Estados Unidos vs. Venezuela en el Consejo de Seguridad

30 de enero de 2019 - CELAG - A solicitud de Estados Unidos (EE. UU.) Venezuela fue incluida de manera extraordinaria en el orden del día del Consejo de Seguridad de la ONU que tuvo lugar el pasado sábado 26 de enero en Nueva York. Bajo el argumento de una supuesta “crisis humanitaria” en Venezuela, que “impide al pueblo venezolano acceder a agua y alimentos”, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, respaldó la inclusión del tema en el artículo 54 de la Organización de Estados Americanos (OEA), justificándola en la desestabilización regional que suponía esta situación [1]. El argumento fue refutado, de entrada, por el representante ruso, Vassily Nebenzia, quien consideró que Venezuela “no es amenaza para la paz y la seguridad. Sí las acciones de EE. UU., que son una amenaza para Venezuela”.

Nebenzia denunció que la inclusión de este punto vulneraba el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, relativo a la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia pública de cualquier Estado. Los miembros permanentes [2] y no permanentes [3] del Consejo de Seguridad votaron la inclusión de Venezuela en el orden del día. El resultado fue 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, lo que dio pie al debate sobre la situación del país.

Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU

Por primera vez en la historia, Venezuela fue protagonista del Consejo de Seguridad. En la sesión participaron 30 países, los 15 miembros permanentes y no permanentes y 15 estados que solicitaron participar, entre ellos la República Bolivariana de Venezuela (RBV). Aunque no hubo votación final, pues no se presentaba ninguna resolución, las posturas quedaron divididas entre una mayoría de países, 19, a favor del diálogo y la negociación, [4] (20 si incluimos a la RBV); y 17 países favorables a la injerencia [5].

Las posturas a favor de la injerencia apelaron al “éxodo” de venezolanos, su desestabilización regional, la falta de legitimidad del Gobierno de Maduro por el desconocimiento del proceso electoral de mayo de 2018, la supuesta represión de dicho Gobierno a la oposición política y al pueblo, así como la apuesta por una “transición democrática”. Destacaron por su agresividad los representantes de Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Chile habló de “abrir un canal humanitario” y Perú pidió la actuación de la ONU amparándose en el artículo 34 de la Carta. Los países de la Unión Europea (UE) miembros del Consejo de Seguridad, Reino Unido y Francia, sostuvieron, junto a Alemania, Bélgica y Polonia, el ultimátum pactado por varios países de la UE de dar 8 días al Gobierno de Nicolás Maduro para convocar elecciones “libres”.

Los países que se mantuvieron del lado del respeto al Derecho Internacional alegaron el peligroso precedente que implica reconocer a cualquiera que se autodeclare presidente de un país por parte de la comunidad internacional, remarcando la necesaria salida dialogada al conflicto y la búsqueda de un acuerdo pacífico. En el caso de Rusia, que se destacó por hacer una de las defensas más claras de la legalidad venezolana, junto a Cuba y Bolivia, se denunció además la desestabilización que implica para América Latina y el Caribe la injerencia de EE. UU. en Venezuela. Las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, sobre la entrega de los bienes del Gobierno venezolano al gobierno paralelo de Juan Guaidó fueron tildadas por Nebenzia, irónicamente, de “declaración bolchevique”, al suponer la expropiación de los bienes de Venezuela. También denunció el uso de la “diplomacia preventiva” que retrotrae a justificaciones (defensa preventiva) usadas por EE. UU. con anterioridad para invadir Afganistán. La intervención del representante boliviano, Sacha Llorenti, apuntó a los tres ejes detrás de la desestabilización venezolana por parte de EE. UU.: el interés por el petróleo, el control geopolítico y el escarmiento a los países que no se alinean con sus políticas.

El cerco sobre Venezuela se estrecha

El sector público-privado estadounidense viene aplicando diversas tácticas para acabar con el chavismo desde hace años. Tras el fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, en los últimos tiempos ha apostado por la implosión del chavismo por la vía del estrangulamiento económico a través de sanciones y un bloqueo financiero de facto [6] que, unido al despliegue de una guerra económica, explica en buena medida los problemas que enfrenta actualmente Venezuela. Es una estrategia multifactorial en la que participan distintos actores, [7] que pasa por el descrédito del Gobierno venezolano en los medios de comunicación mundiales y el desconocimiento creciente de la legalidad venezolana, ante la imposibilidad de que sus aliados en el terreno, una oposición dividida y desprestigiada entre la propia población venezolana, derroten al chavismo por la vía electoral.

El último capítulo de este libreto ha sido avalar a un gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en desacato. Pero seguramente no será el último. Ante la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro redoblan la presión, incluyendo la posibilidad de demandar al presidente venezolano ante la Corte Penal Internacional planteada en septiembre de 2018 por varios países, y tuercen el Derecho Internacional para que encaje con la imposición de una institucionalidad paralela sin sustento legal. A pesar de sus reiteradas menciones al artículo 233 de la Constitución de la RBV para justificar la asunción de Guaidó, esconden que el “abandono de poder” del presidente Maduro -que la Asamblea Nacional en desacato declaró en 2017- no se sostiene en los hechos. El anuncio del traslado de los activos del Gobierno venezolano al gobierno paralelo de Guaidó, es otro paso más en la escalada. Otro es la negociación de EE. UU con el Gobierno de Maduro para establecer un encargado de negocios, después de la salida de los diplomáticos estadounidenses del país, [8] a la vez que reconoce a un Encargado de Negocios paralelo [9].

La tensión va in crescendo

En este contexto de extrema tensión, en el que ambas partes se juegan el “todo o nada” en cada paso, habrá que estar pendientes del uso que se pueda hacer de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), adoptada en 2005 y usada por el Consejo de Seguridad de la ONU como cobertura legal para intervenir en Libia en marzo de 2011 a través de la resolución 1973. EE. UU. y sus aliados apuestan por la apertura de un “corredor humanitario” que sirva de entrada a los militares para labores supuestamente humanitarias que tendrían como fin último el control del país y, singularmente, de sus recursos petroleros, que serían repartidos entre las compañías estadounidenses que ahora se encuentran fuera del negocio, como ExxonMobil. En el reparto participarían sus socios europeos y toda una pléyade de empresas contratistas de distinto rango. Algo similar a lo que sucedió con Irak. Las declaraciones de John Bolton, Marco Rubio y otros funcionarios estadounidenses al respecto, y el anuncio del congelamiento de los pagos y los activos de PDVSA, muestran el interés central por el crudo venezolano.

Otro punto importante son las provocaciones que pueden detonar la chispa en las calles que la oposición todavía no logra prender. Estas provocaciones pueden incluir algún tipo de atentado contra la figura de Guaidó que sea funcional a los intereses de quienes manejan sus hilos, que no tendrán inconveniente en sacrificar a su marioneta para el logro de objetivos mayores valorados en miles de millones de dólares. En este sentido, es sintomático que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya otorgado rápidamente medidas cautelares para la protección de Guaidó y su familia [10] cuando en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002 se negó a otorgarle dichas medidas al presidente legítimo del país.

El papel del Consejo de Seguridad

Venezuela es la expresión de la pugna geopolítica de hoy, pero no será la última. La reunión extraordinaria sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad ha demostrado, no obstante, que si EE. UU. quiere emprender mayores acciones bélicas contra Venezuela deberá hacerlo con la oposición de una mayoría de la comunidad internacional. El sábado en la ONU se escenificó la decadencia de un mundo occidental, representado por EE. UU. y los países de la UE, que ya no respeta siquiera las propias reglas que creó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar futuras conflagraciones. También se hizo evidente la emergencia de una nueva hegemonía liderada por la Federación de Rusia, China y otros países no alineados a los intereses de EE. UU., que apuestan por un nuevo orden mundial que sea más representativo que el actual. De momento, ese polo alternativo va ganando la batalla en las instituciones multilaterales y dificulta que EE. UU. pueda aprobar cualquier tipo de resolución en el marco de la ONU, sea en el Consejo de Seguridad (donde dos socios comerciales y aliados de Venezuela tienen derecho a veto, China y Rusia) o en la Asamblea, que avale el uso de la fuerza contra Venezuela. Veremos cuánto tarda EE. UU. en desconocerlas a fin de imponer su libreto prediseñado para llevar la “democracia y la libertad” a Venezuela.

https://www.celag.org/eeuu-venezuela-consejo-seguridad/