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HONDURAS - Presidente pretende nuevo mandato
Noticias Aliadas
Miércoles 8 de marzo de 2017, por
27 de febrero de 2017 - Noticias Aliadas - Corte Suprema allanó camino a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández pese a que Constitución lo prohíbe.
El presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional (PN), no ha ocultado su deseo de buscar la reelección prácticamente desde que asumió el cargo en el 2014 para un mandato que concluirá el 27 de enero del 2018.
El 9 de noviembre del año pasado, Hernández anunció que postularía a la reelección en los comicios de noviembre del 2017 porque “le queda mucho por hacer”.
“He tomado la decisión de aceptar ser el candidato de las corrientes del partido, asumiendo que el compromiso lo vamos a llevar a cabo con el respeto y la debida altura”, dijo el mandatario, agregando que se comprometía “ante el pueblo” de sólo aspirar a un periodo más, que culminará el 2022.
Hernández señaló que aceptó el pedido de movimientos vinculados al PN de ser su candidato “bajo la premisa de que yo quiero dedicarme a las tareas de gobierno y ustedes van a ser los que lleven a cabo las campañas de proselitismo”.
En abril del 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un recurso presentado por el expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-94), también del PN, para que se declare inaplicable el párrafo 2 del artículo 239 de la Constitución.
“El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública”, dice el texto constitucional que forma parte de los “artículos pétreos” que legalmente no pueden ser reformados ni derogados.
El fallo declaró la inaplicabilidad de dicho artículo “por restringir, disminuir y tergiversar derechos y garantías fundamentales establecidos en la propia Constitución y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por Honduras”.
Para el columnista del diario El Faro, Joaquín Mejía Rivera, la reelección de Hernández “es parte de un plan bien orquestado que se fraguó desde que se convirtió en presidente del Congreso Nacional en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa [2010-2014], el cual surgió de unas cuestionadas elecciones organizadas por el gobierno de facto que asumió el poder después del golpe de Estado en 2009”.
“Indudablemente nos encontramos frente a un nuevo rompimiento del orden constitucional que no puede comprenderse sin el contexto de subordinación absoluta de las instituciones al Poder Ejecutivo. En el 2009, quienes ejecutaron el golpe de Estado justificaron el uso de las armas y la violencia para detener las presuntas intenciones reeleccionistas del expresidente Manuel Zelaya Rosales [2006-2009]; en el 2017, el presidente Hernández ha consolidado una inmensa red de favores y controles para colocar al frente de la institucionalidad a fieles partidarios que no entorpecerán sus planes continuistas aunque para ello se cometan aberraciones jurídicas inimaginables en un Estado de derecho y que representan un nuevo golpe a la frágil democracia hondureña”, indicó Mejía Rivera.
Corrupción y criminalización
Desde el 2010, cuando asumió la presidencia Lobo Sosa, del PN, la corrupción y la criminalización de la protesta social han campeado en Honduras.
En el 2015, miles de personas salieron a las calles demandando la renuncia de Hernández luego que investigaciones del Ministerio Público descubriera el desvío a cuentas privadas de más de US$200 millones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, destinados a la compra de medicamentos e insumos y pagos de pensiones de vejez e invalidez, durante el gobierno de Lobo Sosa. Parte de ese dinero pasó a manos del partido de gobierno.
El asesinato de más de 120 activistas en los pasados siete años ha llevado a que organismos internacionales consideren Honduras como el país más peligroso para quienes defienden los derechos humanos, el ambiente y la tierra.
La más reciente víctima es José de los Santos Sevilla, líder de la comunidad indígena Tolupán, en el municipio de Orica, a 120 km de Tegucigalpa. El 17 de febrero, desconocidos ingresaron a la casa del dirigente indígena a quien ejecutaron con varios disparos. La muerte de Sevilla se suma a los asesinatos el año pasado de las defensoras del medio ambiente y los derechos humanos Berta Cáceres y Lesbia Urquía, y de los dirigentes campesinos José Ángel Flores y Silmer Dionisio George.
Representantes de Global Witness, organización dedicada a la protección de defensores del ambiente y la tierra, recibieron amenazas de autoridades gubernamentales tras presentar el informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”, resultado de dos años de investigaciones. El 2 de febrero, Ben Leather y Billy Kyte solicitaron la protección urgente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Honduras luego que el ministro de Ambiente, José Galdámez, exigiera su detención.
El informe de Global Witness confirma lo que por años han denunciado Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, de que defensores de los derechos humanos no pueden ejercer su labor en Honduras sin temor a amenazas o asesinatos. Lo que ha irritado al gobierno es que el documento revela los vínculos del PN con empresas hidroeléctricas, citando a la presidenta del partido, Gladis Aurora López, como propietaria de los proyectos hidroeléctricos Los Encinos y La Aurora, en el occidente del país, destinados a vender energía al Estado.
El propio presidente Hernández calificó de “irresponsable” a Global Witness al no presentar pruebas. “Cuando uno denuncia, critica, protesta, tiene que dar la cara y decir ‘acá están las evidencias’”, dijo.
Para Leather y Kyte, el hecho que Naciones Unidas tuviera que darles protección hasta su salida del país el 3 de febrero, es una demostración que el gobierno tiene miedo de lo que revela el informe, que utilizó más de 250 fuentes incluyendo documentos oficiales.
