Portada del sitio > Español > Estados Unidos > ESTADOS UNIDOS-AMÉRICA LATINA - Aguas negras (II)
ESTADOS UNIDOS-AMÉRICA LATINA - Aguas negras (II)
Javier Diez Canseco, La República
Martes 16 de octubre de 2007, por
08 de Octubre de 2007 - La República - Cuando el 16 de septiembre pasado, los elementos de “Blackwater” (BW), la poderosa empresa privada de seguridad de EEUU que da seguridad a los diplomáticos de EEUU en Irak, mataron a 14 civiles desarmados e inocentes, la masacre fue la gota que rebalsó el vaso. Al-Maliki, Primer Ministro del régimen impuesto por los EEUU, pidió se retiren, pero rápidamente se desdijo, aunque el caso hizo inevitable “ver” las impunes balaceras y muertes de civiles iraquíes en manos de los “contratistas de seguridad”. A los escandalosos negocios de la reconstrucción (que comprometen hasta a Halliburton, la empresa del mismo Vicepresidente norteamericano Cheney, pero no han sido materia de investigación alguna por conflicto de intereses), se suman los creados por la privatización de la guerra y la seguridad pública. El mundo descubre además que los mercenarios o contratistas privados de seguridad han tenido, por años, un privilegio que no gozan los mismos soldados norteamericanos: una escandalosa impunidad, en Irak y EEUU, que los hace intocables por ambos aparatos de justicia.
Los mercenarios –de la llamada “industria militar privada”- serian 30,000 en Irak (unos 7,300 pagados por el Ministerio de Defensa de EEUU). Su brutal accionar capta hoy la atención mundial. Empresas como BW, propiedad de un financista del Partido de Bush, hacen tremendas ganancias: en este caso un jugoso contrato anual de más de $1,000 millones de dólares. Sólo BW (con 800 efectivos en Irak) ha estado involucrada en casi 200 balaceras reportadas (muchas, ya se sabe, no se informan) y ellos dispararon primero en el 80% de los casos. Pero recién, aunque operan desde el 2003, el Congreso de los EEUU ha visto de sujetarlos a la legislación norteamericana.
Así, mientras un contratista tenia como sanción máxima el despido, los soldados tienen códigos y pueden ser sufrir un proceso penal militar. Claro, no son procesados en Irak, sino en EEUU, con sus propios jueces. Y los procesos abiertos a soldados responsables de la muerte de civiles iraquíes (como el del asesinato de 24 civiles en Haditha, el 19 de Noviembre del 2005, en que solo se procesó al jefe de escuadra) terminan con penas disminuidas –si las hay- por “homicidio involuntario” (baja de cadena perpetua a 3 años de prisión). A este cuadro se suma el descubrimiento de un memorando (2003) del propio Ministerio de Justicia norteamericano -cuyo titular ha renunciado y que una Comisión del Senado reclama se le remita para evaluar- que haría evidente el uso de la tortura en los interrogatorios. Cierto, ya las torturas en la cárcel de Abu Graib y el brutal trato en Guantánamo, así como la existencia de prisiones secretas norteamericanas en diversas partes del mundo, han mostrado que EEUU no respeta las Convenciones de Ginebra, detienen y secuestran sin proceso ni plazo a quien desean. Pero esto lo hace más evidente.
Hay otro elemento de las “empresas de seguridad privadas” como BW: una gran parte de sus trabajadores son latinoamericanos. Kristina Mani, de Oberlin College, ha publicado hace poco que de los 30,000 mercenarios en Irak, unos 10,000 no son norteamericanos ni ingleses. Cerca a 1,200 son chilenos, unos 1,000 peruanos y unos 700 salvadoreños, además de colombianos, nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos. Si bien entre el 2003 y el 2004 BW solo contrataba pocos elementos de Chile y Colombia, la empresa “Triple Canopy” y otras -desde el 2005, al empeorar la situación de seguridad- contratan casi exclusivamente personal latinoamericano para trabajar en la “zona verde” de Bagdad, bajo control americano.
La reducción de gastos militares, el licenciamiento de personal entrenado y los bajos sueldos, han hecho atractivo tomar personal latinoamericano, especialmente de El Salvador, Honduras y Perú, dice Mani. Un mercenario latino costaría entre $1,500 y $3,200 al mes, bastante más barato que uno de EEUU o Inglaterra. Facilita la oferta, el florecimiento de empresas privadas de seguridad en Latinoamérica ante la creciente ola de delincuencia y el enfrentamiento a ciertos problemas sociales por grandes empresas (como las mineras en el Perú con FORZA y otras, para enfrentar los reclamos de comunidades campesinas y ecologistas). Y, claro, hay más de medio siglo de estrecha relación militar con los EEUU lo que hace fluidos los vínculos entre militares y ex militares de ambas partes para subcontratar con EEUU. No han faltado, en Perú y en Honduras, las denuncias de corruptelas, que incluirían pago por lo bajo a ciertos oficiales, y el uso de instalaciones militares estatales para entrenar a los mercenarios antes de enviarlos a sus contratistas en Irak. No son pocos quienes, como Mani, resaltan la doble moral norteamericana de demandarles a los países latinoamericanos estándares de derechos humanos, mientras su “industria militar privada” contrata mercenarios que violan derechos humanos y abusan del poder con impunidad total.
El Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la ONU comienza a ver el tema, pero solo formulará recomendaciones. La OEA y la Comisión Interamericana de DH debieran tratar el tema. No lo hacen. Pocos países latinoamericanos han cerrado empresas o comenzado a discutir legislación (caso de Honduras y Chile, respectivamente). En la mayoría, como el Perú, a pesar de los abusos laborales y los evidentes problemas de derechos humanos, las cosas no han pasado de algunas denuncias o aisladas referencias: ni investigación seria ni legislación promulgada. La “industria de seguridad privada” peruana, formada por algunos ex compañeros del Vicepresidente Giampietri, goza del apoyo pleno del Presidente, como el caso de FORZA, cuyos directivos (como Julio Favre y Vega Llona) se reúnen y asesoran semanalmente a García. Tremendo padrino tienen las aguas negras del Perú, que actúan con evidente impunidad en diversas zonas del país.
Reproducción por iniciativa del autor.
