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HONDURAS - Comunidades compiten por el agua con industria minera

Comunicaciones Aliadas

Lunes 3 de diciembre de 2018, puesto en línea por Claudia Casal

3 de diciembre de 2018 - Comunicaciones Aliadas - Conflictos por concesiones mineras que contaminan fuentes de agua se han multiplicado desde el 2009.

Dos miembros del Ejército muertos y un campamento de resistencia contra la minería desalojado es el saldo de un nuevo conflicto en el Bajo Aguán, norte de Honduras, donde una comunidad se opone a la explotación de una mina de óxido de hierro aledaña a una zona protegida y cuatro ríos, fuente de agua para todo un municipio.

El pasado 27 de octubre en Guapinol, en las montañas del municipio de Tocoa, en el atlántico hondureño, efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, con tanquetas, bombas lacrimógenas y una retroexcavadora, procedieron a derribar las carpas de un campamento que la comunidad había levantado para vigilar que la maquinaria de la empresa Inversiones Los Pinares —que tiene otorgadas 200 Ha en concesión para la explotación de óxido de hierro a cielo abierto—, no comenzara el trabajo de apertura de caminos para la extracción.

Durante el desalojo hubo detenidos y heridos, pero en la noche ocurrió un enfrentamiento armado en el que resultaron muertos dos miembros del Ejército.

La comunidad de Guapinol es el nuevo escenario de conflicto minero en este país que fue catalogado por la organización británica Global Witness como el país más violento del mundo para defensores del medioambiente tras el asesinato en el 2016 de la ambientalista Berta Cáceres quien defendía los ríos ante el modelo extractivo implantado en Honduras.

Juana Zúniga, vecina de la comunidad y lideresa del campamento de resistencia contra la minería, asegura que después del desalojo que acabó con el campamento permanente en la entrada de la mina, el hostigamiento por parte de las Fuerzas Armadas no los deja vivir una vida normal y los militares llegan a la comunidad a vigilar que la gente no se esté organizando.

Actualmente 18 líderes del comité ambiental local están en procesos judiciales por los delitos de usurpación, daños a la propiedad privada y al Estado. La resistencia se ha limitado a realizar caminatas en la zona urbana del municipio y exigir un cabildo abierto para consultar a la comunidad si acepta o no la explotación minera en la zona.

La consulta llega tarde ya que la concesión para explotación fue otorgada en el 2013 y la apertura de una carretera para dar paso a la maquinaria ha provocado un alto grado de sedimentación de lodo en el río Guapinol que ha convertido su agua cristalina de la que se abastecían los pobladores en agua turbia imposible de ser usada.

Además, el Congreso Nacional redujo la zona de reserva para dar el derecho minero en favor de Emco Mining Company, ahora Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario de la construcción Lenir Pérez.

El Congreso Nacional había declarado Parque Nacional Montaña de Botaderos como área protegida en agosto del 2012, año en que se otorgó la primera concesión de 100 Ha a Pérez. Esta zona tenía 23,233 Ha cuando se declaró área protegida, pero el 16 de diciembre del 2013, a través de un decreto, los diputados quitaron 217.34 Ha a la zona núcleo, donde están las dos concesiones otorgadas a la empresa Los Pinares de 100 Ha cada una para explotación minera por 10 años.

“Las comunidades mantienen sus expresiones de resistencia mediante caminatas, cacerolazos a pesar del hostigamiento del cual están siendo objeto por parte de los militares que se han apostado en la entrada a la comunidad y hacen constantes entradas repentinas hasta los patios de sus casas y tomas de fotografías. La gente está exigiendo un Cabildo Abierto para declarar el municipio Libre de Minería. Esta expresión de rebeldía y resistencia de las comunidades no quita el temor y ambiente hostil provocado por la militarización que asecha la comunidad”, dijo a Noticias Aliadas, Juana Esquivel directora de la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que acompaña el proceso de resistencia a la minería en la zona del Aguán.

Por su parte Zúniga, de Guapinol, expresa que “nosotros estamos pidiendo un cabildo abierto pero aquí proponen un plebiscito, nosotros no creemos en eso porque es regulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se sabe con el fraude electoral que no son transparentes”.

Las autoridades locales han trasladado el conflicto al gobierno central solicitando que se realice un plebiscito que deberá ser convocado por el TSE, sin embargo, tras la crisis postelectoral en diciembre del 2017 y las denuncias de fraude que dejaron como presidente al nacionalista Juan Orlando Hernández, este ente perdió credibilidad.

Legislación favorece transnacionales

Tras el golpe de Estado del 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya (2006-2009) se levantó el veto para la concesión del territorio en materia de explotación minera. En seis meses se aprobaron 302 concesiones mineras, una superficie territorial de 2,173 km², según el informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos 2017, elaborado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), que además detalla que actualmente hay 193 solicitudes que están en proceso en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

De estas concesiones, 115 son para explotación de minería metálica y 187 las no metálicas, entrando dentro de esta categoría la extracción de óxido de hierro.

Carlos Padilla, del CEHPRODEC, asegura que el modelo extractivista se empezó a impulsar después del golpe de Estado con un cambio en toda la legislación nacional para favorecer a las trasnacionales y no a las comunidades.

“En el 2013 se aprueba la nueva Ley de Minería que en apariencia tenía muchos artículos que beneficiaban a las poblaciones pero al final tenía muchas trampas y esas trampas son las que han provocado que haya conflictos. Por ejemplo el artículo 67 de la ley dice que habrá consulta hasta el momento de la explotación pero antes de esta ya se ha otorgado derechos sobre el territorio, para nosotros es tardía esta consulta, esto implica que le da tiempo a las empresas para entrar al territorio, prometer cosas, comprar voluntades y sin informar a la gente sobre el impacto real de la minería”, explica a Noticias Aliadas.

Según el informe Territorios en Riesgo de la organización humanitaria británica Oxfam, de aprobarse todas las concesiones que están solicitadas al menos el 75% de los ríos del país se verían afectados. Pero no sólo el agua se estaría contaminando, las poblaciones río abajo de las operaciones mineras se exponen además a la contaminación de los cultivos; al menos un 27% de la tierra utilizada para agricultura en Honduras se encuentra en áreas expuestas a los peligros transmitidos a través del agua vinculada con la minería.

Padilla agrega que “hay otro artículo de la ley en el cual dice que estarán exentas de actividad minera las zonas productoras de agua y zonas protegidas que estén inscritas, pero esa es una trampa porque el catálogo no se conoce; las zonas de reserva o productoras no se sabe con qué criterio las inscriben. Dicen que si no están inscritas en ese catálogo están propensas a la actividad minera”.

En el caso de Guapinol y la reserva que ha sido reducida para la concesión minera, la ubicación geográfica del parque lo coloca como la principal arteria acuática que alimenta el Valle del Aguán en la zona Atlántica. De acuerdo al Plan de Manejo realizado por el Instituto Forestal (ICF) las fuentes de agua que corren por la montaña abastecen a 34 microcuencas que suministran el sistema de agua de al menos seis municipios: Tocoa, Saba Gualaco, Olanchito, Bonito Oriental y San Esteban donde al menos 42,000 habitantes reciben abastecimiento.

“Las comunidades se enfrentan al deterioro de sus ya precarias condiciones de vida porque a las comunidades solo les queda eso, los bienes naturales que son sus medios de vida. Los ponen a competir con grandes industrias por el uso del agua independientemente de que las contaminen o no. Una mina a cielo abierto utiliza en una hora lo que una familia utiliza en cinco años por el proceso de lixiviación. Nos enfrentamos a un serio problema, la minería contamina el agua, el suelo, pero al mismo tiempo compite con las comunidades por el uso del agua, tenemos el ejemplo puntual del Valle de Siria [a unos 70 km al norte de Tegucigalpa] en el caso de que de 21 fuentes de agua solamente quedaron dos y está contaminado el manto friático también y ya no se puede buscar agua”, agregó Padilla.

Aguas turbias

La Ley de Minería establece “usar, de conformidad con las disposiciones legales especiales aplicables, las aguas dentro o fuera del bien concesionado, que sean necesarias para el servicio doméstico del personal, de trabajadores y para las operaciones de la concesión; para este último caso será necesario la obtención del permiso municipal y estatal, pagando los cánones respectivos, dando el derecho preferente del uso del agua a las personas”.

Sin embargo, casos como el de Valle de Siria muestran que el uso del agua se prioriza para la industria y cuando hay daños el Estado no responde. En el 2002, la empresa Minerales Entre Mares de Honduras extrajo 129,435 onzas de oro, lo que significó remover un aproximado de 2.5 millones de toneladas de tierra solamente en esos 12 meses. Esto habría que multiplicarlo por los ocho años de su operación. Tomando en cuenta que la cotización de una onza de oro en el 2002 fue de US$310 —actualmente supera los $1,200 —, se calcula para la compañía un ingreso ese año de $40.1 millones, producidos por una planilla que no superaba los 200 empleados.

Según la Ley de Minería, las empresas mineras solo pagan en impuestos un 6% del total exportado anualmente, una cantidad que no logra resarcir los daños ambientales que deja esta actividad que en el Valle de Siria dejó personas enfermas y tierras infértiles.

Guapinol apenas se acerca a esta realidad. Los habitantes recién se dieron cuenta que había una concesión minera con la apertura de una calle que contaminó el río.

“Nosotros no vamos a celebrar Navidad ni nada si no sale la mina de la zona. Sabemos que puede seguir explotando. Los ríos Tocoa, San Pedro, Taujica Guapinol y Cuaca están siendo afectados, hasta el momento solo la carretera estaban abriendo, no digamos cuando comiencen a explotar”, señala Esquivel, quien comenzó el campamento de Guapinol porque notó que las aguas que llegaban a su casa estaban turbias, sucias.

En declaraciones a la prensa nacional en setiembre de este año, el director ejecutivo del INHGEOMIN, Agapito Rodríguez, anunció la creación de una fuerza de tarea para resolución de conflictos mineros.

“El objetivo de esta fuerza de tarea es identificar las posibles fuentes de conflicto, las características de la comunidad, entablar vínculos estrechos con los habitantes y servir de apoyo a la gestión social. Queremos fortalecer las relaciones de confianza en un clima de paz y equidad en el sector minero. Se busca mantener la armonía con todos los sectores de la economía nacional porque el sector minero es un generador importante de divisas”.

Según el Banco Central de Honduras (BCH) para el tercer trimestre del 2018 se han registrado $137 millones en exportaciones de minerales, siendo el oro el principal mineral exportado, después la plata y concentrados de zinc y plomo.

Juan López, uno de los líderes procesados judicialmente en el caso de Guapinol, asegura que “a pesar de todo sigue firme la exigencia de declaratoria de Municipio Libre de Minería. Son seis proyectos concesionados que se deben cancelar porque lesionan, laceran, violenta el derecho humano al agua de los ríos que nacen en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, [ahora] Carlos Alfonso Escaleras”. — Jennifer Ávila desde San Pedro Sula.


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