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BOLIVIA - Exploraciones petroleras ponen en riesgo parques nacionales

Noticias Aliadas

Lunes 27 de julio de 2015, puesto en línea por Claudia Casal

23 de julio de 2015 - Noticias Aliadas

Decretos permiten actividades de exploración de recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas y territorios indígenas

El presidente Evo Morales anunció el 22 de julio, durante la inauguración del V Congreso Internacional YPFB de Gas y Petróleo en la oriental ciudad de Santa Cruz, que su gobierno ha decidido explorar hidrocarburos en áreas protegidas.

“Hemos decidido —y quiero aclararles que, evidentemente, tenemos todo el derecho, es nuestro derecho— hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas; lo vamos a hacer con mucha fuerza”, dijo Morales en su discurso.

La decisión está basada en el decreto supremo 2366, del 20 de mayo, “que tiene por objeto establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”.

La norma autoriza “el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas” en cumplimiento a los condicionamientos ambientales establecidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN)… debiendo prever medidas ambientales adecuadas, con mayor atención en zonas de alta sensibilidad ecológica, para precautelar la conservación de los sistemas de vida de la madre tierra”.

Establece además que las empresas que realicen estas actividades deberán destinar el 1% del monto de inversión establecido para el fortalecimiento del área protegida intervenida.

Morales afirmó que sólo 0.04% de siete áreas protegidas será afectada con las actividades hidrocarburíferas. Agregó que cuenta con el apoyo de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca que acordaron a mediados de julio garantizar la exploración de gas y petróleo en sus territorios ubicados en el sur del país, en la frontera con Paraguay.

El decreto 2366 se suma a otros aprobados previamente y que afectarán los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de los decretos 2195, aprobado el 28 de noviembre del 2014, que establece una compensación de hasta 1.5% sobre el monto de inversión en actividades extractivas en territorios indígenas; y el 2298, del 18 de marzo pasado, que modifica la consulta y participación de los pueblos indígenas en actividades hidrocarburíferas.

Rechazo de pueblo guaraní

Domingo Julián, presidente de la APG, desmintió que su pueblo ha aceptado las actividades extractivas en sus territorios. De acuerdo con información periodística, Julián dijo que lo único que existe es un convenio con el gobierno para iniciar las mesas técnicas de trabajo en agosto para compatibilizar una serie de decretos relacionados con la actividad extractiva que los afectan.

“En ningún momento hemos dicho que se lleven adelante las exploraciones en las reservas”, dijo Julián a la Red Erbol. “No podemos permitir porque en algunos parques hay especies en extinción y debemos preguntarnos qué va a ser de esos animalitos y también yo creo que son los únicos parques donde hay más reservas de bosques”.
El defensor del pueblo Rolando Villena anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 2366 por afectar los derechos de los pueblos indígenas.

El 1 de julio Villena presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 2195 porque afecta al menos cuatro artículos de la Constitución que establece que “la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar la calidad del medio ambiente”.

Igualmente la Constitución establece que los pueblos indígenas tienen “la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación, y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza”.

“Hemos analizado el decreto desde la perspectiva de las normas nacionales y los principios internacionales de derechos humanos y consideramos que existen vulneraciones muy graves a estos derechos y por eso hemos pedido al Tribunal competente que declare inconstitucionales esos artículos”, dijo Villena.
Bolivia cuenta con 22 parques nacionales y 60 diferentes tipos de áreas protegidas.


http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7201

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