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BOLIVIA - Delincuencia petrolera

Andrés Soliz Rada

Martes 30 de octubre de 2007, puesto en línea por Andrés Soliz Rada

La idea de “capitalizar” las empresas estratégicas del Estado consistía,
según sus propugnadores, en crear una relación de respeto y amistad
entre
las transnacionales y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),
las
que, con el porcentaje correspondiente a sus acciones, dieron paso a la
creación del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). Con el traspaso de
estas acciones a YPFB, por mandato del Decreto de Nacionalización, del
1-05-06, correspondió al ente estatal designar representantes en los
directorios de Chaco (Bristish Gas-Amoco), Andina (Repsol) y Transredes
(Enron-Shell). La presencia de YPFB en esos directorios sigue siendo
minoritaria por incumplimiento del citado Decreto, que disponía que el
ente
estatal, previa expropiación legal, controle el 50 % más uno de las
acciones
de las “capitalizadas”.

La actuación de los directores estatales en las compañías citadas es
nula,
con excepción de reclamos del representante en Transredes, José Luís
Roca,
en contra de la pasividad del Presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, y
del
delegado en Andina, Herman Camacho Cuellar, quien rechazó el contrato de
administración entre Repsol y Andina, que busca aparentar que son
compañías
distintas cuando en realidad son una sola y por el cual Andina (de la
que es
socia YPFB) paga a Repsol un millón de dólares mes y acepta que esta
pague
sueldos que, en varios casos, sobrepasan los 2.400 dólares día. La
compañía
se niega ahora a entregar a YPFB 87 millones de dólares en dividendos,
por
utilidades acumuladas de gestiones anteriores, pero consiguió que su
gobierno donara ambulancias a Bolivia.

El 7 de septiembre pasado, el ex policía José Rojas Are, en
declaraciones
ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Organizado de Santa
Cruz,
reveló que el gerente de seguridad de Repsol, Manuel Aleixandre, y el
supervisor, Wilfredo Aguilar, lo contrataron para realizar el
seguimiento y
espionaje de Camacho Cuellar. Podría argumentarse que el seguimiento y
espionaje de alguien que se opone a las petroleras es algo normal,
aunque no
es frecuente el probar que guardias de seguridad contratados por una
empresa
española controlan y espían a un ciudadano boliviano en su propio país.
Para
colmo, Repsol hace pagar a Andina los gastos del espionaje, con recursos
que
corresponden a YPFB.

Camacho Cuellar denunció también que Repsol y Petrobrás estafaron a YPFB
300
millones de dólares, al pactar la compra venta de gas al Brasil a
precios
inferiores a los acordados entre Bolivia y el país vecino, a través de
un
contrato Hedging (para evitar una supuesta volatilidad de precios). El
mismo defensor del país reveló el contrabando de crudo, así como las
evasiones impositivas de la compañía española, delitos por los que su
gerente en Bolivia, Julio Gabito, estuvo detenido en Santa Cruz. El
Ministerio Público fue presionado por el gobierno para archivar todos
los
juicios contra las compañías, en lugar de usar sus resultados para
obtener
mejores contratos que los suscritos en mayo pasado. El directorio de
Andina,
integrado por cinco delegados de Repsol y dos de YPFB, prohibió a
Camacho
Cuellar que grabara las reuniones oficiales, para luego conminarlo a que
firmase actas tergiversadas.

Camacho Cuellar, en su informe de abril de 2007, hizo constar que nadie
en
el gobierno escuchó sus denuncias, con excepción del ex Ministro Andrés
Soliz Rada, quien, antes de ocupar ese cargo, advirtió, en el semanario
“La
Epoca”, del 16-I-06, que Repsol estaba anotando como propias el valor de
las
reservas de gas que controla en los mega campos de Tarija y Chuquisaca.
La
revelación hizo que las acciones de Repsol, en la bolsa de valores de
Nueva
York, se devaluaran en un 25 %. La empresa española dijo en su defensa
que
todas las transnacionales del sector hacían lo mismo.

La esperanza de que los abusos de las petroleras disminuyan es cada vez
menor. El actual Ministro, Carlos Villegas, se ufanaba de haber dictado
las
Resoluciones Ministeriales 255 y 256, de 25-XII-06, por las que las
compañías debían abastecer el mercado interno a precios diferenciados.
Esas
resoluciones han sido congeladas. Con ese nuevo retroceso, ha viajado a
EEUU
y Brasil a fin de conseguir inversiones petroleras en condiciones que
casi
ya no estamos en condiciones de discutir.

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