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PERÚ - Corrupción S.A. (I)

Jorge Sotelo Salas, ALAI

Martes 24 de enero de 2017, puesto en línea por Claudia Casal

23 de enero de 2017 - ALAI.

Primera parte

“La corrupción constituye en realidad, un fenómeno amplio y variado, que comprende actividades públicas y privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos como usualmente se asume. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras transgresiones administrativas (como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos) que despiertan una percepción reactiva del público.” [1]

Esta definición descriptiva que del historiador, Alfonso W. Quiroz (1956-2013), en su libro ‘Historia de la corrupción en el Perú’, contiene casi todos los elementos y variantes de lo que en la actualidad se viene descubriendo en el país a propósito de las denuncias, investigaciones y confesiones de ejecutivos del grupo empresarial Odebrecht que está involucrando a gobernantes, funcionarios y empresarios de once países de América Latina dentro de los cuales se encuentra Perú.

Si bien las investigaciones en Brasil sobre el pago de sobornos comienzan en el 2013 y se conocen a partir del 2014, sería en diciembre del 2016, hace un mes, que puntualmente Odebrecht reconoce el pago de coimas en varios países y que en el caso de Perú, entre el 2005 y el 2014, efectuó sobornos por US$ 29 millones a cambio de los cuales obtuvo más de US$ 143 millones de beneficio, fechas y cifras que figuran en un informe del Departamento de Justicia de EE. UU. [2] y que de acuerdo a las normas del país del norte, Odebrecht deberá pagar una multa de más de 3,5 mil millones de dólares por haber entregado US$ 788 millones en coimas para obtener contratos del sector público.

Para el caso de Perú, dicho período de 10 años involucra a tres gobernantes: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala; el nivel de involucramiento de la administración de los tres gobiernos se conocerán en las próximas semanas de acuerdo al compromiso de los principales ejecutivos de Odebrecht que además como una señal de su propósito de enmienda han anunciado la entrega de 30 millones de soles (unos US$ 8,8 millones).

Los medios de comunicación, en especial la prensa de investigación, desde el 2015 comenzaron a divulgar los resultados de las pesquisas de la Policía Federal de Brasil, denominadas, ‘Castillo de Arena’, que involucra a la empresa Camargo Correa, y ‘Operación Lava Jato’, a las empresas de los grupos Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Para fines del mismo año y ante las evidencias difundidas a nivel internacional, la Fiscalía peruana apertura contactos con su par de Brasil y el Congreso a su vez nombra una Comisión Investigadora que preside el entonces congresista Juan Pari Choquecota. [3]

Si bien dicha Comisión Investigadora no emitió un informe final unánime, el congresista Pari ha suscrito un Informe en Minoría donde en sus más de 600 páginas registra las acciones realizadas, las declaraciones y datos recabados, así como las conclusiones a las que arriba en relación al grupo de empresas de Brasil que presuntamente han pagado coimas a funcionarios peruanos para obtener contratos de obras públicas.

Existiendo la necesidad de conocer el número, magnitud económica y períodos de gobierno de los contratos que han suscrito las empresas investigadas con gobiernos peruanos, se detalla a continuación la información recabada en forma cronológica, teniendo como fuentes de información, las siguientes: 1. Informe en Minoría de Juan Pari o Informe Pari; 2. Informe de la Comisión Investigadora del Congreso que presidió el congresista Javier Diez Canseco [4]; 3. Información de Proinversión inserta en su página oficial; 4. Información de las páginas web de las empresas materia de investigación.

De acuerdo a las fuentes utilizadas, entre 1980 y el 2015 el número de contratos celebrados con las empresas brasileras materia de investigación son 75 y los montos comprometidos ascienden a la suma de 21 375 millones [5], número y monto que se muestran en el Gráfico 1, según períodos de gobierno. La evolución económica en los 35 años es ascendente, siendo en el gobierno de Ollanta Humala, el de mayor magnitud económica, superior incluso a la suma de los otros gobiernos, tema que se explica más adelante.

De los 75 contratos firmados, 46 son firmados con una sola empresa y los 29 restantes, son firmados con dos o más empresas (formando consorcios) por lo que el total de empresas participantes es de 117. De este total de participaciones, 83 corresponden a empresas brasileras en las cuales destaca el grupo Odebrecht (51) y las 34 restantes participaciones corresponden a empresas peruanas (Graña y Montero, en particular) y de otros países (Gráfico 2).

Si bien la génesis del grupo empresarial brasilero Odebrecht se remonta a mediados de la década del 40 del siglo pasado en Salvador, Bahía, su acción empresarial fuera de las fronteras del país carioca se iniciaría en Perú y Chile en 1979. En dicho año, en Perú, Constructora Norberto Odebrecht SA, formalizó un contrato para la ejecución de la Central Hidroeléctrica Charcani V (135 MW) ubicada en el departamento de Arequipa, obra que se ejecutó entre 1980 y 1985 (2do. gobierno de Fernando Belaúnde Terry), y cuyo valor estimado fue 160 millones de dólares, pero que terminó costando 600 millones. [6]

Al parecer, este proyecto en el Perú sería también el debut internacional de Odebrecht en materia de sobornos a juzgar por lo afirmado por el diputado federal del Congreso de Brasil, Jorge Solla, al señalar que un tío del expresidente Alan García Pérez, Jorge Ramos Ronceros, figura como destinatario con el sobrenombre de ‘Pescoção’ en dos notas de pago por 900 mil dólares depositados en cuentas de Suiza y Bahamas, correspondientes a Charcani V. [7]

Años después, en 1988, Constructora Norberto Odebrecht y la peruana Graña y Montero en sociedad a través del Consorcio Chimú, obtuvieron el contrato del proyecto agro-energético Chavimochic ubicado en el norte del Perú y cuyos costos superaron la barrera de los US$ 1300 millones.

Este contrato después de 25 años de celebrado y ejecutado, en setiembre del 2015 adquiere notoriedad, cuando exfuncionarios de Odebrecht hicieron entrega al diputado, Jorge Solla, 353 documentos que incluyen seis notas de pago referidas a ‘Chavimochic’ efectuadas entre setiembre y noviembre de 1988 por un valor total de US$ 2’804,612 depositados en cuentas de bancos de Suiza y Bahamas y aunque los beneficiarios son nombres de personas ajenas al entorno de Alan García Pérez, podría tratarse de intermediarios que apuntan a ocultar a los verdaderos perceptores, uno de los cuales podría Jorge Ramos Ronceros, que en esa entonces se desempeñaba como Presidente de la empresa pública, Electroperú.

Hasta fines de los 80’s, las empresas objeto de investigación, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, no tenía mayor presencia en obras públicas en el Perú. La demanda nacional de infraestructura era cubierta principalmente por empresas peruanas que se desarrollaron a partir de los 60’s gracias a la creciente migración del campo a las ciudades, especialmente de la costa peruana. Florez & Costa, Cilloniz & Olazabal, Construcciones Villasol, Graña y Montero, Cosapi, Vera Gutiérrez, C. Tizón, J. Camet, entre otras, son las de mayor notoriedad en el rubro de la construcción en un país que comenzaba a modernizarse.

1991-2000: Alberto Fujimori

Agobiado el país por la crisis de los 80’s por la impagable deuda externa, la hiperinflación de cuatro dígitos y el terrorismo, el 28 de Julio de 1990 asume la presidencia, Alberto Fujimori y ejecuta un reajuste estructural de la economía bajo la receta del Consenso de Washington, uno de cuyos ‘mandamientos’ es el que la inversión privada debe ser responsable de la actividad económica dentro de una economía de libre mercado y que el Estado debe jugar un rol subsidiario, reforma estructural que fue recomendada por el FMI, BM y el FTN. Dicho reajuste refrendado en la nueva Constitución de 1993, franqueó las puertas a la inversión privada, nacional o extranjera, y además, blindó sus beneficios (‘garantías’ y ‘seguridades’) a través de Convenios de Estabilidad Jurídica y Contratos-Ley inmodificables.

Durante la década de los 90 en que gobernó Fujimori, Odebrecht y otras empresas brasileras consolidan su presencia en el país a través de 27 contratos (Cuadro 1) principalmente referidos a infraestructura vial, energética y saneamiento. Dado el propósito de cuantificar la magnitud económica del grupo de empresas brasileras y a falta de valores individuales por cada una de las obras públicas convenidas, se ha recurrido a los datos que consigna el Informe Final de la Comisión Investigadora del Congreso presidida por el congresista Javier Diez Canseco [8], que en el ítem III.3 (Las licitaciones de obras públicas en la construcción) indica que de los 10 mil millones de dólares consignados para inversión en el Presupuesto General de la República, período 1991-2000, aproximadamente 2,550 millones fueron destinados a obras públicas y que el 66,4% de dicho monto estuvieron concentrados en siete empresas, dos de las cuales corresponden a Constructora Norberto Odebrecht (1° lugar con 449,9 millones de US$) y Constructora Andrade Gutiérrez SA (5° lugar con 165.9 millones de US$), que sumadas ambas hacen un total de US$ 615,8 millones.

El mismo informe, incluye a otras 23 empresas contratistas (total 30) en las cuales dos de ellas, forman parte del G. Odebrecht (CBPO Engenharia Ltda, 14° y Constructora Norberto Odebrecht Perú SA, 28°); la tercera, pertenece al Grupo Queiroz Galvao, puesto 11°. Si bien, no se consignan montos totales para estas tres últimas empresas, dada su posición menos preponderante, estimo que las tres podrían redondear un monto total en obras por US$ 134 millones, el que sumado a los 615.8 de las dos primeras, daría un total de US$ 750 millones para el grupo de empresas brasileras investigadas, monto que equivaldría a casi el 30% del presupuesto total de obras públicas ejecutadas entre 1993 y el 2000. Si el monto solo es referido al total de licitaciones ganadas por empresas extranjeras (907.3 M$), su porcentaje sería de 82,7%. [9]

Pero el Informe de la Comisión Investigadora de 1990-2001 estuvo orientado a certificar la existencia de indicios razonables de corrupción en las principales operaciones económicas y financieras del Estado Peruano, por lo que el tema de las licitaciones públicas fue solo una de las seis áreas que comprendió la investigación. Además, la investigación sobre las licitaciones se centró en las empresas peruanas que tenían vínculos con autoridades o funcionarios de gobierno en dicha década., por lo tanto, las empresas brasileras no fueron el foco central de investigación a pesar del número de contratos y el monto total involucrado.

Aun así, es pertinente citar la Conclusión 60 de la Comisión Investigadora: ‘Respecto al tema de las licitaciones puede concluirse que un conjunto de altos funcionarios públicos aprovecharon sus cargos en el poder para beneficiar, mediante el uso de información privilegiada, a un grupo de empresas constructoras y proveedoras relacionadas con ellos. Así, los funcionarios públicos del sector concertando con los empresarios de la construcción se beneficiaron a través de la participación de las empresas en los procesos de ejecución de obras del sector público. Las principales entidades del Estado, responsables de adjudicar las obras, concentraron los mayores montos y los mayores porcentajes de adjudicación destinados a obras públicas en un mismo grupo de empresas constructoras’. [10]

2001-2005: Gobierno de Alejandro Toledo

Producido la divulgación de videos donde se muestra el alto grado de corrupción (década del 90) a empresarios y congresistas así como los indicios de fraude que apuntaban a la re-relección de Alberto Fujimori, el Presidente del Congreso, Valentín Paniagua, asume temporalmente la Presidencia del país, convoca elecciones y se elige a Alejandro Toledo como nuevo Presidente, el que jura el 28 de julio del 2001. Durante su gobierno de un país de más 27 millones de habitantes con 75% radicando en ciudades y con una economía de libre mercado en crecimiento en base a la exportación de materias primas, se impone continuar con la ejecución de obras públicas de infraestructura urbana y productiva.

En los cinco años de gobierno de Toledo y contrastando la data de las fuentes utilizadas, el grupo de empresas investigadas, logran ser beneficiarias de 13 importantes obras por un valor total de US$ 3059 millones, destacando cuatro de ellas por sus montos: Tramos II, III y IV de la Vía Interoceánica del Sur (IIRSA Sur), con una inversión total estimada de US$ 902 M que luego terminó costando US$ 2002, y la Interoceánica del Norte que costó 510 M$ luego de ser presupuestada en 258 M$, ambas vías, pertenecientes al programa regional IIRSA [11]. Estas 4 obras cuyo importe total original fue de US$ 1160 y terminan costando 2512, fueron ejecutadas por 4 empresas brasileras consorciadas con empresas peruanas.

Estos incrementos del costo de las obras se deben principalmente a las adendas (acuerdos complementarios entre las Partes) que consignan modificaciones a los términos originales convenidos y/o a ampliación de plazos de ejecución, que en ambos casos terminan por ‘justificar’ la suba de los valores inicialmente acordados. Así, por ejemplo, en el caso de los tres tramos de IIRSA Sur, se han firmado 22 adendas (Tramo II, 8 adendas; Tramo III, 7 adendas; Tramo IV, 7 adendas) que explican el 222% de aumento del costo inicial estipulado: de US$ 902 millones a US$ 2002 millones.

En un reciente artículo sobre el tema, Humberto Campodónico, catedrático y ex presidente de Petroperú, afirma: “Las adendas a los contratos-ley violan la transparencia pues son negociadas entre cuatro paredes entre el Estado y los contratistas. El tema cobra especial relevancia en estos días cuando se aprecian los contratos de Odebrecht con el Estado peruano pues en casi todos se han firmado adendas que elevaron sustancialmente los montos originales pactados en el contrato-ley”. [12]

Y esas adendas, al parecer, justificaron también el pago de sobornos a autoridades a través de terceras personas y/o entidades financieras que triangularon dichos sobornos. Es precisamente el Tramo IV de la Interoceánica del Sur, en la que participa la empresa Camargo Correa junto a Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, que resulta siendo objeto de investigación en el Perú en el 2015, luego de que desde el 2008 la Policía Federal y luego el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, inician la investigación denominada ‘Castillo de Arena’. Si bien, las investigaciones judiciales posteriormente fueron suspendidas, la documentación encontrada en las oficinas de Camargo Correa en el 2009, muestran que la empresa pagó ‘capilés (‘propinas’, o mejor, coimas) a personas de Perú por un monto de US$ 6,3 millones, equivalente al 3% de un valor total de US$ 180,4 millones así como otras anotaciones de pagos hechas en el 2006 y 2007, que al parecer involucran a autoridades tanto del gobierno de Alejandro Toledo como de Alan García Pérez.

2006-2010: Alan García Pérez

Alan García, representante de uno de los partidos políticos de mayor antigüedad del país (fundado en 1924) y con presencia política en casi todos los gobiernos democráticos, gobernó el país por segunda vez entre julio del 2006 y julio del 2011.

Durante su segunda gestión, según datos de Proinversión y el Informe Pari, se firmaron 17 contratos con el grupo de empresas brasileras investigadas (Cuadro 3), 7 de los cuales son suscritos por gobiernos regionales y municipales, participación que no elimina la competencia y responsabilidad de los Ministerios sectoriales involucrados, así como del Ministerio de Economía y Finanzas (Proinversión) y el Ministerio de Justicia, ambos directamente responsables de la administración legal de los recursos y garantías del Estado peruano.

Los 17 contratos en términos monetarios representaron un monto total de US$ 4952 millones siendo los de mayor valor, la Central Hidroeléctrica Chaglla (1247 M$), el Proyecto Línea Amarilla (700 M$) y el Metro de Lima-Línea 1, tramos 1 y 2 (410 y 583 M$ respectivamente). De los 17 contratos, 12 son solo con empresas brasileras investigadas, y los 5 restantes, en consorcio con otras empresas. Para efectos totales, en el Gráfico 1, se muestra los valores contratados en ambos períodos de gobierno de García Pérez: 1320 + 4952 = 6272 millones de dólares.

En noviembre del 2016, la Fiscalía peruana a raíz de una información proporcionada por la Policía de Brasil por la cual dos empresas off shore constituidas en Panamá y vinculadas a Odebrecht, habían hecho pagos a una empresa peruana, Constructora Área SAC, inicia las investigaciones, identifica a los accionistas y ejecutivos de dicha empresa y su vinculación con terceras y que junto con los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, comprueba millonarios depósitos a Constructora Área SAC provenientes del Consorcio Odebrecht-Graña y Montero y que por lo sucedido en Brasil, se supone que son lavados de activos para retribuir sobornos a funcionarios peruanos.

2011-2015: Ollanta Humala Tasso

El 28 de Julio del 2011, jura como nuevo presidente del Perú, Ollanta Humala y durante sus cinco años de gestión, el Estado celebra 16 contratos con empresas brasileras investigadas por un monto total de 10,694 M$, cifra superior a los convenidos entre 1979 y el 2010 (Gráfico 1) y que se detallan en el Cuadro 4.

Verificando los importes de los 16 Contratos celebrados, uno de ellos, el de Seguridad Energética del Gaseoducto Sur Peruano, tiene el monto de inversión más elevado (7328,7 M$), que representa el 68,5% del total de los 16 contratos. El Consorcio favorecido con la buena pro y firmado a mediados del 2014 es, Gaseoducto Surperuano compuesto por, Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.C. (filial de Odebrecht Latinvest) (55%), Enagas de España (25%) y Graña y Montero de Perú (20%) que se incorpora al Consorcio al año siguiente de la firma del contrato.

La licitación y el contrato firmado con el Consorcio Gaseoducto Surperuano, ha sido objeto de varias observaciones que incluso involucran al actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski -en esa entonces Ministro de Economía y Finanzas y Presidente de Proinversión-, registradas puntualmente en el Informe Pari, como por ejemplo: 1. haber descalificado ‘irregularmente’ al otro postor competidor (Gaseoducto Peruano del Sur) debido a que no se le respetó el plazo concedido para regularizar una observación, cuya propuesta, además, era menor en US$ 136 millones a la del consorcio de Odebrecht; 2. La empresa del grupo Odebrecht, a partir del 2011 es la titular del 100 % de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas SA, empresa que en el 2008 solicitó al Estado y firmó un contrato de desarrollo del mismo Gaseoducto Sur Andino pero a un costo de inversión de 1209,7 M $, cifra que en el nuevo concurso (2014), Odebrecht estimó en 7328,7 M$; 3. Se grava al Estado al tener este que asumir el pago de la tarifa de 120 MMPCD que corresponde al transporte de la materia prima de la Petroquímica (que aún no existe), dado que la capacidad de transporte del gaseoducto es de 400 MMPCD y sólo se trasladará 280 MMCD.

El punto 6 de las conclusiones referentes al proceso de Concesión del Gaseoducto del Sur peruano del Informe Pari, señala: “Odebrecht con el apoyo de funcionarios del Estado Peruano consiguió adjudicarse la ejecución del Gasoducto Sur Peruano con una inversión de US$ 7,328´654,511.00 abandonando la concesión de parte adjudicada en el periodo 2008 para el desarrollo del Gasoducto Sur Andino con una de inversión de US$ 1,209´720,217.00, asegurándole el Estado una capacidad garantizada de 500 millones de MMPCD cuando solo es factible un demanda de 280 MMPCD. Debiendo el Estado peruano retribuirle por 120 MMPCD”. [13]

En la parte final de las conclusiones, el Informe Pari, concluye de la siguiente manera: “Por los hechos señalados se advierte un presunto favorecimiento de los funcionarios del Estado Peruano a favor de las empresas del Grupo Odebrecht y sus vinculadas, toda vez que en ningún momento la citada empresa se ha visto perjudicada muy por el contrario se le habilitaron diversas salidas para obtener una de las más costosas concesiones que el Estado emprendió. Estando a que los hechos señalados se dieron en la gestión del Presidente Constitucional en funciones y de los ministros miembros del Consejo Directivo de Proinversión”. [14]

Mientras en Colombia, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, y claro, el propio Brasil vienen aplicando prontas investigaciones, destituciones e incluso condenas a los involucrados en esta mega corrupción internacional, en el Perú, al parecer se viene actuando en función de lo que la justicia brasilera y norteamericana está dictaminando. Hay diversas indicios que no sólo involucran a altos funcionarios y ministros de los gobiernos sino incluso al entorno directo cuando no personal de los exmandatarios, Toledo, García y Humala, incluso, tal como se refiere líneas arriba, al actual presidente Kuczynski y que sin embargo, los entes fiscalizadores del Estado no imparten medidas que apunten a descubrir a la brevedad a todos los involucrados en actos ilegales cometidos por los actos de corrupción denunciados.

Las cifras millonarias de los presupuestos públicos, el involucramiento de políticos y funcionarios de alto nivel de varios países así como de empresarios exitosos, particularmente de Brasil, evidencian que los actos ilegales denunciados y cometidos no son solo avezados aprovechamientos individuales aislados de burócratas acostumbrados a medrar dentro del elefantiásico aparato del Estado, ni tampoco audaces movidas particulares de ejecutivos en intento de salvar las falencias de una empresa privada en situación de crisis. Por supuesto que no.

Es más bien una red que se crea y recrea, que se extiende o encoge según las élites políticas del entorno de los mandantes y de la catadura moral de quienes conciben al Estado como un botín al cual hay que acudir y exprimir a fin de generar los beneficios que no sólo gratifiquen a los protagonistas, públicos o privados, sino que a su vez, abastezcan de ‘lubricante’ a la intrincada red que incluye a todos los poderes del Estado, en especial los que deben preservar los ‘intereses nacionales’. Prebendas que deben retribuir, por cierto, al aparato económico empresarial directo y de terceros, denominados subcontratistas y de proveedores y que son parte de la pirámide que en su base nada extraño será encontrar a dirigentes y representantes gremiales que sacian su apetito con los centavos de las millonarias operaciones. Pero también de los medios de comunicación, que distorsiona u oculta los hechos. Y de ser posible, de la sociedad civil, de movimientos y personajes que con su silencio o manipulación, orienten la atención y conducta colectiva hacia propósitos subalternos de ocultar la endémica corrupción que ahoga todo intento de extirpación y al costo que sea necesario.

La muerte reciente del juez, Teori Albino Zavascki, quien autorizó en marzo del 2015 la apertura de una investigación a 47 políticos sospechosos de haber participado en la corrupción dentro de la estatal Petrobras, ¿será parte de ese costo?


http://www.alainet.org/es/articulo/183015

Las opiniones expresadas en los artículos y comentarios son de exclusiva responsabilidad de sus autor@s y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la redacción de AlterInfos. Comentarios injuriosos o insultantes serán borrados sin previo aviso.


[1Quiroz W., Alfonso. Historia de la corrupción en el Perú, IEP, Lima, 2014, pág. 30.

[3Comisión Investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Quiroz Galvao y Otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contrato con el estado Peruano, Junio 2016. http://www.mediafire.com/file/qd22reuxlu3ka28/informe+de+la+COmisi%C3%B3...

[4Comisión Investigadora sobre los delitos económicos y financieros entre 1990 y 2001. Informe Final de Investigación, Junio 2002. http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/informecideffin...

[5Sumatoria que resulta de las cifras obtenidas de las fuentes utilizadas en varios casos aproximadas y cuyo detalle se muestran en los cuadros 1 al 4. En el caso de Alan García, se han sumado los montos de los dos períodos.

[6“Este proyecto, cuya terminación se prevé para 1985, tuvo un costo adicional de US$160 millones. En un análisis ulterior se elevó el presupuesto a US$ 600 millones, la mitad de los cuales se habían invertido al final de 1982. Esto da un costo por unidad bastante alto, de unos TJS$4.000 por KW y US$0,13 por KWh”. Informe No. 4677-PE, PNUD/Banco Mundial, Enero, 1984. http://documentos.bancomundial.org/curated/es/485601468145166152/text/46...

[8Comisión Investigadora sobre los delitos económicos y financieros entre 1990 y 2001. Nota: Las otras empresas del grupo de siete, son: Cosapi SA, G y M Contratistas Generales SA, JJC Contratistas Generales SA, Concyssa SA e ICCGSA (págs.. 125-129).

[9Congreso de la República, Comisión Investigadora sobre los delitos económicos y financieros entre 1990 y 2001. Informe Especial de Investigación, Licitaciones: Casos Jorge Camet, Mesala SAC y SVC Ingeniería y Construcción, p. 11.

[10Informe Diez Canseco, pág. 163.

[11Siglas del Proyecto Iniciativa de Integración Regional Sudamericana y que involucra a 12 países mediante más de 330 proyectos por un valor de 37,5 billones de dólares y que es promovida por el BM, BID, la CAF y FONPLATA, como un mecanismo de fortalecer un mercado interno regional y promover la inversión hacia la explotación de recursos existentes en la zona.

[12Campodónico, Humberto: La Constitución de 1993, los contratos-ley y las adendas, 12 de Enero, 2017. http://otramirada.pe/la-constituci%C3%B3n-de-1993-los-contratos-ley-y-la...

[13Informe Pari, ibíd., pág. 380.

[14Informe Pari, ibíd., pág. 382.

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