del mismo año, su madre, la señora
Josefina González Rodríguez, la reportó como perdida ante la
Procuraduría de Justicia estatal donde, según testimonió ante la
CIDH, no le aceptaron el reporte por ser ya muy tarde.

“Fue hasta el día 12 que pude levantar el acta. Mi familia, conocidos y otras personas cercanas tuvimos que hacer rastreos por nuestra cuenta en el lugar donde se encontró el cuerpo, ya que la Policía Judicial no tomó cartas en el asunto durante las casi cuatro semanas desde su desaparición.

La entonces Fiscal Especial para Homicidios de Mujeres, Sully Ponce, a pesar de tener la responsabilidad de agilizar estos casos, en un encuentro con ella me dijo que estaban haciendo lo posible por encontrarla, pero que adelante del caso de mi hija, esperando, había muchos más, por tanto debía esperar indefinidamente.

A mí y a mi hija Mayela solamente nos tomaron pruebas de sangre para el ADN, cuyos resultados, nos dijeron, estarían en un mes. Es la fecha, dijo en 2006 la señora, que no hemos recibido los resultados.

A cuatro semanas de la desaparición de mi hija, cuando me la entregaron, lo único que recibí fue una bolsa de huesos. Me resultó extraño que en menos de un mes su cuerpo se corrompiera de esa manera. La Fiscal Zulema Bolívar me dijo que sí era posible, dado que el cuerpo pudo haber sido maltratado por animales, lluvia o tierra.

Desde el momento en que me entregaron el cuerpo de mi hija, las autoridades se desligaron del caso, dándolo por cerrado.

Después de cuatro meses del hallazgo del cuerpo de mi hija, nuevamente el domingo 24 y lunes 25 de febrero del año 2002, familiares, amigos y gente de grupos solidarios hicimos un rastreo en el lugar donde fueron localizadas mi hija y otras siete jovencitas, encontrando tres pertenencias intactas de mi hija Claudia Ivette. Las autoridades encargadas de realizar la investigación justificaron este hecho diciendo que esos objetos habían sido colocados ahí por familiares de los dos supuestos asesinos”.

Esmeralda

Desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de octubre de 2001 cuando tenía 15 años de edad y fue hallada asesinada el 7 de noviembre del mismo año.

Su madre, la señora Irma Monreal testimonió igualmente ante la CIDH que las autoridades estatales no iniciaron pronto la búsqueda cuando ella acudió a reportarla como desaparecida.

“Cada vez que acudí a pedir información sobre la búsqueda de mi hija, no me la daban y me mandaban a comprar el periódico para enterarme de las noticias.

Al preguntar la causa de la muerte de mi hija, el Subprocurador José Manuel Ortega Aceves me dijo que era indefinida. No me entregaron ningún documento de la autopsia.

El cuerpo de mi hija, con solo ocho días de desaparecida, no tenía ni rostro ni cabello, asegurándome en la Judicial que los animales, el viento y la tierra lo habían destrozado. Sin embargo, el resto de su cuerpo estaba desnudo e intacto. Aun más, al momento de ser encontrado, estaba boca abajo.

Al pasar el cuerpo al ataúd no permitieron que ningún familiar estuviera presente, diciéndonos que la ley no lo permitía. Sellaron la caja y no nos permitieron abrirla antes de enterrarla.

A mí y al papá de Esmeralda nos tomaron pruebas de sangre y cabello para el ADN, asegurándonos que en un mes nos entregarían los resultados. A la fecha no hemos recibido nada.

A partir de la entrega del cuerpo de mi hija, las autoridades cerraron el caso sin entregarme el expediente ni un solo papel, a pesar de que yo con anterioridad los había solicitado. Hasta hace poco tiempo me entregaron un fólder lleno de hojas sin orden lógico, muchas de ellas repetidas y otras ilegibles, las cuales muestran la falta de seriedad en el seguimiento del caso, y manifiestan la negligencia e irregularidades en las investigaciones”.

Berenice

Desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 22 de septiembre de 2001 cuando tenía 17 años de edad. Su cuerpo fue hallado entre el 6 y 7 de noviembre del mismo año.

Su madre, Benita Monarrez, explicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las autoridades le notificaron el hallazgo de 4 cadáveres en Ciudad Juárez, diciéndole que uno de ellos era el de su hija.

Ella quiso asegurarse de que así era, pero no la dejaron verlo ni le mostraron fotografías del levantamiento. Le tomaron muestras para la prueba de ADN, prometiéndole los resultados entre uno y tres meses, pero un año después no se los habían sido entregados por “falta de reactivos”.

La familia de Berenice ha intentando aportar pruebas para la supuesta línea de investigación que se sigue en la Procuraduría de Justicia Estatal, pero han sido ignoradas. La madre afirma que ha sido objeto de humillaciones y calificativos, y ha sido tratada de manera prepotente por los elementos de la Policía Judicial, “demostrando con esto su falta de sensibilidad y de respeto ante mi dolor y desesperación”.

Testimonió ante la CIDH que ha insistido en que le proporcionen copia del expediente y lo único que he recibido es la copia del acta de desaparición, documento plagado de irregularidades y falsedades”.

Por ello, explicó Andrea de la Barrera, de CLADEM, quien coadyuva en el caso con la ANAD, la importancia de que la Corte interamericana conozca de todas estas irregularidades y de cómo el Estado mexicano continúa violentando a los familiares de las víctimas y de la ineficiencia y subvaloración por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para el tratamiento de cada uno de los casos.

Vanesa Coria, abogada del Cejil para México, insistió que en el documento entregado a la Corte (Amicus) evidencian cómo los estereotipos de género han sido un factor determinante para perpetuar la violencia e impunidad en torno a los asesinatos de mujeres que, de acuerdo a sus datos, de 1993 a 2005 sumaban 379.

De ahí la importancia, dijo, de que sea la primera vez que haya llegado un caso de feminicidio a la máxima instancia de derechos humanos a nivel internacional, ya que con su sentencia condenatoria se marcará un precedente para la región que tendrá impactos en la protección de los derechos humanos de las mujeres.


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