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URUGUAY - ¿Está fuerte la democracia?

Ernesto Tamara

Martes 19 de abril de 2011, puesto en línea por Barómetro Internacional, Ernesto Tamara

En general todos los actores políticos no dudan en responder afirmativamente. Nadie prevé ni imagina a corto o mediano plazo ningún quiebre institucional. Desde 1985 los partidos rotan en el gobierno nacional y locales. Sin embargo, algunos elementos centrales de la democracia formal siguen faltando.

No se trata de señalar las carencias de justicia social, la falta de viviendas, la marginación o la pobreza en que todavía están sumergidos miles de uruguayos. En este caso apuntamos a la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia, y fundamentalmente, a las amenazas directas e indirectas de los militares, cada vez que se avanza en la derogación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ley aprobada a la salida de la dictadura y que ha sido usada para no juzgar a los violadores de derechos humanos.

De todas maneras, con la asunción a la presidente del socialista Tabaré Vázquez, en 2005, se comenzó a juzgar militares una vez que el presidente fue declarando que determinados casos no estaban amparados en esa ley. Más tarde, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la norma cuando se le planteaba denuncias concretas. A fines de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, condenó a Uruguay por la desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García –nuera del poeta Juan Gelman- y recomendó a Uruguay derogar la ley porque contradice los acuerdos internacionales firmados por el país.

En estos días se conoció una nueva carta de militares retirados a la Justicia reclamando que investiguen a los jueces que están procesando militares por violación a los derechos humanos, y advierten que iniciaran demandas en organismos internacionales contra lo que consideran decisiones arbitrarias, ”castigos inmerecidos”, exposición de personas al escarnio público, entre otras acusaciones.

La semana anterior, el presidente de la república, José Mujica, recibió a los presidentes de los centros militares –ejército, marina y fuerza aérea- que le plantearon su rechazo a la derogación de la ley de caducidad y advirtieron de ”inquietud” entre los militares.

Un día antes, el comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales, se pronunció también en contra de la derogación de la ley de caducidad quedando al borde de violar la prohibición de realizar manifestaciones políticas públicas.

Días antes, el presidente de la república dedicó una de sus audiciones radiales a lanzar mensajes a los militares y a la población, reconociendo que «no cabe duda que el factor militar puede cerrar o abrir el futuro según tome posición frente a las contradicciones por las que puede atravesar una sociedad».

Añadió que deberíamos darnos cuenta que la libertad del futuro la garantiza el «compromiso fidedigno con las reglas de juego de la república democrática de los aparatos armados».

También marcó diferencias entre las fuerzas armadas actuales y las que dieron el golpe de Estado., señalando que “ no se puede dar vuelta la página alegremente como algunos sueñan, y tampoco cometer el error estratégico de seguir considerando los aparatos armados de hoy igual que a los de ayer".

Por otra parte, los jefes militares en actividad han hecho trascender que han estado negociando con el presidente de la república una salida a esta situación. El presidente Mujica no ha confirmado ninguna de estas versiones, pero realizó un gesto muy controversial al visitar en el Hospital Militar al general Miguel Dalmao, primer militar en actividad procesado por el asesinato por tortura de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, en 1974 en una unidad militar en la que era jefe.

Mujica explicó que realizó la visita para saber del estado físico y las condiciones de reclusión del general. La visita fue interpretada por militares y defensores de la ley de caducidad, como un gesto hacia las fuerzas armadas.

Este martes 12 de abril, el Senado estará votando una ley interpretativa que dejaría sin efecto la ley de caducidad. Entonces habría que esperar hasta que niveles existe “preocupación” militar. Los medios de comunicación de la derecha están advirtiendo que cerca de mil oficiales estarían firmando demandas contra la justicia, mientras los centros de militares retirados pretenden trasladar sus quejas a organismos internacionales. El acatamiento directo y llano a las decisiones de los representantes electos por el pueblo, el acatamiento de los acuerdos internacionales firmados por el Estado –antes de tener gobiernos de izquierda- y de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, no parece estar en el código de conducta de los militares.

Por otra parte, civiles que de una manera u otra defendieron la ley de caducidad e impidieron la investigación de la justicia en los casos de desapariciones de detenidos, iniciaron una ofensiva para impedir que se derogue la norma. Entre ellos, los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, y varios senadores de los partidos tradicionales.

“Recordemos que la dictadura en Uruguay fue cívico-militar, cosa que frecuentemente olvidamos. Esa inteligencia cívica utilizó el aparato armado para intentar cuajar su modelo”, sostuvo el presidente José Mujica, en la misma audición que llamó a diferenciar las fuerzas armadas de ayer y hoy.

La Mesa Representativa contra la Impunidad –integrada por organizaciones sociales- recordó este lunes que las actitudes de los centros militares parecen demostrar que no hay ninguna diferencia.


ernestotamara[AT]gmail.com

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