NICARAGUA - Los desplazados del canal

Connectas - Este artículo fue realizado por Confidencial y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.

Más de 120.000 personas se verían afectadas por la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua, a cargo del grupo HKND. Los campesinos se sienten traicionados por el gobierno del presidente Ortega ya que la ley de expropiación de terreno fue otorgada a Wang Jing, el empresario chino a cargo del proyecto. Los habitantes han empezado a sentir como los orientales llegan a sus tierras, tocando a sus puertas y midiendo sus casas.

I. La inseguridad en Rivas: de Brito a Ometepe

Brito, la puerta en el Pacífico

Genaro Bustos García deja de descascarar los tamarindos. Hace un ademán de resignación con los hombros y salta del tablón. El retumbo de las olas explotando en las costas de Brito, en el Pacífico de Rivas, no cesa. El sol cae con aplomo desde el cielo azulado, pero solo unas cuchilladas de luz atraviesan la frondosa arboleda de tamarindos cuyos frutos marrones estos hombres se apuran a recoger y a pelar para vender a 300 pesos el quintal.

— Yo vivo en Río Grande, un pobladito de aquí, de Brito. Los chinos vinieron hace meses a medir mi casita — narra Genaro, mientras otro de sus compañeros de recolección apunta al sitio donde vio a los ingenieros asiáticos de HKND, utilizando aparatos sofisticados, midiendo esta playa que será la puerta en el Pacífico del proyecto del Canal Interoceánico, una mega-obra de ingeniería cuyo concesionario es el empresario chino Wang Jing, con un costo que asciende a más de 40 mil millones de dólares.

Las expediciones de HKND para medir terrenos y propiedades fueron comunes en la ruta afectada por el paso interoceánico, al igual que en los lugares en los que el concesionario ha proyectado los sub proyectos canaleros. El poblado de Río Grande está ubicado a pocos kilómetros al noreste de las costas doradas de Brito. Los días aquí parecen un Viernes Santos perpetuo: la polvareda caliente pica al estrellarse con la piel y nada, más que las hojas de los árboles, pareciera moverse por el vaho ardiente. Esta geografía cambiaría radicalmente, pues aquí será construida la exclusa Brito. Brito forma parte del municipio de Tola, donde según un estudio de la Red de Desarrollo Local, se verían afectadas por este proyecto 7,117 personas, incluyendo poblaciones localizadas en la ruta y en los subproyectos.

— Yo he oído desde hace varios años del Canal, pero nunca había pasado eso, de que son los chinos los que se quieren adueñar de Nicaragua— reniega Genaro—. Y usted sabe que eso no es así. Uno está acostumbrado a vivir donde uno nació, y cómo va ir a rodar en otro lado. Nadie está de acuerdo por donde quiere pasar eso. Yo sería uno de los afectados en Río Grande.

María Nicolasa García se había acercado a los hombres agachada, recogiendo el abundante tamarindo que tapiza la arena de mar. El olor agridulce del fruto se mezcla con el salitre cuando se pisan; es un aroma dulzón y áspero a la vez. A sus 66 años, el trabajar en cuclillas no parece ser un problema para María, de hablar impetuoso.

— Yo mejor estoy en mi lugar y no queremos ningún Canal, porque estamos hechos donde estamos, así viva en una lomita. Allí voy a pasar tranquila los últimos días que Dios me está dejando.

El repudio a la obra canalera fue patente en toda la ruta recorrida. Los afectados directos e indirectos eran tajantes en sus respuestas: “No queremos Canal, ni expropiaciones”. La ley canalera, conocida como “la 840”, establece en su artículo 12 la expropiación de cualquier propiedad que el concesionario Wang Jing considere necesaria para desarrollar el proyecto. El afectado no puede refutar la decisión, únicamente discutir el precio de la indemnización. Y el precio a pagar, según la normativa, será el de catastro, inferior al de mercado.

Esta disposición ha enfurecido a los potenciales afectados, tanto así que han realizado 46 marchas contra el Canal. Una encuesta independiente sobre el mega proyecto, realizada por la Universidad de Vanderbilt, de Estados Unidos, concluyó que 91.3% de los nicaragüenses no está de acuerdo con las expropiaciones. El rechazo se intensifica mientras más cerca se vive del paso interoceánico.

“No queremos ningún Canal, porque estamos hechos donde estamos, así viva en una lomita. Allí voy a pasar tranquila los últimos días que Dios me está dejando”- María Nicolasa García, habitante de Río Grande, Brito.

“El público nicaragüense no está convencido de que el gobierno tiene el derecho de expropiar, ni siquiera en nombre del interés nacional, si los propietarios no están de acuerdo”, refirió la encuesta.

Ligia Lara, quien también se dedica a “tamarindear”, sostiene que no vale pena vender las propiedades ni al mejor precio.

— ¿Qué remediamos que nos paguen bien si tenemos que empezar de nuevo a gatear, a hacer sacrificios, para comprar terreno, hacer nuestras casas, todo eso? Usted sabe que la vida está dura.

Ligia nos guió de la costa hacía Río Grande, el poblado de Genaro. En el trayecto encontramos a Allan Cárdenas Zapata faenando en su finca. Es recio, muy moreno, de pocas palabras. En una esquina de su casa de ladrillo rojo hay una roca muy extraña. Tiene forma de misil. Mide casi medio metro y pesa demasiado. Dice que los chinos la extrajeron de su propiedad. Taladraron el suelo dos días hasta encontrarse con una capa sólida en la que la broca encalló en seco. Allan dejó que los chinos estudiaran su propiedad porque, dijo, está consiente de algo:

— El problema es que nadie está dispuesto a vender, pero si el gobierno te saca… No podes oponerte. Es lo que no sabemos.

En diciembre pasado, en Brito, el empresario asiático Wang Jing inauguró “el inicio de la construcción del Canal”. Cuatro meses después, en la zona sólo hay una trocha angosta que es abierta por un par de máquinas amarillas y media docena de hombres a paso muy lento. Los pobladores que pasan desearían encontrar una respuesta en estos trabajadores sobre su futuro, porque ni el gobierno ni los chinos lo han hecho.

— ¿Dónde vamos a ir? Esa es la pregunta— insiste Ángela Novoa, una mulata de ojos azules—. Yo no sé cuánto irán a pagar, dicen que es sobre catastro, pero si es así uno no podría comprar otra casa. Imagínese cuánto vale un pedacito de tierra.

La vivienda de Ángela fue la última que visitamos en Brito. Además de los pobladores en esta zona, hay vastas fincas. Son tierras apetecidas. A pocos kilómetros de las playas más preciosas de Nicaragua, como las de Tola.

Obrajuelo, el primer grito contra el Canal

La ruta canalera parte en dos el istmo de Rivas. Desemboca en el Lago Cocibolca cerca del Río Las Lajas, propiamente en un caserío llamado Obrajuelo, en la costa del Lago Cocibolca, del municipio de San Jorge. Las expediciones de chinos visitaron este lugar y fue el primero donde encontraron resistencia.

En las incursiones de los funcionarios de HKND, en compañía de efectivos de la Policía y el Ejército Nacional, más un representante de la Procuraduría General de la República, una camioneta del concesionario fue apedreada.

Isaac Flores recuerda que les impactó cuando les dijeron que Obrajuelo desaparecería. Y la noticia de que serían desalojados crispó totalmente los ánimos. Aunque muchos de los pobladores habitan en la costa del Cocibolca, lo que significa que sus propiedades pertenecen a la municipalidad, la idea de dejar sus hogares les pareció más drástica.

“Nunca habíamos pensado en irnos, vernos en otra forma de vida. No encontraríamos otro lugar como la playa, pero en la actualidad la mayoría de la gente nos encontramos en la sin remedio”, afirma Flores, un pescador que todos los días sale en un pequeño bote de madera a buscarse la vida en las aguas del Gran Lago de Nicaragua.

El dilema sobre el precio de catastro o de mercado no tiene tanta importancia para Flores como el precio “sentimental” de su terreno. “Aquí vivieron mis abuelos, mis papás, nosotros… es un valor que no se paga nunca. Ahora, está el valor de vivir al frente de la playa, que es un centro turístico, atractivo para los extranjeros”, arguye Flores.

Noel Ibarra, abogado de profesión, posee en Obrajuelo “su casa de verano”. Es una edificación de amplio corredor frente a la costa. Él sí considera injusto que le paguen el precio de catastro. “El vocero ha dicho muchas veces que van a negociar persona a personal, casa a casa, el valor de las propiedades. Si el proyecto del gran canal se da, es un progreso para el país, pero los individuales salimos chimados (afectados)”, aprecia.

El ingeniero Telémaco Talavera, vocero del proyecto del Canal, explicó en una conferencia que brindó en la sede de la Confederación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (CONAPRO), que el tema de las indemnizaciones “forma parte de los estudios realizados”. “De lo que sí estamos convencidos es que la discusión será transparente, persona a persona, comunidad a comunidad”, prometió.

Según Talavera, hay tres opciones para resolver las expropiaciones: “La permuta, en donde se les dará una propiedad a cambio de la suya; la indemnización directa (se le pagará el valor de su propiedad), o una indemnización por comunidad, en el caso de las comunidades de la Costa Caribe, donde la propiedad es comunal”.

El vocero aseguró que los recursos para pagar las indemnizaciones los maneja directamente la empresa HKND y no dio mayores detalles. El concesionario informó en diciembre pasado que el proceso de expropiación iniciaría en el primer trimestre de 2015. Sin embargo, ahora los responsables de la mega obra filtraron que las indemnizaciones iniciarán después de ajustar el diseño del proyecto, de acuerdo a lo aconsejado por los estudios sociales y ambientales. “Dentro y fuera de la ruta puede haber modificaciones y algunas familias podrían quedar fuera o seguir en la ruta y en la zona de influencia”, dijo Talavera.

El problema para el jurista Ibarra no es tanto el precio sino “la alternativa que tenés después”. Flores, por su parte, asegura que los personeros del proyecto no mencionaron el tema de la reubicación. “No nos hablaron de dónde nos reubicarían, nos hablaron de expropiación, de que tenemos que irnos, pero no nos dijeron adónde. No sabemos, nadie sabe, nadie tiene una idea dónde puede ser”, se queja.

Obrajuelo es una hilera de casas que se extiende sobre la costa del Cocibolca. Al norte del poblado, vive Leonardo Espinoza, uno de los líderes locales de la protesta anti canal. Es un tipo rudo y en cada planteamiento esgrimido menciona la ley 840. “La ley dice que no hay reubicación y que será pagado el valor catastral, que el chino va a ser inmune; no hay tribunal ni abogado que lo pueda acusar, entonces nos van a matar como perros”, dice. Flores pintó en su casa letras chinas. Usó “Google” para traducir “fuera chinos”.

La tarde que visitamos Obrajuelo un apacible viento transportaba la brisa dulce de las aguas del Cocibolca. Zinia del Carmen García estaba sentada junto a su madre debajo de una estructura de metal a medio construir. “Desde hace cuatro meses estamos parqueados”, resalta la joven. Los chinos dejaron una orden, rememora: “no sigan construyendo porque, de todos modos, les van a quitar las tierras y van a perder más”.

“No veo cómo habrá progreso”, fustiga García. “Si desde el inicio nos están atropellando, pónganse a pensar cuando venga el canal más cerca”, agrega.

No sólo en esta casa hay construcciones suspendidas. Al sur de Obrajuelo vive Carmen Rayo, la abuela que cuida a sus nietas en el mismo patio donde su hija, que trabaja como empleada doméstica en Managua, construye una casa. Desde hace tres meses los albañiles detuvieron el levantado de las paredes.

“Nos vamos a morir de tristeza porque uno es diabético y que le metan así cosas, se aflige”, exterioriza Rayo, especificando en seguida que su hija ha invertido más de 25 mil córdobas en la obra, de a dos mil córdobas por quincena. “Iba al suave para arriba la casa, pero es mejor no seguir metiendo si nos van a sacar”, lamenta.

La iglesia evangélica de Obrajuelo también “está a medio palo”, señala Flores. “Si piensan construir algo en sus casas, mejor guarden el dinero y construyan cuando estén en otro lugar, porque de hecho por aquí pasará el Canal y esto es irreversible”, comenta Flores lo que, supuestamente, le recomendó la figura del “Procurador Especial por Nicaragua” que acompaña a los asiáticos de HKND.

Ometepe, temor por el Cocibolca

¿Por qué los chinos de HKND tomaron medidas de casas y propiedades en la Isla de Ometepe, cuando la ruta no atraviesa este territorio que estuvo nominado como una de las siete maravillas naturales del mundo? Jairo Carrión Cruz, poblador de esta paradisiaca isla, encuentra la razón en la introducción general del proyecto canalero presentada por la empresa china.

— Aparecen los famosos subproyectos, tres para Rivas, uno para Ometepe y dos en tierra firme, buscando San Carlos (en el río San Juan)— recuerda Jairo. El concesionario pretende montar en la isla el “Volcano Sightseeing Resort”—. Es de siete kilómetros cuadrados para los chinos. Están tocando desde la pista de aterrizaje de la isla hasta la comunidad de San José del Sur. ¿Qué significa? ¡Que nos van a desplazar, hermano!

A Ometepe no paran de llegar turistas. La ruta del Canal pasa al sur de la isla, sobre la fosa de San Ramón, el sitio más profundo del Cocibolca. El resort planeado por los chinos se ubicaría en las faldas del Volcán Madera, el coloso que se levanta sobre parajes hermosos como Playa Santo Domingo, Charco Verde o el Ojo de Agua, donde el líquido diáfano brota del suelo ceniciento.

Algunos empresarios del turismo como Rubén Rivera, propietario del Hotel Charco Verde, resienten el vacío de información en torno a la obra canalera. Para no afectar el medioambiente Rivera pide que el Estudio de Impacto Ambiental sea de carácter público. Sin embargo, la evaluación entregada por Environmental Resources Management (ERM) a la Comisión Nacional del Canal Interoceánico de forma discreta el recién pasado 31 de mayo de 2015 no dio visos de que pronto se conozca el contenido del informe.

— Si es una obra que va a venir a aliviar a una gran mayoría de los nicas creo que tal vez vale la pena correr el riesgo— plantea Rivera en su hotel, uno de los destinos más populares en Ometepe—. Pero si vamos a tener limitaciones en desarrollarnos, quizá no valga la pena arriesgarlos en un desequilibrio ambiental.

Los locales llaman con orgullo a su isla el “Oasis de Paz”. El Cocibolca abona a ese elemento de tranquilidad. El apego emocional de las personas con el lago es evidente no solo por esa característica, sino porque para muchos es una reserva inacabable de alimentos y vida.

— Eso del Canal nos está terminando de matar, porque nos van a arruinar nuestra playa, nuestro lago, que nuestro Señor nos permitió vivir aquí — clama Egdomila López, una anciana que poco ha salido de Ometepe desde que nació, hace ochenta años. Egdomila tiene la mirada triste y cansada. Vive en una modesta casa junto a su esposo, su hija que no se casó y sus nietos de otra hija que trabaja en Costa Rica.

Esos nietos son los que por veredas, relata, bajan hasta la costa del Cocibolca a pescar y buscar cangrejos para tener qué cocinar en las pailas.

— Aquí no queremos Canal, señor. ¡Por amor a dios yo le pido! Cómo nos van a venir a matar de hambre, de necesidad— truena Egdomila con los ojos llorosos—. ¿Qué nos van a dar de comer? Lodo, ¿eso nos van a dar? No señor, somos humanos. Que se toque la conciencia el gobierno.

La casa de Egdomila está en Esquipulas. Cuarenta kilómetros hacia el sur, bordeando el Maderas, hay otras poblaciones más rurales como Los Ángeles, frente a la fosa de San Ramón, donde se cultiva plátano. En esta zona el oleaje del Cocibolca es más manso, hace ver Jadnael Marín Quintana, propietario de dos manzanas de tierra. Jadnael admite que lo bautizaron con un nombre raro y se carcajea.

— Al pasar ese Canal ya no seríamos nosotros los que miraríamos por el lago, sino que viene un sobre dominio de otros lugares, con lo cual no podemos asegurarnos de que es nuestro, que tenemos derechos y que podemos reclamar — dice Jadnael, cambiando intempestivamente el tono de su voz.

La tranquilidad de Ometepe ha sido interrumpida por varias marchas que los pobladores han organizado contra las expropiaciones canaleras. En toda la isla, especialmente en Moyogalpa, se ven manchones negros en las calles. La alcaldía sandinista ha borrado las pintas contra del proyecto y contra el comandante Ortega.

— Que menciones a Ortega o el Canal es como que les menciones a su madre a los sandinistas aquí— dice Francisco López Carrión, quien acaba de salir del sembradío de plátanos.

En el pueblo de Balgüe, adelante de Los Ángeles, Fader Francisco Hernández da los últimos retoques a una pequeña agencia de turismo que montó en su casa. En realidad, Francisco es profesor de primaria, pero jamás consiguió trabajo por su filiación política contraria al gobierno.

— Estudié inglés en una escuela de Rivas y ahora doy tours — anuncia Fader con soltura, un hombre con carácter positivo, a pesar de que apenas hace dos días abrió la agencia de turismo. Los letreros están hechos a mano, como si un niño haya decidido jugar al guía turístico. Aun esperaba clientes mientras nos da la entrevista.

— Nuestro gran lago de Nicaragua es la fuente más grande de agua dulce que tenemos en Centroamérica, que es lo que nos beneficiará — estima Fader, remachando sus frases con una sonrisa—. Lo tenemos que aprovechar y darle mejor mantenimiento, y no con el impacto que quiere dar este gobierno con el Canal.

En Ometepe las esperanzas están cifradas en el lago y sus dos volcanes. Así vislumbra el progreso esta gente.

— ¿Cree que este Canal vendría a componer su situación, doña Egdomilia? — le pregunto a la anciana.

— ¡No, no, no! la situación es para ellos, los grandotes, para los que tienen reales. O si él (Ortega) ya no tiene con qué pagar sus deudas, que pague, pero que no nos saque de nuestros lugares que nos dejaron nuestros padres. ¿Cómo creé usted que nos vengan a hacer eso?

Decepción política en Potosí, Buenos Aires y San Jorge

La ficha municipal de Potosí expone que 12 mil 232 personas habitan en sus 146 kilómetros cuadrados de extensión. 65% de la población es rural, un hecho fácil de comprobar. Al ingresar a la ciudad rápidamente vemos plantíos de plátano y caña de azúcar. Tierra fértil que desde la época de la Colonia se caracterizó por dar cacao y añil en ingentes cantidades.

El agrónomo Roger Guido Narváez es testigo de que el nombre de su municipio no es en balde (Potosí lo define la Real Academia Española como “riqueza extraordinaria”). Desde pequeño vio cómo el auge de los ingenios de azúcar, durante el tiempo de la dinastía Somocista, obligaron a ampliar las zonas de cultivo de caña, desplazando el cultivo del cacao y el frijol.

La madre de Guido es propietaria de más de cuatro manzanas de tierra que ella se negó venderle a los Somoza. “Mi madre le dijo a Bernabé Somoza: no puedo venderle, porque esta propiedad se la pienso dejar a mis hijos. Aquí nunca vinieron los Somoza a decirnos que como iban a sembrar caña por el ingenio, esta tierras las teníamos que vender sí o sí”, narra el agricultor.

Guido trae a colación la comparación por el proyecto canalero. Los ingenieros de HKND llegaron a medirle sus propiedades. Como en Ometepe, el trazado de la línea canalera no afecta directamente la comunidad de Santo Domingo Piche, en Potosí. El concesionario planea construir el subproyecto del aeropuerto, que, según los planes oficiales, tendrá una capacidad de 1.05 millones de personas, una pista de 3200 metros y una terminal de 15 mil metros cuadrados.

Guido no solo teme perder la herencia, sino que su madre, todavía viva con 95 años de edad, vea cómo les arrebatan las tierras que han mantenido a media generación. Este agrónomo participó en los ochentas en la Revolución Sandinista. Estaba al pendiente de la siembra de caña para el ingenio controlado por los revolucionarios. Aunque se separó de la política para dedicarse a la agricultura, reconoce que muchos en Potosí tienen simpatías por el partido rojinegro. Sin embargo, las expropiaciones al amparo de la ley 840 han cambiado el panorama.

“Si vos analizas la ley 840, no contempla reubicación. Falso es eso. Aquí no van a reubicar a nadie. Recordá que la lucha del pueblo se ha iniciado con mucha fuerza, esa es la idea: parar eso”, afirma Guido.

Damaris Cantillano también vive en Santo Domingo Piche, en el mero núcleo urbano de la comarca. Ella sostiene que la mayoría de su barrio es sandinista, sin embargo, la filiación política ha encontrado un obstáculo: “Dicen que sí son sandinistas, pero no están de acuerdo con lo que el Presidente (Ortega) está haciendo, porque es una injusticia a nivel mundial”.

Al dejar atrás Santo Domingo Piche, siguiendo un estrecho camino flanqueado por cañaverales encopetados que son mecidos por el viento, llegamos a Tolesmaida, comarca del municipio de Buenos Aires.

El poblado colinda con el Cocibolca y en la entrada hay un rótulo gubernamental que proclama que “están construyendo municipios para todos”. En medio de la frase nace un ‘Árbol de la Vida’ —también pintado—, el nuevo símbolo de gobierno. La fotografía de Daniel Ortega fue borrada con espray.

El día que los chinos llegaron a Tolesmaida la admiración por el comandante Ortega se redujo. Ronald Enríquez relata cómo su familia, con la venta de plátano y limón, ayudaba a financiar la campaña electoral del Frente Sandinista. “Ahora con el tema del canal no es el gobierno que se pensaba (…) Es cierto que regala zinc, pero que no sale de la bolsa de Daniel Ortega, sino de todos nosotros”, dijo Enríquez, quien, según los vecinos, era uno de los militantes que más “rebuscaba el voto para el comandante”.

Casta Leonor Tijerino estuvo presa en las celdas de “El Chipote” el pasado diciembre, cuando la Policía reprimió la protesta contra el Canal en la Carretera Panamericana. Con su voz escandalosa insiste en llamar a los oficiales “guardias, igual que la de Somoza”. Desde hace un año en su casa ya no ondea la bandera rojinegra, en cambio, en la entrada de la puerta, como una insignia, están las letras chinas traducidas en Google en Obrajuelo: “Fuera chinos”.

Para Tijerino el trasfondo del “asunto del canal” es darle las tierras a los chinos.

En la comunidad de El Cangrejal, en San Jorge, la concejal suplente del Frente Sandinista, Fátima Duarte, tiene prohibida la entrada la alcaldía por oposición al proyecto canalero.

“Desde la primera marcha en la que participé en contra del Canal no tengo derecho a sesiones, ni a reuniones. Como sandinista no puedo participar en nada”, cuenta Duarte.

Intentamos comunicarnos con la alcaldesa de San Jorge, Gilma Canales, pero no fue posible localizarla en la Alcaldía. Tampoco contestó a nuestras llamadas. La concejal suplente dijo sentirse traicionada de toda la vida. Siguiendo la tradición de su padre apoyó al comandante Ortega, “pero ahora viene y nos da una puñalada en la espalda, como dicen los liberales”.

“Después de ser el mejor el presidente con los pobres, ahora quiere quitarles las tierras a los campesinos. La verdad de las cosas que como campesinos no estamos de acuerdo que los reubiquen, que nos paguen tampoco la tierra a precio de catastro”, fustiga Duarte.

II. Río San Juan: la resistencia campesina

“Represalia” municipal en El Tule

En la trocha que conecta El Tule y la comunidad de Quebrada Seca nos encontramos a decenas de campesinos tapando enormes baches que dificultan el tránsito de los camiones cargados de producción. José Ramírez es el líder del grupo de campesinos que descargan de un camión Mercedes-Benz macizos rocosos conseguidos en los potreros.

Los hombres trabajaban a prisa porque la lluvia no da tregua. José, furibundo, explica que el trabajo le corresponde a la alcaldía de San Miguelito, Río San Juan.

— Lo estamos reparando porque la alcaldía nos ha abandonado, porque estamos en contra del proyecto del Canal, y entonces dice que no nos repara el camino — denuncia José. El picoteo metálico de las palas estrellándose con las rocas apaga el ritmo de las rancheras que salen del pequeño radio colgado del camastro del camión.

— La alcaldía quiere que nos pongamos de acuerdo para entregar las tierras, venderlas, no sabemos cuál es el propósito, pero nosotros no queremos nada con el Canal.

El acta Nº 01-2015 de la Secretaría del Consejo Municipal reseña la sesión ordinaria del gobierno edilicio, encabezada por la alcaldesa Ana Clemencia Avalos Ramírez, el 2 de febrero de 2015, en la que se acuerda “por unanimidad” el mantenimiento de 10 kilómetros rurales de El Tule al Tulito, pasando por Quebrada Seca. El documento en poder de Confidencial expone que la obra se ejecutará “bajo la modalidad de administración directa”.

— Nosotros lo presupuestamos y aprobamos como 400 mil pesos para reparar. Pero al fin y al cabo le pregunté a doña Clementina qué pasó con nuestra carretera que está bien mala — expresa Arnulfo Sequeira, concejal del Partido Liberal Independiente (PLI) —. Un mes después ella dijo que porque nosotros andábamos en lo del Canal los proyectos los iban a quitar y trasladar a otro presupuesto.

El acta de la secretaría local excusa que la municipalidad no pudo reparar otros caminos rurales porque en la comunidad de El Rosario “gente anti canal amenazaron con quemar el tractor de oruga”. Tuvieron que sacar la maquinaria y por llevarla rodando “se quemó”.

Confidencial visitó la Alcaldía de San Miguelito, pero un funcionario local dijo que la alcalde no podía atendernos. “No hay nadie en la Alcaldía”, dijo.

— Hemos ido tres veces a la alcaldía a solicitar la reparación de este camino. Los concejales ya aprobaron un presupuesto para el bacheo y no han dado respuesta — recalca José.

Ciertamente en la zona de El Tule hay tensión. Cuando los campesinos ven a gente desconocida, especialmente en camionetas Hi-Lux, se cabrean. Los confunden con los chinos de HKND. Luis Blandón Pineda se alteró cuando vio al equipo de Confidencial en la comunidad de Quebrada Seca y se acercó con machete en mano.

— ¿Por qué cuando vio la camioneta se puso inquieto? — le preguntamos a Luis, después que se cercioró que éramos periodistas.

— Porque creía que la camioneta que venía era de los chinos, y si son ellos los voy a sacar rapidísimo, que se vayan de vuelta a joder a su país— sostiene Luis con sonrisa picarona—. Por eso fue que me puse chiva (alerta) porque no quiero que vengan los chinos a molestar a nadie, porque piensan destruir el país con ese tal Canal y es lo que no queremos nosotros.

En El Tule la opinión en contra de la mega obra prevalece. La protesta se ha extendido hasta los más pequeños. Desde que se inauguró el año lectivo 2015 la niñez de las comunidades no asiste a la escuela.

— Vamos hasta las últimas y es que no nos van a sacar, a los campesinos no los van a sacar… los sacan muertos, pero vivos no — sentencia María Félix Gaitán Bustos, propietaria de dos fincas que suman más de 100 manzanas.

III. Nueva Guinea: núcleo duro de la protesta anti canal

Campesinos denuncian: “No hay préstamos”

Ramón Urbina se bajó enlodado de la moto. Llevaba el pantalón remangado sobre las botas de hule marca ‘Dinosaurio’, una camiseta sin mangas y la gorra que ocupa para protegerse del sol. Urbina viene de la finca de un familiar, en la colonia La Fonseca, en Nueva Guinea. Él ha trabajado desde siempre y con el dinero ahorrado se decidió a comprar unas tierras. Iba a realizar el sueño de su vida: tener su finca, con sus bestias, sus plantíos, trabajar para él mismo. Sin embargo el deseo se vio frustrado por el proyecto del Canal. “El miedo es grande”, dice Urbina.

Nueva Guinea y sus colonias (La Fonseca, La Unión y Puerto Príncipe) están en la zona de influencia del mega proyecto. Estas son tierras eminentemente dedicadas a la agricultura y la ganadería. El frijol, yuca y otros tubérculos, leche, queso, crema son los productos más producidos por estos campesinos. 136,347 personas habitan en este departamento, cuyo clima de selva tropical se impone con la penetrante humedad. De ellos, 109,234 viven en el área rural y 27,113 en el área urbana. El estudio de la Red de Desarrollo Local estima que unas 18, 331 personas se verían afectadas directamente por el proyecto canalero en esta región.

Urbina no concibe comprar tierras en otro lado que no sea en La Fonseca, donde ha crecido. “He querido comprar un pedazo de tierra, pero ahora con esto del Canal, de tanto conflicto, confrontaciones, que ha intervenido el gobierno, uno está en duda si va a ser estable con el pedazo de tierra que tenga”, afirma el campesino.En Nueva Guinea y sus colonias es donde se ha constituido el núcleo duro de la protesta anti canal. Los organizadores del movimiento campesino relataron que para articular sus acciones de repudio trabajaron meses en cada comunidad y casa a casa, como si fueran evangelizadores, enseñando el contenido de la ley 840, la ley concesionaria del Canal, que establece las expropiaciones de tierra en las zonas que el empresario chino Wang Jing considere necesarias para el proyecto. Pablo Ramos Duarte, finquero de la comunidad de La Unión, dijo que ese trabajo de capacitación a los campesinos lo hacían con sus recursos y no excluían a sandinistas.”Comenzamos a fotocopiar la ley 840 y a repartir entre los campesinos. La analizamos y vimos que esa ley no está a favor de los nicas. Es una ley lesiva, entreguista y que pone en riesgo nuestra soberanía”, refiere Ramos Duarte.Colonias como La Unión están a un par de horas de Nueva Guinea. Cuesta llegar por los caminos pedregosos. Los campesinos se han vuelto recelosos con los extraños, a quienes examinan detenidamente antes de admitirlos dentro de la propiedad. Al mencionar el tema del Canal sorprende el nivel de conocimiento que tienen sobre el tema. Se nota que es debatido a diario.”No hicieron una consulta a la población, lo hicieron al antojo de ellos (el Gobierno) y eso nos molesta a nosotros, porque las propiedades no las tenemos de venta”, reprende Aquiles Matamoros Trujillo, agitando el machete en el aire.

La incertidumbre sobre el futuro de las propiedades también se ha apoderado de José Reyes, propietario de 70 manzanas de tierra. “Yo creo que es falso que van a pagar…Y si nos sacan para otro lugar, ¿qué voy hacer con mis animales? Yo de eso vivo”, asegura.Aunque las expropiaciones canaleras no han iniciado, Reyes dice sentirse ya gravemente afectado. El campesino nos condujo hasta su propiedad, donde hay un potrero techado que no ha sido usado. Se trata de un proyecto de engorde de ganado delgado para vender a los mataderos que Reyes quiso montar. A falta de financiamiento detuvo la pequeña empresa.“No podemos levantar este proyecto porque estamos quietos (parados), los bancos no nos financian dinero, las financieras no quieren nada con esta zona, estamos completamente desamparados, y como ven tenemos las fincas bien arregladas, los pastos, pero estamos quietos”, muestra Reyes.Los campesinos de La Fonseca y la Unión denuncian que las entidades bancarias y micro financieras no están haciendo préstamos sobre las propiedades, porque consideran que “están en la zona roja del Canal”.“Hombréee, aquí nadie está dando nada… Vas a pedir préstamo a los bancos y te dicen que no… que aquí es la ruta del Canal, que no hay nada que hacer. No hay préstamos de ninguna manera. Lo tienen a uno abandonado aquí estos jodidos”, reclama el ganadero Dionisio Ramos.Francisca Ramírez es comerciante y agricultura de frijol. Se ha destacado como líder de la protesta contra las expropiaciones canaleras al punto que la Policía allanó su casa en La Fonseca. Ella también ocupa préstamos para realizar sus actividades económicas.“La lucha se ha bajado un poco”, dijo Ramírez, que llama lucha al trabajo, “un 50% la agricultura, la ganadería, porque la gente que hoy sacaba préstamo han cancelado. Se han quedado trabajando como un mínimo de 50% en sus propiedades”, narra Ramírez.En Managua, René Romero, Gerente General de Financiera Fundeser, dijo que la entidad que él dirige no ha cambiado su política de préstamos financieros, porque “al menos el 95% de los créditos que facilitamos a nivel nacional, se respalda por medio de deudores solidarios (fiadores), o con prenda por el ganado o de la producción esperada, pero no por hipotecas”.Por su parte, Luis Rivas, Gerente General del Banpro, se limitó a explicar que “nosotros no hemos cambiado nuestras políticas crediticias, así que si alguien dice estar teniendo ese tipo de problemas, no es con nosotros. Nuestros clientes pueden seguir ofreciendo distintos tipos de garantías, incluyendo sus tierras”, aseguró.

“Si en los ochentas los campesinos no sabían por qué pelearon, ahora sí saben porque van a luchar, a morir, a pelear…”. Nemesio García. Puerto Príncipe, Nueva Guinea.

La única opción que les queda a los productores y campesinos es prestar sobre sus casas y vacas. “Para sacar 100 mil tiene que meter tres veces más de lo que estás sacando y todo eso le hace daño a uno, porque no podes desarrollarte”, calcula Reyes, sentado sobre el abrevadero de ganado que no pudo inaugurar. “Antes del Canal se podía. Aquí había gente que sacaba casi un millón de pesos por las tierras y se apoyaban comprando toretes. Y ahora no, nos tienen quieto”, insiste el campesino.

Lo único seguro que tienen estos campesinos es su empeño en no vender, ni salir de sus tierras. Nemesio García, originario de Puerto Príncipe, matiza que para ellos sus fincas son “su tesoro, su vida, su arte, su todo”.

García rememora que en la década de los ochentas las confiscaciones las sufrían más los grandes propietarios de tierra. Actualmente con el Canal, señala, las expropiaciones son parejas. “Al pequeñito, al más grande, no tiene distinción política”, describe el productor. “Si en los ochentas los campesinos no sabían por qué pelearon, ahora sí saben porque van a luchar, a morir, a pelear…”, asegura.

IV. El Caribe: la desesperación de los olvidados

El Río Punta Gorda, la salida al Caribe

Para llegar al Río Punta Gorda desde Puerto Príncipe, en Nueva Guinea, se debe tomar una lancha de hierro para navegar por el serpenteado río ‘Caño Chiquito’. Es la única vía que en invierno tienen los campesinos para sacar su producción. Son cinco extenuantes horas de viaje, capeando troncos enormes que flotan en el ‘Caño Chiquito’.

Este río converge con el ancho Punta Gorda, en Atlanta, en un recodo del caudal hacia el Caribe, formando una especie de bahía enorme. En este punto, el concesionario Canalero quiere construir la represa “Atlanta” para garantizar el agua del paso interoceánico. Las comunidades de la zona desaparecerían.

En las laderas fangosas del Punta Gorda es usual ver a los campesinos ensombrerados y acompañados de varios quintales esperando los botes para sacar sus productos hasta Nueva Guinea.

— De este canal tenía años de oír, pero no tenía idea de lo que significaba— relata Modesto Reyes Calero en la ribera de Atlanta —. Empecé a oír las cosas cómo eran y entonces comenzamos a brincar. A decir que nos quitan la riqueza de la tierra, que la hemos comprado para tenerla. Hemos comprado finca para mis hijos, para sobrevivir con ellos.

A media hora en bote de Atlanta está Polo de Desarrollo, el poblado de referencia en esta remota zona del Caribe Sur de Nicaragua. Aquí no hay día que no llueva, excepto en abril. Los días son un péndulo entre el sol y los aguaceros. El calor causado por la humedad hace que uno no pare de sudar.

Los gallos cantan antes de que termine la madrugada en Polo de Desarrollo. Algunas fincas, como la de Pablo Inés Sáenz, de 82 años y ex comandante de la Contra, y conocido en la zona bajo el seudónimo de “Galileo”, están sobre altas montañas desde la que pueden verse interminables extensiones agrestes.

La bruma es tan densa por las mañanas que envuelve las palabras y, quizá, por eso, o por la costumbre de la guerra, el comandante “Galileo” habla fuerte y firme.

— Estamos en contra del Canal porque nos vienen a expropiar completamente nuestras propiedades. Aquí donde estamos no hay para dónde darle— advierte el anciano, que conserva una figura maciza—. Nuestras tierras hay que cuidarlas, porque son para nuestros hijos y nietos.

La reubicación atormenta a estos campesinos del Punta Gorda. El comandante “Galileo” amenazó con que ellos no se van a dejar engañar con la reubicación. Los afectados serán siete mil familias, según el cálculo oficial. Mientras que el cálculo independiente del Centro Humboldt prevé que son 109 mil personas afectadas.

Un estudio de la Red Local destaca el desplazamiento de unas 120 mil personas, “la destrucción de infraestructura comunitaria, las perdidas en la producción y el empleo, las nuevas enfermedades, la falta de agua potable, la afectación de la cultura local y la gobernabilidad política”.

— No hay dónde irnos: al sur tenemos la gran reserva Indio Maíz y allí nadie puede entrar, es cuidada por el Estado. Nos toca cuidar lo que tenemos, aunque sea con violencia.

Así recorrimos la ruta del Canal

El joven ingeniero de construcción de HKND-Group, Dong Yunsong, anunció a principios de julio de 2014 la ruta definitiva del proyecto del Canal Interoceánico. Una gruesa línea azul inició a aparecer en un mapa de Nicaragua, proyectado en la pared de un hotel de Managua. El punto de partida era en las costas de Brito, internándose por el istmo de Rivas, hasta desembocar en el Gran Lago Cocibolca. En ese punto, la ruta hace un pequeño quiebre hacia el sur, bordeando la isla de Ometepe y vuelve a tocar tierra firme al norte del Río Tule, atravesando Nueva Guinea hasta encontrar la salida al Atlántico por el ancho río Punta Gorda.

Serán siete mil familias afectadas, estima la proyección oficial. Familias a las que, hasta ahora, ni la administración del comandante Daniel Ortega ni el empresario Wang Jing les dan un rostro, les reconocen sus temores, o si quiera los escuchan.

Por más de un mes Confidencial siguió la ruta interoceánica tratando de conocer a los nicaragüenses que habitan en esos 278 kilómetros impregnados de incertidumbre por el sino de sus vidas sin sus tierras, sin sus casas, sin sus animales, sin “su todo”…

Anduvimos desde el Pacífico hasta el Caribe, en carro, en ferry, en bote y a pie escuchando a las personas que serán expropiadas para dar paso a una obra monumental que se ha cimentado en el secretismo, coinciden sus detractores. Más de 100 mil afectados, de acuerdo al cálculo independiente del Centro Humboldt, que repiten la negativa de vender o entregar sus propiedades, y que comparten una pregunta que los atormenta y de la cual no tienen respuesta. “¿Adónde nos van a mandar, a reubicar, a volar?”, insiste el poblador, el campesino, el agricultor, el ganadero.

Pero en Brito y sus comunidades, en Rivas y sus municipios, en Ometepe y sus recovecos paradisiacos, en El Tule y sus comarcas, en Nueva Guinea y sus colonias, en el Río Punta Gorda y sus fincas en el Caribe hay más preocupaciones. La gente relata cómo un mega proyecto que ni siquiera se concreta ya los afecta, con la represalia institucional, con la estigmatización de sus tierras, con el estancamiento de sus proyectos. Por eso se han movilizado en más de 40 marchas de repudio, porque, expresan, desde a mediados de julio de 2014 que vieron a un joven ingeniero chino en la televisión han perdido la seguridad.

Navegamos por más de un día sobre el Río Punta Gorda en dirección al Caribe. Sobre la rivera van apareciendo casas de tambo de las que se asomaba gente que nos decía adiós.

— Todos nos conocemos, convivimos en armonía — acota Miguel Ángel Sandoval, el panguero que nos conducía—. Eso del Canal es una injusticia. Y todo el mundo está encachimbado.

Miguel es propietario de 100 manzanas de tierras en Palo Bonito, una comunidad localizada a dos horas antes de llegar al océano. Las distancias en estos ríos se miden por horas de viaje. Las tierras acá son territorios indígenas, especialmente de la etnia Rama Kriol. Sin embargo, los indígenas habitan más profundo en la montaña. Lo que vemos acá son productores que, al igual que Miguel, se rehúsan a vender sus propiedades a precio de catastro.

— Por lo menos yo tengo 100 manzanas y me la pagan a 26 mil pesos cada una. Estamos hablando de buen puño de reales. Yo hago mi vida en cualquier lado— calcula Miguel, usando los dedos de las manos—. Pero si me pagan a precio de catastro, la ley 840 así lo dice, estamos hablando de 24 mil a 26 mil córdobas en las 100 manzanas. ¿Entonces qué voy hacer con esa plata?

En Palo Bonito estaba esperándonos José Chavarría López, llamado “Chepito” en la comunidad. Es un hombre menudito, de baja estatura y oriundo del Sauce, León. Hace más de 28 años llegó al Punta Gorda a comprar tierras. Desde entonces, instaló su vida en Palo Bonito. Es reacio al tema del Canal.

— En los ochenta fui confiscado, perdí mi finca… fui a andar rodando y luego vine a recuperarme en esta zona. Ahora si viene a pasarme lo mismo por segunda vez, ¿en qué vida estaría yo? Toda mi aventura perdí, no le dejaré nada a mis hijos.

— Chepito, ¿pero el gobierno del comandante Ortega asegura que el Canal va a traer progreso al país, a ustedes? — le pregunté.

— ¿Qué vamos a ser beneficiados nosotros con 400 pesos? Aquí ni el catastro ha pasado midiendo y nos van a pagar precio de catastro. ¿Cómo estarán de locos? — increpó Chepito. El hombre tomó un sorbo de refresco de pinol y siguió hablando como una fiera desbocada. El aguacero estalló en Palo Bonito. Las gotas golpeaban como latigazos. El mugido de las vacas arreando a sus terneros para guarecerse circundó toda la finca.

— ¿Es un gobierno de los pobres? Es un gobierno para dejar hechos vergas a los pobres— amonestó Chepito —. Mira hijo, queramos o no queramos, el gobierno es nuestra familia, como nuestro padre. Y qué te parece, sacar a su hijo de su casa, mandarlo al callejón para que anden rodando, y traer un chino acá. ¡Un archimillonario!

Presidenta del CENIDH: “Desplazamiento forzado”

La presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la doctora Vilma Núñez, advirtió que la expulsión por la fuerza de las personas afectadas por la ruta del Canal Interoceánico sería una “grave” violación a los derechos humanos, catalogada como “desplazamiento forzoso”.

El gobierno del comandante Daniel Ortega y empresario chino Wang Jing no consultaron a la población sobre su opinión respecto a la mega obra, tomando decisiones que han causado profundo malestar en los afectados y que se han manifestado en las más de 40 marchas, acotó la jurista.

“Está a la vista un desplazamiento forzoso, porque el gobierno está dispuesto a sacar a la gente a la fuerza, y no hay indicio de dónde los van a trasladar. Si sacan a las personas de forma violenta se van a resistir”, valoró Núñez.

El desplazamiento forzoso es una violación a derechos humanos que implican acciones internacionales, adelantó Núñez. Según ella, en el caso del Canal sería peor que el desplazamiento forzado de Tasba Pri en la década de los ochentas, cuando más de 42 comunidades indígenas misquitas fueron replegadas por el Ejército Sandinista.

“Lo de Tasba Pri tenía una motivación aparentemente para defender el país, para que la Resistencia no usara a los misquitos como base social, e hicieron un desplazamiento forzoso con un poco de menos gravedad porque ya sabían dónde los llevaban”, recordó Núñez.

“En este caso (del Canal) es peor”, agregó la presidenta del CENIDH, “porque el gobierno, según las informaciones, no tiene un banco de tierra, no saben dónde los van a ubicar. ¿Adónde va a quedar esta gente?”.

Núñez retomó experiencia del proyecto de la represa de Itaipú en Paraguay, que dejó a miles de indígenas “en la calle”. “En la audiencia que tuvimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la comisionada Rosa María Ortiz mencionó que toda esa gente está viviendo en cordones de miseria alrededor de la capital de Paraguay”, dijo Núñez.

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Este reportaje fue realizado por Wilfredo Miranda, fotografía de Carlos Herrera y coordinación de Carlos Salinas para Confidencial (Nicaragua) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

http://connectas.org/los-desplazados-del-canal-de-nicaragua/