REPÚBLICA DOMINICANA - Estado, militares y delincuencia

La recurrente participación y vinculación de militares y policías en actos delictivos y de violencia es altamente preocupante. Las autoridades y un par de organizaciones civiles se han apresurado en proponer una seria y profunda profilaxis para extirpar este cáncer social que corroe a las instituciones castrenses.

Los militares, policías, abogados, políticos, periodistas, artistas y empresarios dominicanos están unidos, ineludiblemente, por su origen y leyes comunes. Distanciados, acaso, por las oportunidades, la educación y otros indicativos económicos, se posicionan unos y otros en diferentes clases sociales. Pero, esencialmente, todos arrastramos las mismas taras con sus causas y efectos, material de estudios de historiados, economistas y sociólogos.

La apresurada fórmula concentrada en expulsión de la Policía y las FAD de sospechosos, confesos y comprobados delincuentes dista de ser una medida concluyente y definitivamente eficaz. Ser militar o policía no patentiza ni te hace proclive al delito. Existen condiciones y fallas en la sociedad y en la conducción del Estado que facilitan o promueven la criminalidad y otros actos fuera de la ley. Tales distorsiones no justifican, sin embargo, el delito ni la categoría de plaga, como se han tornado en los últimos meses la serie de hechos. Sí explica el fenómeno. Existen varios agentes económicos que presionan y alteran el comportamiento de la sociedad, independientemente de las leyes y reglamenta que la regulan. La estructura de salarios y la movilidad social entre ellos. Vayamos a lo particular, para entender claramente las distorsiones que pretendo explicar.

Ubiquémonos en un caso hipotético. Tres hermanos de una misma familia, educados, alimentados y formados bajo un mismo techo. Uno, se hace médico; el otro, abogado y político exitoso. Un tercero, se engancha al Ejército pasando por la academia militar. Cada cual toma su rumbo. Transcurridos los años, el médico, ya especializado como cirujano plástico adquiere una clientela que le permite una vida confortable, reajustando los costos de sus consultas y costos de las operaciones al status social escalado. El abogado y políticos llegan al poder, escala una posición lucrativa con facilidades. Ambos han logrado zafarse de la estructura salarial tan esclavizante como inoperante, que sí atrapo al joven que soñó convertirse en una moderna edición de Napoleón, Alejandro o Julio César.

Es ahora un flamante teniente coronel, tal y como lo soñó. Luce, con gallardía, un uniforme militar repletos de galardones y medallas al mérito que decantan su paso por las más prestigiosas academias militares de Norte, Sur y Centro América. Nadie puede decir que su esfuerzo ha sido menor ni inferior los méritos logrados. Pudo, por tanto, escalar posiciones dentro de las Fuerzas Armadas que le brindaron la oportunidad de “defenderse”, algunos meses como encargado de compras menores y otros tantos como inspector de un organismo Estatal.

Posiciones e ingresos inestables que no marchan a la par con las crecientes demandas económicas y sociales en las que su familia se ha ido embarcando para competir con sus hermanos y antiguos compañeros de colegio. Vive su propio drama. Aún así está en la lista de oficinales a punto de alcanzar su primera estrella. Con un salario de 500 dólares (su hermano, el funcionario, gana 40,000 como director de un organismo estatal, le mete las manos de vez en cuando), que se quedan en menos de 400 mensual, ha asumido gastos que superan los 3,000 dólares cada mes.

En un ir venir, entre malos y buenos tiempos, ha ido ganando amigos y relacionados. Buenos y malos, también. Presionado muchas veces, holgados pocas, no se puede dar el lujo de ir depurando a sus “amigos”. Nada como un militar de alto rango para atraer a los que han escogido el delito y el disfrute de una vida muelle. Ven en esa relación una especie de patente de corso o licencia para el delito. Y no están equivocados, suele ser y ha sido así siempre.

Lo que resulta de esa relación se complica y preocupa cuando la secundaria participación del militar como apañador o solapado defensor del crimen, asume el rol protagónico, como matón, activo narcotraficante o asaltante. Que es de lo que ahora se trata. No es la primera vez que ocurre, pero el grado de participación escandaloso. Sumamente preocupante.

Más de un funcionario ha saltado al escenario público, rasgándose las vestiduras por tales hechos. Recomendando una depuración, pura y simple, sin ir al fondo del asunto. Dejando intactos los agentes económicos y sociales que lo generan, a saber, una abismal desigualdad en la estructura de salarios y un alarmante incremento en la corrupción en el gobierno y las entidades del Estado, sin que sus condures muestren el más leve interés en corregir tales entuertos. Entendemos que hay otros elementos ajenos al manejo del Estado. Pero nos referimos aquí a los que controla o están dentro de sus atribuciones. Solamente. Promover las desigualdades es empujar al delito a hombres y mujeres, llenos de impotencia, en tanto la corrupción y la injusticia social se entronizan. Eso es lo que está pasando en Dom República Dominicana

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