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MÉXICO - Investigación periodística asegura que el Ejército y la Policía Federal estuvieron involucrados directamente en la desaparición de los estudiantes

El Mostrador

Viernes 19 de diciembre de 2014, puesto en línea por Claudia Casal

16 de diciembre de 2014 - El Mostrador - Un reportaje de revista Proceso entrega antecedentes que probarían que las autoridades al más alto nivel estuvieron enteradas «en tiempo real» de lo que ocurría en la ciudad de Iguala y que el ataque habría sido orquestado para atacar la «estructura ideológica» de la escuela normalista

Según el trabajo de investigación, realizado por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley y publicado en la revista mexicana Proceso, el pasado 13 de diciembre, el gobierno que lidera Enrique Peña Nieto supo en tiempo real los hechos que terminaron con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, ocurrido el 26 de septiembre.

Según Proceso, el atentado fue planeado con el fin de atacar “la estructura ideológica y de gobierno de la institución (por la escuela), pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran ‘activistas políticos en formación’ del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI)”.

Con partes policiales y registros internos de personal de seguridad, los periodistas demuestran que en “tiempo real” las autoridades federales siguieron los movimientos de la caravana de dos buses en la que venían los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, emplazada en un municipio a dos horas de Iguala

Cabe recordar que la investigación judicial que lleva adelante la Procuradoría General avanza en el sentido de involucrar al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien –según esta hipótesis– ordenó el ataque contra los aspirantes a profesores rurales para evitar que los estudiantes interrumpieran el informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a cargo del Departamento de Desarrollo Integral de la Familia, (DIF) de la municipalidad.

Precisamente, la noche del 26 de septiembre la esposa del alcalde José Luis Abarca aprovecharía la rendición de cuentas de su cargo para lanzar la plataforma política sobre la cual quería suceder a su esposo. Cuando ambos supieron que los estudiantes, que ya habían protagonizado una protesta, estaban en la ciudad, planearon el ataque, según la investigación oficial. Pero según revela esta nueva investigación la rendición de cuentas de María de los Ángeles Padilla termino dos horas antes de que los estudiantes llegaran a la ciudad.

Agentes de la policía municipal los atacaron con armas de fuego. Tres alumnos y otras tres personas que circulaban por la ciudad murieron en la balacera y otros 43 jóvenes fueron secuestrados y luego entregados al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, que los habría asesinado e incinerado, deshaciéndose de los cuerpos.

La investigación consigna que en 2011 tres estudiantes normalistas murieron baleados por la policía federal durante una manifestación en la autopista entre ciudad de México y Acapulco. Según el expediente judicial de este caso, varios de sus compañeros fueron detenidos y golpeados.

Pero ahora, según este reportaje, los agentes federales y soldados apostados en la zona, estaban al tanto de todo y algunos participaron en los hechos. Así lo demuestran los documentos y testimonios obtenidos durante la investigación de Hernández y Fisher.

Entre estos antecedentes hay un informe que detalla, en el reportaje, que “a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo”, dice el documento, demostrando que la información se manejaba a nivel de las autoridades mexicanas.

Natividad Elías Moreno, operador de radio de la policía municipal de Iguala y de turno esa noche, explicó que “el C4 de Iguala está conectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública que controla la Secretaría de Gobernación”, cuyo titular es Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres fuertes de Peña Nieto. Según este testimonio, todos los reportes que llegan al C4 arriban simultáneamente a la Policía Federal, al Ejército y las demás instituciones.

Además, desde el 28 de septiembre, dos días después del ataque, la Fiscalía General de Guerrero, en un intento por deslindar responsabilidades, ordenó a la Policía Federal que informase “de manera urgente” si sus efectivos habían participado en los hechos del 26 de septiembre. El fiscal de ese entonces, Iñaki Blanco, pidió el registro de entrada y salida del personal federal de su base de operaciones, ubicada a cinco minutos del lugar donde ocurrió el ataque. Pidió que se le informara el número de patrullas en servicio y el registro del armamento usado entre el 24 y 28 de septiembre. “De acuerdo a los tomos de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 la PF nunca entregó esa documentación”, consigna la investigación que publica Proceso.

La revista obtuvo una docena de videos grabados por lo estudiantes con sus teléfonos celulares durante el ataque. En uno de ellos las víctimas identifican claramente la presencia de la Policía Federal mientras los balean.


http://www.elmostrador.cl/pais/2014/12/16/investigacion-periodistica-asegura-que-el-ejercito-y-la-policia-federal-estuvieron-involucrados-directamente-en-la-desaparicion-de-los-estudiantes-mexicanos/

La investigación de Proceso también solicitó a la Procuradoría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, que se pronunciara sobre la participación de la Policía Federal y el Ejército en el ataque a los normalistas y las torturas infligidas a los supuestos miembros de Guerreros Unidos. “El Procurador dijo que las investigaciones continúan, va a llegar hasta sus últimas consecuencias”, detallaron los autores del reportaje.
De acuerdo al informe, la participación de la Policía Federal y del Ejército en los hechos “sí está siendo investigada”, reconoció la Procuradoría General de la República

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