COLOMBIA - Uribe quiere seguir mandando

”Un refrito inoportuno”; ”El primer acto de oposición de Álvaro Uribe” ; ”Una muestra de inconformidad de Uribe con Santos”, fueron algunas de las expresiones de dirigentes políticos y observadores, colombianos y venezolanos, sobre la denuncia del gobierno de Colombia de la existencia de campamentos de las FARC y el ELN en territorio venezolano, donde estarían refugiados líderes de esos dos movimientos guerrilleros. Venezuela rechazó la acusación y recordó que esas denuncias se suceden periódicamente sin pruebas. En esta ocasión, el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva Luján, realizó la denuncia acompañado del embajador norteamericano, William Brownfield, como si éste formara parte del gabinete de gobierno de Colombia.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, parece molesto con su sucesor al llegar la fecha en que debe abandonar la casa de gobierno. “Hay que defender nuestra obra a toda costa”, dicen que repite a sus colaboradores, mientras decide como continuar decidiendo en la política de su país. Sus más cercanos colaboradores, aquellos que no escriben ni hablan sin su permiso, lo proclaman para que sea el presidente del Partido de la U, es decir del partido oficialista que llevó a Santos a la presidencia. También se insinúa que podría presentar su candidatura a alcalde de Bogotá, una manera de estar en el centro de la escena política en la capital del país. El propio Uribe confesó que le gustaría ser alcalde de Bogotá.

Mientras, la prensa revela la inconformidad de Uribe con algunas de las decisiones de su sucesor y ex delfín, el ex ministro de Defensa y presidente electo, Juan Manuel Santos.

Relaciones conflictivas

Uribe tuvo siempre la habilidad de presentar a sus ministros como los decidores de políticas impopulares, y en otros casos, tomaba distancia de acciones de funcionarios dependientes de presidencia, como el caso del espionaje del DAS. Así fue en el caso de los falsos positivos, o en el ataque al campamento de las FARC en Ecuador. Siempre respaldaba al accionar de sus ministros, pero nunca aparecía ordenando la acción. Sin embargo parece ahora claro que Uribe estuvo siempre al tanto de todo y que fue el principal promotor de todas las acciones de su gobierno.

Cuando el ejército colombiano atacó el campamento de las FARC donde se encontraba Raúl Reyes, matando guerrilleros y estudiantes que estaban de visita, Uribe dejó que la responsabilidad cayera sobre su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. De esa manera, Santos quedó como el artífice del mayor distanciamiento de Colombia con el resto de la comunidad latinoamericana, y por la suspensión de relaciones diplomáticas con Ecuador y Venezuela. Aunque Santos defendió y sigue defiendo ese ataque que violó la soberanía de una nación hermana, en las últimas semanas, una vez electo presidente, se presentó más pragmático y dispuesto a cambiar la política exterior y las relaciones con sus vecinos.

La invitación a los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez para que asistieran a la toma de posesión presidencial el próximo 7 de agosto, fue interpretado como un gesto de distensión y de cambio en la política exterior. Es más, a nivel diplomático, se habían iniciado contactos para reducir las fricciones y comenzar a definir una agenda para una serie de reuniones a fin de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas y comerciales.

El sector empresarial colombiano respaldaba la nueva postura de Santos, recordando el brutal descenso de las exportaciones del país a Venezuela, tras la crisis diplomática de 2008. En el período 2002 a 2007, pese al incidente del secuestro en Caracas del llamado “canciller de las FARC” Rodrigo Granda, cuando participaba en un foro internacional, las relaciones comerciales entre ambos países fue siempre en aumento. Las exportaciones colombianas pasaron de 1.100 millones de dólares en 2002 a 6.000 millones en 2008. Se firmaron varios acuerdos de integración, y la petrolera estatal venezolana, PDVSA, construyó un gasoducto en La Guajira colombiana, desde donde se exportó gas a Venezuela.

Desde el ataque a territorio ecuatoriano, y la estrategia del presidente Uribe de agredir verbalmente a Venezuela acusando a su gobierno de sostener, financiar, armar y proteger a los líderes de la guerrilla colombiana, las relaciones comerciales cayeron en picada. En los cinco primeros meses de este año, las exportaciones colombianas a Venezuela, apenas llegaron a 650 millones de dólares.

La denuncia colombiana

El 15 de julio, un comunicado del Ministerio de Defensa, dado a conocer por el secretario de prensa de la Casa de Nariño (sede del gobierno), César Mauricio Velásquez, anunciaba que tenía ese ministerio tenía pruebas importantes de que altos mandos de la guerrilla se escondían en Venezuela. Posteriormente se realizó una conferencia de prensa en la que el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, acompañado por el embajador norteamericano, William Brownfield, se mostraron fotografías, videos y grabaciones de supuestos desmovilizados o combatiente de las guerrillas en actividad, que demostrarían la presencia de varios dirigentes guerrilleros en territorio venezolano. Las fotografías y supuestas pruebas no fueron entregadas a la prensa, “por motivos de seguridad” y revelado los nombres de la informantes, también por los mismos motivos.

En tono dramático, el ministro de Defensa dijo “el día de hoy (jueves) en un campamento, cuyas coordenadas han sido entregadas a los medios (...) están ocurriendo reuniones del terrorista Iván Márquez con otros terroristas de las FARC y esperamos que hoy mismo se confirme esa realidad en territorio venezolano", indicó. Agregó que también tenía confirmada la presencia de "alias Pablito (del ELN) en el sur de Venezuela, en un campamento de 25 personas que lo protegen allí".

El ministro indicó que el gobierno colombiano entregará las pruebas para "ratificar que la situación que ha explicado el deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que es el continuado y la permanente tolerancia a la presencia de los terroristas en ese país". Según el gobierno colombiano, existen pruebas de que en territorio venezolano se encuentran los líderes de las FARC, Iván Márquez y Rodrigo Granda, así como Timoleón Jiménez (Timochenco), Germán Briceño (Grannobles) y Jorge Briceño (Mono Jojoy). Colombia no entregó ninguna de estas pruebas a los medios y solicitó una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir el tema.

En otro comunicado, el gobierno presidido por Álvaro Uribe, y sin consultar al presidente electo que asumirá en tres semanas, sostuvo que la convocatoria a una reunión del Consejo Permanente de la OEA, era para “examinar la presencia de terroristas colombianos ubicados en territorio venezolano”, y que esa solicitud se concretaba tras "innumerables esfuerzos fallidos" para solucionar el "grave problema" a través del diálogo directo con Venezuela. Según la Casa de Nariño, el gobierno venezolano recibió información en reiteradas oportunidades sin responder adecuadamente.

Para agregar más tensión a la situación, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, se reunió el pasado viernes de urgencia con la cúpula militar del país para analizar las pruebas de la presencia de jefes guerrilleros en Venezuela. Tras la reunión efectuada en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, ni Uribe ni los altos mandos castrenses hicieron declaraciones.
Otras denuncias, otros fiascos.

La “diplomacia del micrófono” como la han definido algunos medios colombianos a la permanente denuncia a través de los medios de comunicación de la supuesta complicidad del gobierno venezolano con la guerrilla colombiana, ha tenido varios antecedentes en las últimos años, y casi todos han concluido en fiascos que la prensa se ha olvidado de mencionar.

En el mes de enero de 2005 el Gobierno de Colombia dio a conocer la supuesta ubicación exacta de tres campamentos que pertenecían a grupos subversivos como el ELN y las FARC, y que, según la información de la Casa de Nariño, se encontraban al parecer en territorio venezolano.

El ejército venezolano procedió a investigar en las coordenadas entregadas por Colombia, y en la primera de ellas, en la desembocadura del Caño Tomás con Río de Oro, en la Sierra de Perijá (noroeste de Venezuela), identificado como el supuesto campamento de alias Rubén Zamora, sólo encontraron fueron algunos sembradíos de plátano, yuca y maíz. En la siguiente coordenada que respondía al supuesto Campamento Bolivariano, que sería la sede del comandante de las FARC, Iván Márquez, el Ejército venezolano encontró una extensa sabana sin ninguna edificación sospechosa en los alrededores. Otro informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano detallaba la estructura de un supuesto campamento, identificado como El Limón, centro de acopio y taller de explosivos. Pero al comprobar las coordenadas entregadas, la supuesta base estaría en territorio colombiano, a más de 5 kilómetros de la frontera.

Las supuestas ubicaciones en Venezuela de los líderes subversivos Antonio García e Iván Márquez tampoco coincidían con las ofrecidas por Colombia. La operación de constatación de las coordenadas entregadas por el gobierno de Colombia, insumió 11 días de labores de reconocimiento, sin que se encontrara nada parecido a un campamento, guerrillero o de pesca.

El informe presentado por el ejército venezolano citó que "no se encontraron evidencia de la existencia de grupos subversivos, ni de campamentos en los alrededores de los puntos de coordenadas". En otra ocasión, el gobierno de Colombia mostró supuestas armas antiaéreas capturadas en un campamento de las FARC, y que provendrían del ejército de Venezuela. Las armas encontradas, según las evidencias, eran usadas e inservibles, y en todo caso corresponderían a armas vendidas por Suecia a Venezuela, varios años antes de la asunción de Hugo Chávez a la presidencia. Nunca se comprobó el origen de esas armas inutilizadas.

Al mismo tiempo, en Colombia y Venezuela se han encontrado pruebas, documentos, y testimonios de ex jefes paramilitares y espías del DAS colombiano y algunos de sus ex jefes, que revelan la promoción de bandas paramilitares a ingresar a Venezuela e incluso con planes de no sólo desestabilizar al gobierno, sino de asesinar al presidente Chávez.

Indignación y sorpresas tras la denuncia de Uribe

El gobierno venezolano reaccionó con indignación a la denuncia del gobierno colombiano sobre la supuesta presencia de líderes de la guerrilla en su territorio. En Colombia en tanto, la mayoría de la clase política se mostró sorprendida por la denuncia –no por su contenido sino por la oportunidad y forma- al tiempo que el presidente electo eludió efectuar cualquier comentario.

El presidente electo Juan Manuel Santos estaba en Miami, Estados Unidos, donde participó en una conferencia con empresarios, organizada por la Cámara de Comercio Colombo-Americana cuando el ministro de Defensa colombiano efectuó la denuncia. Al parecer, Santos no fue consultado antes de hacerse pública la denuncia. Interrogado por periodistas, el presidente electo sólo dijo "no tengo nada que decir".
Pese a que ya conocía el desmentido y la reacción de Caracas, Santos insistió en la importancia de recuperar las relaciones diplomáticas normales. “Las relaciones se restablecen con gestos, se restablecen creando confianza. Poco a poco hay que restablecer esas relaciones y es eso lo que queremos con nuestros vecinos. Es lo que le conviene a la región", expresó. Dijo que con respecto a Venezuela que se debe iniciar un "diálogo para resolver el problema que hoy está sobre la mesa, la presencia de terroristas en territorio venezolano".

Por su parte, los dirigentes políticos y analistas colombianos destacaron lo inoportuno de la denuncia y algunos llegaron a marcar que la iniciativa del presidente Uribe buscaba condicionar la política exterior del gobierno que asumirá el 7 de agosto, y hasta cobrar algunas cuentas por la diferencia de criterio con algunas designaciones de Santos y algunos de sus gestos hacia otros sectores políticos.

El ministro de Defensa, Daniel Silva Luján, dijo que la decisión de publicar la información se basó en “razones políticas de fondo”, y debido al temor del presidente Uribe teme de que “en un ambiente de acercamiento con el gobierno venezolano sean desconocidas ciertas realidades". Parece difícil que Santos se “olvide” de “ciertas realidades” que supo manejar cuando fue ministro de Defensa, por lo que teoría de que Uribe buscó “marcar la cancha” parece la más factible.

Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado de Colombia, consultado por algunos medios aseguró te que "Uribe convirtió un refrito en bomba política para afectar el cambio en la política exterior del presidente Santos".
Andrés Molano, escritor y profesor de la Universidad del Rosario, dijo que "la pregunta es si realmente se gana algo al divulgar esta información o si hubiera sido deseable que se discutiera y la manejara el nuevo gobierno, en el esfuerzo de aproximación con Chávez".

La prestigiosa revista Semana señala por su parte algunas diferencias entre Santos y Uribe, y el desencanto de éste con varias designaciones de gabinete.
En su edición en Internet destacó que “analistas y expertos han calificado las supuestas revelaciones del gobierno colombiano como un refrito inoportuno, es decir, que no contienen información nueva y que llegan en un mal momento”.

En ese sentido cita a varios ex cancilleres y algunos profesores de relaciones públicas de universidades colombianas. Las personalidades de este país dan por cierta la presencia de jefes guerrilleros colombiano en territorio venezolano, aunque no explican cómo pueden pasar de un país a otro sin ser detectados, ni porque el ejército colombiano asegura estar cerca de capturar o matar a Alfonso Cano, el máximo líder de las FARC. La semana pasada algunas versiones de prensa hasta dieron por muerto a Cano después de una ofensiva militar que, según el Ministerio de Defensa, abatió a más de 12 guerrilleros destinados a su custodia.

El ex presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998) se declaró "preocupado porque haya detrás de esto algún interés en obstaculizar el proceso de normalización, que comenzó el presidente (electo) Santos cuando de una manera clara y enfática invitó al presidente Chávez a que viniera a su toma de posesión". Samper enfatizó que cuando faltan poco más de 20 días para la asunción del nuevo mandatario se hace un "escándalo mediático con estas supuestas pruebas que deben estar en poder del gobierno desde hace muchísimos meses, por no decir años".

Por su parte, el ex presidente Andrés Pastrana calificó de dudoso y preocupante el hecho de que a tan sólo tres semanas de que Uribe deje su mandato, el gobierno presente pruebas que ponen en evidencia la presencia de guerrilleros en territorio venezolano. Pastrana sostuvo que esa información estaría en poder del gobierno desde hace más de seis años. En diálogo con Caracol Radio, se preguntó por qué esas pruebas (que todavía no han visto la luz pública), no fueron conocidas por los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE).

En tanto, la senadora liberal Piedad Córdoba acusó a Álvaro Uribe de intentar romper las relaciones con Venezuela antes de abandonar la presidencia. "Pareciera que el presidente Uribe no contento con todo lo que hemos tenido que padecer tras el congelamiento de los vínculos entre Venezuela y Colombia, busca ahora dejar las relaciones completamente rotas". Córdoba recordó que el propio presidente Uribe ha reconocido que "el aumento del desempleo en el país se debía fundamentalmente a que Venezuela y Colombia ya no tienen (casi) relaciones comerciales", y apuntó que "las declaraciones provocadoras no ayudan absolutamente nada a un mejoramiento de la situación" entre ambos países. Remarcó que "es claro" que el saliente presidente colombiano, "le deja como legado (a Santos) las relaciones con Venezuela en el peor momento".

En tanto en Venezuela, el ex vicepresidente de ese país, José Vicente Rangel, calificó como una "provocación" las denuncias del gobierno colombiano. Rangel dijo que el objetivo del señalamiento era "crear una situación que perpetúe el estado de malas relaciones" entre Colombia y Venezuela, para condicionar así al nuevo gobierno de Juan Manuel Santos.

Para el ex vicepresidente, la última acusación colombiana debe ser entendida como "el primer acto de oposición del presidente Uribe al presidente electo de Colombia". A su vez, el director del diario “Ultimas Noticias” Eleazar Díaz Rangel, desde una posición no tal radical de crítica al gobierno de Chávez, comentó que resulta difícil entender como los aparatos de inteligencia colombianos son tan hábiles para detectar guerrilleros de ese país en Venezuela, y no para encontrarlos en su propio país.

Las diferencias de Uribe con Santos

Según varios medios colombianos, el presidente Álvaro Uribe comenzó a manifestar cierto descontento con el accionar de su delfín, Juan Manuel Santos, cuando en plena campaña electoral para la segunda vuelta, realizó un llamado a la unidad nacional y buscó contactos con otros partidos, incluyendo al ex candidato del Polo Democrático, Gustavo Petro.
Santos fue un fiel colaborador y soldado del presidente Uribe y a veces surgía como mas radical en la política de “seguridad democrática” impulsada por el presidente. En más de una ocasión, incluso contradiciendo posturas oficiales de Uribe, Santos como ministro de Defensa y después como candidato, insistió en defender el “derecho” de su país a atacar cualquier base guerrillera o accionar contra cualquier “terrorista” más allá de sus fronteras.

Pero, tras la victoria electoral del pasado mes de junio, Santos comenzó a tomar algunas decisiones que irritaron a Uribe. Una de ellas fue la invitación a su asunción de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez. Según la revista Semana, Uribe no vio con buenos ojos que con esa invitación lo obliguen a saludar, como presidente saliente, a dos de sus mayores críticos. Esto habría sido un elemento más, ya que en el entorno uribista se esperaba que el futuro presidente hubiera elegido más ministro de ese entorno, y no hubiera concedido cargos a algunos críticos del gobierno de Uribe.

Entre las designaciones cuestionadas figuran la de la canciller María Ángela Holguín quien fue uribista de primer orden hasta que tuvo roces con el presidente que desembocaron en su salida del gobierno; Juan Camilo Restrepo, próximo ministro de Agricultura, hizo abierta oposición al gobierno saliente; Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda designado, tuvo un enfrentamiento con Jerónimo Uribe, hijo del Presidente, cuando era decano de Economía en la Universidad de los Andes; Carlos Rodado, el nuevo ministro de Minas, en Atlántico apoyó a Eduardo Verano de la Rosa en las elecciones por la Gobernación y no al candidato uribista José Name Terán.

La designación que más indignación provocó al presidente Uribe fue la del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, ya que éste ha sido uno de los más duros críticos de su gobierno, particularmente del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien era el protegido del jefe de Estado. Restrepo, en sus columnas de opinión, se opuso a las dos reelecciones, propuso el voto por el NO en el referendo de 2003, y se fue con todo contra el gobierno a raíz del escándalo de Agro Ingreso Seguro. En esa ocasión escribió: "Al gobierno del presidente Uribe le encanta regalar dineros públicos a los más ricos y cobrarles pesados impuestos a los más pobres".

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