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ITALIA - Condena a partícipes del Plan Cóndor
Noticias Aliadas
Viernes 10 de febrero de 2017, por
6 de febrero de 2017 - Noticias Aliadas - Exjerarcas de juntas militares recibieron cadena perpetua por desaparición y muerte de ciudadanos italianos.
Un tribunal de Roma condenó el 17 de enero a cadena perpetua a ocho represores acusados por la desaparición y muerte de más de 40 ciudadanos de origen italiano como parte del Plan Cóndor, la coordinadora represiva de las dictaduras sudamericanas en las décadas de 1970 y 1980. Los exdictadores Luis García Meza (1980-81), de Bolivia, y Francisco Morales Bermúdez (1975-80), del Perú, se encuentran entre los condenados.
También fueron sentenciados los exmilitares Luis Arce Gómez (exministro del Interior de García Meza), los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los peruanos Pedro Richter Prada (exministro del Interior de Morales Bermúdez) y Germán Ruiz Figueroa, así como el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Sin embargo, los jueces de la Tercera Corte de Roma absolvieron a otros 19 acusados (cinco chilenos, un peruano y 13 uruguayos) lo que causó gran decepción entre familiares de las víctimas.
El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, que asistió a la lectura del fallo, dijo sentirse “defraudado” por los represores uruguayos absueltos, agregando que coordinará con los familiares de las víctimas los pasos a seguir, si bien adelantó que se apelará la sentencia. “Hay mucho dolor, mucho dolor acumulado”, dijo.
Aunque la mayoría de represores uruguayos absueltos se encuentran encarcelados en su país, dos de ellos, el excoronel Pedro Mato y el excapitán de navío Néstor Jorge Fernández Troccoli, lograron huir de Uruguay aprovechando la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como Ley de Impunidad, de 1986, que quedó sin efecto en el 2011. Mato, fugó a Brasil, mientras que Fernández Troccoli se dirigió a Italia y gestionó su nacionalidad italiana en el 2002.
Durante el juicio, Fernández Troccoli leyó una declaración en la que negaba las imputaciones y acusó de traición a Uruguay, “la patria que me llamó a combatir la subversión comunista”. Para el tribunal italiano, Fernández Troccoli —miembro de los servicios de inteligencia de la Marina uruguaya, acusado de participar en el secuestro de ciudadanos ítalo-uruguayos en Buenos Aires en 1977— y los demás absueltos sólo cumplían órdenes.
Los fundamentos del fallo recién se darán a conocer en abril, pero todo indica que las condenas recayeron sobre los responsables políticos, no en sus ejecutores, a lo que se suma que algunos de los delitos no estarían tipificados en el Código Penal italiano o habrían prescrito.
Para la Fiscalía italiana, la sentencia probó la existencia del Plan Cóndor “como operación sistemática de eliminación de opositores políticos, gracias a un acuerdo entre varios países” y “las responsabilidades de los más altos cargos de las juntas militares”.
El caso peruano
Llamó la atención la inclusión del exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez, de 95 años, en el juicio. El Perú no formó parte del Plan Cóndor durante el régimen del general Juan Velasco Alvarado (1968-75) debido a que su gobierno era considerado progresista por sus pares del Cono Sur. Cuando Morales Bermúdez desplazó del poder a Velasco en 1975, la tendencia fue de una mayor represión a los sectores de oposición.
Aunque el régimen de Morales Bermúdez no habría participado directamente en el Plan Cóndor, sí existía una estrecha relación entre las Fuerzas Armadas del Perú y Argentina. Esta cercanía permitió que militares argentinos secuestraran en Lima entre 1977 y 1980 a cuatro opositores de la dictadura argentina: el profesor universitario Juan Carlos Maguid, Noemí Esther Gianetti de Molfino, María Inés Raverta y Julio César Ramírez, estos tres últimos pertenecientes al grupo izquierdista Montoneros.
Maguid, Raverta y Ramírez, que fueron conducidos a Bolivia, continúan en calidad de desaparecidos, mientras que Gianetti de Molfino, integrante de Madres de Plaza de Mayo, fue encontrada muerta en Madrid en julio de 1980, un mes después de ser secuestrada en territorio peruano.
Igualmente, en 1978 fueron deportados a Argentina, en plena dictadura de Jorge Videla (1976-81), 13 políticos peruanos de oposición —incluyendo dos vicealmirantes velasquistas— acusados de actividades subversivas.
Según el periodista César Lévano, uno de los deportados, la operación fue coordinada a muy alto nivel entre el vicealmirante Jorge Parodi Galliano, ministro de Marina del Perú, y el vicealmirante Emilio Massera, integrante de la junta militar argentina. Los peruanos fueron obligados a abordar un avión de la Fuerza Aérea que los condujo hasta Jujuy, en el norte argentino. Salvaron la vida gracias a que un periodista jujeño que se sorprendió al ver un avión militar peruano, logró averiguar y publicar los nombres de los pasajeros.
Para el secretario ejecutivo de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, “la sentencia italiana es emblemática porque, más allá del tiempo transcurrido, lo que nos hace saber es que la justicia, aunque tarde, llega, y aquellos que han cometido crímenes y atentados contra la vida de peruanos y ciudadanos de distintas partes del mundo tienen que pagar por sus responsabilidades”.
No obstante, Bracamonte considera que existen pocas probabilidades que la condena a Morales Bermúdez pueda hacerse efectiva, pero tiene un carácter simbólico y reparador. La avanzada edad del exdictador y el hecho que Italia tendría que iniciar un proceso de extradición tornan difícil que la sentencia se cumpla.
“Servirá para entender que a quienes las dictaduras latinoamericanas combatieron, fueron a los defensores de los derechos humanos y sociales, así como a políticos en sus respectivos países”, dijo.
