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CHILE - El “Pacogate” y la crisis de Carabineros
El Mostrador
Viernes 26 de mayo de 2017, por
15 de mayo de 2017 - El Mostrador - La confianza o desconfianza política respecto de las instituciones policiales nunca corresponde solo a una mera construcción subjetiva o ideológica de la realidad sino, con mayor frecuencia, a una proyección de hechos y circunstancias objetivas que develan su talante institucional, la forma cómo se gobiernan internamente y cómo desempeñan sus obligaciones. Ellas son un servicio público y, no obstante tener un estatuto especial, dado el tipo de servicio que prestan, deben estar sujetas a los mismos requerimientos de eficiencia y control que cualquier otro servicio público.
Con todo, es el bien social que producen de manera especializada –la seguridad ciudadana– lo que las pone en una perspectiva de Estado imposible de omitir. Situadas en el vértice del imperio y el uso legal de la fuerza de que está dotado el Estado, los hechos que les competen constituyen también un reflejo de la eficiencia política de las autoridades que deben ejercer el control de las policías. Lo que ella actúa y su eficiencia de planificación y control corresponden a la esencia del pacto constitucional y de las relaciones del Estado con sus ciudadanos. Es por esto que el valor de una policía honesta y profesional va más allá del dinero que se invierte en ella, pues forma parte de la plena libertad de los ciudadanos, y de la vigencia de los derechos civiles y los ambientes sanos de desarrollo social y político que un Estado debe entregar a estos.
El llamado "Pacogate", el enorme desfalco de fondos institucionales que sacude hoy a la policía de Carabineros, ha llevado a las autoridades a anunciar una reorganización institucional de ella. Fundamentalmente porque las repercusiones negativas, tanto sobre su credibilidad institucional como sobre la imagen del país en la comunidad internacional, ameritan una acción de fondo.
Sin ánimo de escarnecer respecto de lo ocurrido, es evidente que una institución policial que carece de un control –interno y externo– en su manejo patrimonial, al nivel de lo exhibido por Carabineros, echa por tierra su imagen de profesionalidad y demuestra un descontrol y un riesgo institucional graves para el país. A simple vista, es imposible que la mera agregación espontánea de un grupo de funcionarios corruptos pueda desfalcar tal cantidad de recursos y perforar toda seguridad de la institución. Ello deviene –aunque sea en forma primaria– seguramente de una planificación central y una asociación ilícita, lo que sitúa el hecho en el campo del crimen organizado. Eso es lo que indican todos los estándares técnicos policiales a nivel internacional.
Tampoco es posible que los actos hayan ocurrido de manera vertiginosa o en cascada, y que no haya existido una acción proyectada, sostenida y perfeccionada en el tiempo. Al menos los sistemas financieros informatizados debieran haber entregado una alerta. Lo primero que se hace al modernizar una institución, empresa o servicio público, es digitalizar los sistemas financieros y contables, para cumplir la primera norma de auditoria: no experimentar pérdida patrimonial por gestión mala o dolosa. En Carabineros nada de esto parece haber funcionado o, siquiera, haber sido pensado.
Dicho con suma prudencia, una institución policial que presenta tal grado de porosidad, puede ser fácil presa de un sindicato criminal, del narcotráfico o cualquier tipo de crimen organizado que busca protección o impunidad. Incluso, puede ser perforada por núcleos de inteligencia extranjera hostiles al país, para ocupar espacios de privilegio en materia de información política y estratégica. Que ello ocurra en un país con el prestigio internacional de Chile, resulta demoledor.
Cabe preguntarse, entonces, si es adecuado a las circunstancias que sea la misma institución la que realice su investigación interna, sin que exista un veedor o conductor externo. Los estándares internacionales de una auditoria criminal exigirían en este caso la participación de un tercero independiente y con amplio respaldo político. Naturalmente es algo que debe pensarse de manera muy seria, por lo que, sin perjuicio de que el Gobierno ha actuado prudentemente al mantener al general director Bruno Villalobos en su cargo, la autoridad civil debería despejar toda duda acerca de que no habrá espacios de impunidad y hacerse responsable directa de lo que ocurra con los resultados finales de lo ocurrido. Ello, sin desmedro de entender que la presencia de un poder indagatorio externo es algo que puede resultar muy duro para una entidad tan celosa de su autonomía y su prestigio institucional, como es Carabineros de Chile.
No obstante lo anterior, también es pertinente preguntarse si el retroceso experimentado por Carabineros refleja un proceso de formación inacabado en determinados aspectos institucionales, que requiere hoy de una profunda corrección.
El alejamiento de prácticamente todo el mando de intendencia, la eventual externalización de servicios y la “reorganización institucional” anunciada con más de 27 medidas, algunas de las cuales requieren ley, no parece provenir de un diagnóstico certero y reflexionado, aun cuando no se conocen mayores detalles.
Un cambio trascendente de una policía –en cualquier parte del mundo- requiere no solo claridad de diagnóstico sino también voluntad y consenso político, para situar el proceso en su verdadera perspectiva: una política de Estado. Eso parece estar lejos de la preocupación actual de la agenda, no únicamente por las dificultades que entraña sino además por el ambiente político preelectoral que envuelve a la crisis.
En las decisiones a tomar, habrá definiciones sobre aspectos organizativos de la institución, entre ellos, además de los puramente administrativos, también operativos y de formación doctrinaria y profesional, donde no se puede improvisar. A diferencia de la PDI, establecida en 1933 y que pasó directamente a depender del Ministerio del Interior, Carabineros es producto de la unificación de las policías fiscales y municipales con el Cuerpo de Carabineros del Ejército en 1927, y de ahí su carácter militar. Aunque sus funciones tradicionales han sido las de policía de seguridad y mantención del orden público, lentamente se ha extendido a la investigación de delitos, superponiéndose a las tareas de la Policía de Investigaciones. Carabineros tiene su propio Servicio de Investigaciones Policiales y su posición como policía investigativa la lleva a recibir órdenes de investigar tanto de jueces como fiscales y puede, incluso, iniciar las pesquisas de ciertos delitos sin necesidad de esperar una orden judicial o del Ministerio Público.
Esta posición preeminente se expresa también en su autonomía respecto de las autoridades civiles. Obtuvo una ley orgánica (Decreto 213 de 1960) que dio a sus oficiales el monopolio de los cargos directivos internos y, a diferencia otra vez de la PDI, tiene dos escuelas de ingreso para escalones diferenciados: una de oficiales y otra de suboficiales y tropa.
Hasta ahora, en la presente crisis, la imagen institucional ha descansado por completo en la adhesión ciudadana a la labor cercana de Carabineros y en la confianza sobre su honestidad profesional. Pero nada indica que la crisis no esté golpeando la visión de la tropa, que ella no se torne crítica del mando y que no piense que es el momento de abrir la formación a una carrera continua para todo el cuerpo, con hitos profesionales que la lleven desde el ingreso a una escuela única de instrucción hasta el ascenso a la oficialidad superior, como el cuerpo de generales.
La gestión interna de Carabineros tiene marcados hitos de época. En los años 60, con su estatuto autónomo, también se institucionalizaron las especializaciones en contrainsurgencia con unidades de Comunicaciones, Transporte y Control de disturbios, además de los llamados oficiales de administración o gerentes, entrenados en contabilidad interna, contabilidad fiscal, matemáticas financieras y análisis de costos.
Este proceso de institucionalización se interrumpió en los años 70 y 80, cuando los oficiales especialistas en contrainsurgencia y los llamados gerentes se enfrentaron por su supremacía interna.
Eso no ha terminado ni se ha generado una policía con un sentido moderno de la sociedad y, pasados los avatares de la presión de la dictadura sobre Carabineros o la sobrepolitización de los gobiernos democráticos desde 1990 hacia acá, este debiera ser el momento de enfrentar un verdadera modernización institucional. Parte sustantiva de ello pasa por contar en el Estado con un cuerpo civil de gobierno capaz de hacer la interlocución técnica y el control de esta institución. Hasta ahora, lo que ha ocurrido es que Carabineros se autogobierna y, sin control real, pone al país en un problema grave de seguridad, con repercusiones negativas para todo el sistema democrático y, por supuesto, para las arcas fiscales.
