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MEXICO - El conflicto post-electoral y la democracia mexicana

Amando Basurto

Viernes 28 de julio de 2006, puesto en línea por Amando Basurto

La sociedad mexicana sigue en espera de la resolución, o resoluciones, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que permitan ya sea abrir la puerta a la despresurización del conflicto electoral o, por el contrario, inyectar más presión en el torrente sanguíneo de un país que se vio festejando su democracia antes de tiempo. Tal vez muy prematuramente, precisamente por caer en la falaz creencia de que la transición, que no cambio, acontecida el año 2000 era un signo inequívoco de la democratización de México. Evidentemente, el problema es de origen. Todo depende de cómo es que uno se atreva a definir lo que significa “democracia.”

Mientras unos aventuran definiciones “clásicas” de democracia en donde todos los ciudadanos participan como magistrados y ejecutores y se aferran (con razón o no) a un esencialismo participativo y deliberativo, otros pretenden dar extrema flexibilidad a las condiciones y características que una democracia electoral y representativa (moderna y liberal) debiese presentar. Mientras estos extremos conceptuales existan, será posible realizar generalizaciones con el objetivo de hacer uso propagandístico (que no sólo ideológico) del concepto. Por ejemplo, hoy hay quienes se han atrevido a declarar que la resolución del conflicto post-electoral debe ser alejada de toda presión por parte de la “derecha” y de la “izquierda” (de conservadores y liberales al modo de mediados del siglo XIX en México), y que más bien debe de ser regido por principios democráticos, es decir (y es aquí donde reside el problema) con apego a la ley. Este discurso muestra una relación que la mayoría hace entre democracia y legalidad, y que además presupone que la legitimidad es consecuencia de la legalidad. Este es un problema fundamental que analizar en el momento político que México está viviendo: ¿es la democracia un asunto de “apego a la legalidad”? y ¿qué tan distintas son la legalidad y la legitimidad?

El conflicto post-electoral corriente tiene sus anclas hundidas en, por lo menos, tres puntos distintos. Primero, en la forma en que se llevaron a cabo las campañas, especialmente por los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. No sólo es el caso de que éstas no tenían contenido alguno sino que estaban velados por discursos que simplemente descalificaban al contrario. Segundo, sobre las irregularidades que se presentaron durante la jornada misma y que no pueden ser calificadas como fraude hasta demostrar su carácter de dolosas y parciales. Y, finalmente (aunque posiblemente más importante), que las campañas pre- y post-electorales de los partidos han abusado de la división social del país. Porque no es cierto que las elecciones hayan dividido al país como lo vemos hoy, sino que se dedicaron a exaltar a dos Méxicos distintos, a dos Méxicos con necesidades y creencias distintas. Ese México dividido no necesita de avalúo electoral para existir de hecho. Y es este México dividido el que necesita una resolución judicial que muestre no sólo imparcialidad sino que además comprenda que el acontecido no es un proceso electoral en condiciones ideales y que requiere no sólo de la aplicación de la ley sino de importante consideración política.

Es por ello que no comparto la visión de José Woldenberg (REFORMA, 27 de julio de 2006) de que la “auténtica justicia electoral” reside hoy en el perfil legal y no político de la calificación de las elecciones. Las elecciones no son un proceso legal sino político que en ocasiones, como hoy, requieren de decisiones políticas y no de simple apego a la ley. Sin querer esto decir que sean extra- ni supra-legales sino que, haciendo una lectura amplia de los marcos legales, el Tribunal Electoral debe considerar los hechos directa e indirectamente relacionados con el proceso. No se puede pretender -escribe Woldenberg- “suprimir los conflictos electorales” pero lo importante es contar con “una vía y una institución capaz de resolverlos.” Sin embargo, no está en manos del Tribunal el resolver el conflicto; su papel es fundamental en la forma en que el conflicto se desarrolla y dirime y en la manera en que la ciudadanía observa una legitima aplicación de la ley. El Tribunal, pues, no puede dejar de lado el contexto político y ocultarse tras la estricta lectura de leyes y estatutos. Aquí reside su verdadera responsabilidad. Por cierto, es necesario apuntar, especialmente para aquellos que hablando de democracia pretenden legitimar al Tribunal como última instancia, que el mismo no es electo democráticamente sino que es conformado por Ministros designados por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia que, por cierto también, tampoco son electos. Ciertamente son aprobados por los Senadores, pero eso no es suficiente para una investidura democrática. La legitimidad del Tribunal Electoral depende, por ello, no sólo de su sustento legal, sino fundamentalmente de su actuar político. Este es realmente el desafío que tienen hoy los Magistrados Electorales en las manos.

Por otro lado, uno más de los argumentos que abusan de las (cada vez más) connotaciones del concepto democracia trata de legitimar a toda costa el proceso electoral a través de decir que quienes contaron “voto por voto” en las casillas el 2 de julio no son ni empleados del gobierno ni miembros de un partido. La ciudadanización de las elecciones en México es ahora utilizada como un elemento mayor de la legitimidad de éstas. Si esto fuese cierto los cuerpos (colegiados) electorales estarían integrados sólo por ciudadanos y no se requeriría de la presencia de representantes de los partidos políticos ni en los Institutos, ni en los Distritos, ni en las casillas. La existencia de los representantes deriva de que la “ciudadanización” no es suficiente para garantizar la legalidad y legitimidad de las elecciones. Quienes así lo consideran pretenden hacer creer a todos que los ciudadanos son esencialmente imparciales, como si los ciudadanos no tuviesen intereses partidistas y de todo tipo. A final de cuentas, ¿por qué habría cada uno de nosotros de confiar en aquellos que el Instituto Federal Electoral nombró y (supuesta y en ocasiones mal) capacitó para ser funcionarios de casilla? Esto no significa descalificar la forma en que las elecciones son organizadas, sino reconocer que la previsión de la representación partidista se debe a la necesidad de que haya una regulación de facto. Finalmente las inconsistencias en actas no necesariamente son producto de fraude; de hecho pueden ser simple resultado de descuido, ignorancia, o (en muchos casos) de la mala preparación de aquellos que fueron funcionarios de casilla.

Así pues, ni la “institucionalidad” del IFE y del Tribunal Electoral ni la ciudadanización de las elecciones en México son razones para otorgar cheques en blanco a favor de ningún proceso electoral. Las instituciones no son para solapar sino para construir confiabilidad y certeza política y legal.


Amando Basurto es Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Mensajes

  • CREO QUE LO QUE NOS DISE AMANDO BASURTO ES ALGO MUY CERTERO;POR QUE AUNQUE A MI NO ME GUSTE LA POLITICA, ALCANZO A PARSIVIR QUE EL NO ESTA NI DEL LADO DEL PAN, NI DEL LADO DEL PRD SOLO DICE LA REALIDAD DE LAS COSAS

  • ME APERECE QUE AUNQUE NO QUERAMOS SI ES UN ASUNTO LEGAL, SE CONVIERTE EN LEGAL EN EL MOMENTO EN QUE HA REBASADO LA POLITICA Y QUE SE TIENE QUE LEGITIMAR A UN PRESIDENTE.
    TAMBIEN SE MENCIONA QUE NO SE DEBE CREER EN LOS CIUDADANOS QUE SELECCIONO EL IFE? ESPERO QUE SI SEPAS COMO LOS SELECCIONA, SON CIUDADANOS COMO TU O COMO YO Y QUE DE ACUERDO A SU ESCOLARIDAD ES SU RANGO, QUE PUDO HABER MALA CAPACITACION ES CIERTO Y QUE LOS ERRORES QUE SE COMETIERON SON HUMANOS. PERO SE DEBE CONFIAR, UNA X QUE SON CIUDADANOS, Y TIENEN INTERESES ES VERDAD, PERO NO ESTABAN SOLOS Y NO TODOS SON DE LA MISMA CORRIENTE POLÍTICA Y ADEMAS PARA ESO CADA PARTIDO PODIA TENER UN REPRESENTANTE QUE TAMBIEN IBA A CUIDAR SUS INTERESES... ENTONCES? CLARO QUE DEBIO HABER ERRORES, MAS NO FRAUDE COMO LO CANTAN. SEAMOS LÓGICOS. Y ENTRA EL MARCO LEGAL PORQUE HUBO IMPUGNACION Y A PESAR DE ATENDERSE MAL FUNDADA Y CAPRICHOSA PRETENDE QUE SE AUTORICE HASTA LO QUE NO SOLICITO LEGALMENTE.
    Y SIENDO UN ASUNTO POLITICO LEGAL, ME DESMARCO DE TODA CAUSTION POLÍTICA Y ME VOY PARA APOYAR LA LEGALIDAD, MI VOTO Y LAS INSTITUCIONES QUE TANTO NOS HAN COSTADO Y QUE DE LA NOCHE A LA MAÑANA QUIEREN DESCALIFICARLAS A TODAS...

  • ESTE CONCEPTO DE -LEGALIDAD/JUSTICIA- SIENTO QUE BIEN PODRÍA SER EXPLICADO CON LAS CUATRO ESTATUAS DE MUJERES QUE ENCUADRAN NUESTRA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA, MEJOR CONOCIDA COMO: "EL ÁNGEL" UNA REPRESENTA LA GUERRA OTRA, LA PAZ. LA TERCERA, LA LEY Y LA CUARTA..., LA JUSTICIA. ¿QUE NOS HABRÁN QUERIDO SIGNIFICAR EL, LA, LOS O LAS ARTISTAS CREADORES DE DICHAS OBRAS? AHÍ SE LAS DEJO DE TAREA.

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