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Este martes se enviaría finalmente el proyecto de ley al Congreso
CHILE - Sistema de Pensiones: la última gran reforma del Gobierno de Michelle Bachelet
El Mostrador Mercados
Lunes 7 de agosto de 2017, por
7 de agosto de 2017 - El Mostrador - Sería la última gran reforma de un Gobierno que quedará en la historia como uno de los más ambiciosos, pero cuya agenda reformista –tributaria, educacional y laboral– ha tenido un costo político mortal para la Nueva Mayoría y ha sido un factor en la profunda desaceleración que vive la economía. Varios expertos lamentan que la reforma no incluya elevar la edad de jubilación, en particular la de las mujeres, ya que es algo que tanto la Comisión Marcel como la del economista David Bravo recomendaron.
Este martes, el Ejecutivo enviará el muy anticipado proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones de Chile.
Sería la última gran reforma de un Gobierno que quedará en la historia como uno de los más ambiciosos, pero cuya agenda reformista –tributaria, educacional y laboral– ha tenido un costo político mortal para la Nueva Mayoría y ha sido un factor en la profunda desaceleración que vive la economía.
En La Moneda y en la industria de las pensiones hay consenso en que será el más radical desde que se instaló el sistema de las AFP durante la dictadura, ya que introduce por primera vez un pilar de reparto. Varios expertos lamentan que la reforma no incluya elevar la edad de jubilación, en particular la de las mujeres, ya que es algo que tanto la Comisión Marcel como la del economista David Bravo recomendaron.
Se prevé una tensa tramitación y con el factor de volatilidad que aporta la campaña presidencial en juego. No son muchos los que apuestan a que el Gobierno logre que se apruebe su proyecto de reforma, pero existe consenso en cuanto a que será uno de los puntos claves durante la campaña electoral.
Cabe recordar que el tema de las pensiones no era prioridad, dados los problemas que enfrentaba el Ejecutivo con sus otras reformas, pero los jubilazos de Gendarmería encendieron la chispa del movimiento "No+AFP" y la presión fue suficiente para que el Gobierno decidiera actuar.
Hasta el fin de semana, en La Moneda se seguían ajustando detalles del texto. Hay mucho en juego, tanto para el Gobierno como para la industria financiera y las empresas.
En línea con las reformas estructurales, la propuesta de Bachelet interviene el libre flujo de cotizaciones hacia la administración de las AFP, hecho inédito en sus 36 años de existencia. A cambio, el Ejecutivo concede no intervenir el stock de más de US$ 180 mil millones que guardan los inventarios de las gestoras privadas y además siguen administrando dos tercios de las cotizaciones obligatorias.
De acuerdo a un reportaje de El Mercurio de la semana pasada, el Gobierno dividirá el proyecto en dos para facilitar su trámite en el Congreso.
La entidad pública que se creará para administrar el 5% adicional a cargo del empleador tendría una estructura similar al sistema del seguro de cesantía y cobraría por saldo acumulado, a diferencia de las AFP, que lo hacen respecto de la renta imponible. Esa estructura le permitiría cobrar comisiones más baratas que las administradoras de fondos.
La institucionalidad de la nueva entidad se definirá en una Ley Orgánica Constitucional (LOC), de modo de asegurar su continuidad en el tiempo. Ese proyecto de ley ingresaría por el Senado.
Hacienda quiere que el nuevo ente esté "blindado" de eventuales cambios dependiendo del Gobierno de turno. Aunque cabe recordar que la Nueva Mayoría no cuenta con los votos para la aprobación de una LOC en el Parlamento.
La segunda parte de la reforma, que incluiría las modificaciones a la regulación de las AFP, la obligación de cotización a los trabajadores independientes y el aumento del tope imponible, ingresaría a través de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Ad portas de que se envíe el proyecto, las AFP han estado poniendo presión a nivel comunicacional. La semana pasada, AFP Cuprum y AFP Habitat publicaron los resultados de encuestas que hicieron a sus afiliados y, aunque el porcentaje que respondió fue muy bajo, de entre quienes contestaron, la mayoría prefería que el 5% adicional fuera a su cuenta individual y no a un fondo solidario. Sorpresa no fue.
La iniciativa fue duramente criticada por el Gobierno y a AFP Habitat se le acusó de querer influir en políticas públicas, alejándose de su rol de administrar los fondos de pensiones.
